Paz total Colombia: 125.174 millones de pesos ejecutados sin acuerdos finales y el nuevo Gobierno la desmonta

El Gobierno de Abelardo De La Espriella desmonta la herencia negociadora de Gustavo Petro. El gasto se concentró en transporte aéreo, escoltas y honorarios, sin desmovilización ni pactos definitivos.

Colombia cierra la llamada paz total con 125.174 millones de pesos ejecutados y ni un acuerdo final. Lo revela El Tiempo mediante un derecho de petición y no es una simple factura: para España, el giro de seguridad del nuevo Gobierno colombiano toca de lleno a uno de los principales destinos de su inversión en América Latina.

La cifra corresponde a un consolidado del Grupo de Planeación y Finanzas de la Consejería Comisionada de Paz, con corte al 30 de junio de 2026. Los recursos se ejecutaron entre agosto de 2022 y junio de 2026 a través del Fondo Paz y del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). 107.572 millones fueron para negociar con grupos armados y 17.601 para bandas urbanas.

La antigua administración de Gustavo Petro llegó a abrir seis procesos: con el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y después con tres estructuras desprendidas de esas organizaciones. El mapa negociador se fue quebrando por las economías ilícitas.

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El desenlace es contundente. La mayoría de los cabecillas volvió a quedar bajo la justicia: con el presidente Abelardo De La Espriella se reactivaron órdenes de captura y varios de ellos serán extraditados a Estados Unidos. Al cierre del cuatrienio las estructuras tenían más integrantes.

Los números muestran que se gastó más en mover y proteger que en desmovilizar. El transporte aéreo absorbió 21.979 millones y las medidas de protección otros 21.200 millones; juntos suman unos 43.180 millones, cerca del 40 por ciento de todo lo ejecutado en las negociaciones con grupos armados. Hubo viajes a La Habana, Ciudad de México y Caracas, además de 18.378 millones en honorarios.

Se ejecutaron más de 107.000 millones de pesos para negociar con grupos armados sin lograr un solo acuerdo final.

En paralelo, los espacios con bandas urbanas consumieron 17.601 millones: 6.677 en honorarios y 4.204 en participaciĂłn de la sociedad civil. Incluyeron dos viajes a Catar para conversar con el clan del Golfo y el polĂ©mico ‘tarimazo’ de MedellĂ­n. Todo quedĂł estancado sin una ley de sometimiento.

Por qué el desmonte importa a la inversión española en Colombia

Para España la lección no es distante. El país mantiene presencia inversora relevante en banca, infraestructuras y energía, y la operación de sus empresas depende tanto de la seguridad jurídica como del control físico en los territorios. La paz total no logró frenar el deterioro de la seguridad territorial; al contrario, el balance del periodo fue más preocupante.

El desmonte que impulsa el Ejecutivo colombiano busca pasar de la negociación amplia a una lógica de sometimiento a la justicia y restablecimiento de autoridad. Para el capital extranjero, la promesa es recuperar control sobre el territorio; el riesgo es reactivar la violencia en zonas donde las compañías españolas tienen operaciones o cadenas de suministro.

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El precedente que España no debería desatender

Aquí no se trata solo de una partida fallida. España conoce bien la diferencia entre una paz negociada con desmovilización real y un proceso que no toca las economías ilícitas. La comparación con los diálogos con las FARC de 2016 subraya esa distancia: entonces hubo acuerdo y entrega de armas; ahora se pagó la logística del diálogo sin cerrar nada.

El exnegociador Camilo González Posso lo resumiĂł con claridad: ‘la expectativa no correspondiĂł con la realidad’ y faltĂł una táctica mucho más flexible. Con la paz total desmontada, lo que conviene seguir es si el nuevo enfoque reduce de verdad la capacidad armada o si, por el contrario, solo cambia el nombre de la factura.

📌 Ficha del Caso

  • Ficha sobre el caso: La polĂ­tica de paz total de Colombia ejecutĂł 125.174 millones de pesos entre 2022 y 2026 sin acuerdos finales ni desmantelamiento de estructuras armadas.
  • Datos importantes: 107.572 millones se destinaron a negociaciones con grupos armados y 17.601 millones a bandas urbanas. El Gobierno de De La Espriella desmonta el proceso.
  • Resumen: Para España, con intereses inversores relevantes en Colombia, el giro de seguridad define la estabilidad que necesitan sus empresas.