El Tribunal de Instancia número 6 de Ceuta ha abierto un procedimiento para investigar el posible suministro de dispositivos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases, a la vez que ha admitido la querella de la organización Hazte Oír contra Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta.
Tras la querella presentada por Hazte Oír, la justicia abre diligencias para investigar el posible suministro de artefactos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases y los ataques sufridos por militares, policías y vecinos. El auto del juzgado ceutí considera que los hechos podrían constituir un delito de desórdenes públicos.
Hazte Oír solicitó averiguar «quién adquirió, fabricó, transportó, almacenó, suministró o distribuyó estos dispositivos; cómo llegaron hasta Ceuta; si existió coordinación o aliento de las conductas violentas y si participaron personas vinculadas a organizaciones que operan en la ciudad». También reclama informes policiales y periciales, la identificación de los posibles responsables y la conservación de grabaciones y registros.
Además de lo anterior, en otra causa abierta esta misma semana, el juzgado ha admitido la querella de HO contra Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, y otras autoridades o funcionarios, la ha unido a las Diligencias Previas y ha reconocido a la asociación como acusación popular. La Fiscalía deberá informar sobre las diligencias solicitadas por HO para esclarecer las decisiones adoptadas durante la invasión y preservar la documentación y las comunicaciones oficiales.
El auto de la juez determina que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de desórdenes públicos y otros, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial».
Delegado del Gobierno en Ceuta
Hace unos días la asociación Hazte Oír interponía querella contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y solicitaba personarse en la causa abierta para investigar su actuación ante la invasión sufrida por la ciudad. La querella interpuesta solicita que se investigue a Pérez Triano por la presunta comisión de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Hazte Oír exigió la adopción inmediata de medidas para impedir la desaparición o alteración de pruebas esenciales. Reclama la conservación de los correos electrónicos de la Delegación del Gobierno, las grabaciones de la frontera y las comunicaciones mantenidas con el Ministerio del Interior y los mandos policiales durante los días críticos. Pero esa reclamación ha sido desestimada por el juzgado.
«Quienes conocían la amenaza y abandonaron Ceuta tendrán que responder ante la Justicia. No permitiremos que el paso del tiempo borre las órdenes, las comunicaciones ni las imágenes que pueden revelar qué ocurrió y quién tomó las decisiones», señalaba Hazte Oír.
