«Ante la situación de acoso gubernamental al más alto nivel que se está produciendo desde el jueves contra los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, indagando sobre documentos, informes o alertas de cualquier naturaleza que se hubieran emitido en los días, semanas y meses anteriores a la invasión de Ceuta, todo ello en lo que Jupol considera una represalia por el informe policial entregado en la Audiencia Nacional, el sindicato exige al Ministerio del Interior que cese inmediatamente esta persecución contra los agentes». Así reza el comunicado de este sindicato policial en representación y defensa de sus compañeros.
«Se evidencia además la perplejidad existente en el seno de la Policía Nacional ante el ninguneo al que estarían siendo sometidos los agentes que participaron en la elaboración de los informes sobre la situación de Ceuta, así como ante las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior», añaden.
En este contexto, Jupol considera especialmente «preocupante el contraste entre el informe elaborado por el CENIF de la Policía Nacional, de 55 páginas y con abundante documentación gráfica sobre la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la entrada masiva en Ceuta, y el informe elaborado por la Guardia Civil, de apenas tres páginas».
Para Jupol, esta diferencia evidencia la necesidad de que se conozca qué información recabó cada cuerpo, qué alertas fueron trasladadas a sus superiores y, sobre todo, por qué ahora se pone el foco sobre los policías que elaboraron un informe exhaustivo en lugar de analizar las decisiones adoptadas por los responsables políticos que recibieron la información disponible.
El sindicato reclama que se garantice que «ningún funcionario sea represaliado por elaborar un informe profesional y documentado, y que la Audiencia Nacional pueda valorar, con absoluta independencia, todos los informes existentes, sin injerencias ni presiones de ningún tipo.
Para JUPOL, resulta absolutamente inaceptable que Interior centre ahora sus esfuerzos en averiguar quién informó, qué documentos se elaboraron o qué alertas fueron trasladadas antes de la invasión, en lugar de explicar por qué esas informaciones no fueron adecuadamente atendidas y qué decisiones se adoptaron desde el ámbito político».
Por ello, Jupol reclama al ministro del Interior que «dé la cara» y explique públicamente qué actuaciones se están llevando a cabo sobre los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, quién las ha ordenado y con qué finalidad.
El sindicato exige también que se paralice cualquier actuación que pueda suponer «una represalia, intimidación o señalamiento contra los agentes que elaboraron los informes sobre Ceuta», se respete la independencia profesional de los policías, que tienen la obligación de informar de aquello que conocen, con independencia de que sus informes puedan resultar incómodos para los responsables políticos y pide a Interior que deje de buscar cabezas de turco dentro de la Policía Nacional para tratar de justificar decisiones políticas adoptadas antes, durante o después de la crisis de Ceuta.
Además, «exigimos que se esclarezca qué información recibió el Ministerio del Interior, cuándo la recibió y qué decisiones se adoptaron a partir de ella y se permita a la Audiencia Nacional investigar con absoluta independencia, sin presiones ni actuaciones dirigidas contra los funcionarios cuyos informes formen parte de la investigación», concluyen.
Los policías no deciden políticas migratorias
Jupol recuerda que los policías no deciden las políticas migratorias, no controlan las fronteras desde el ámbito político y no toman las decisiones del Gobierno. Su obligación es analizar la información disponible, detectar riesgos, elaborar informes y trasladarlos a sus superiores y a las autoridades competentes.
Por ello, el sindicato considera especialmente grave que, después de que uno de esos informes haya sido requerido por la Justicia, se haya iniciado una búsqueda hacia atrás para identificar qué funcionarios habían alertado previamente de la situación.
Si existían informes, alertas o documentos que advertían de un riesgo para Ceuta, la pregunta no debe ser quién los elaboró, sino por qué no se actuó ante ellos. JUPOL exige al Gobierno que deje de señalar a los policías y asuma las responsabilidades que correspondan a quienes tenían capacidad para tomar decisiones.
Los agentes de la Policía Nacional no pueden convertirse en los responsables de una gestión política que no les corresponde. Y mucho menos pueden ser represaliados por cumplir con su deber.
JUPOL defenderá a todos y cada uno de los policías que hayan actuado dentro de la legalidad y en cumplimiento de sus funciones, y no permitirá que ningún agente sea utilizado como chivo expiatorio para ocultar posibles errores o responsabilidades políticas.
