La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presentó el pasado 15 de julio una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra la Comunidad de Madrid por el desalojo de una familia con tres menores, uno de ellos con síndrome de Down, en el barrio de Moratalaz. El movimiento de la titular de Sumar reabre el debate sobre la política de vivienda y la protección de la infancia más vulnerable, y coloca de nuevo a la formación de Yolanda Díaz ante una de sus banderas clásicas: la defensa del derecho a la vivienda y la lucha contra los desahucios.
Una denuncia con argumentos de Naciones Unidas
En el escrito remitido por el ministerio se alega que la actuación del 15 de julio “socava derechos fundamentales y genera la desprotección de las personas menores de edad” debido al “desalojo forzoso de su vivienda, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de la persona menor de edad con discapacidad”. La denuncia recuerda que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas había solicitado la suspensión cautelar del desahucio para evitar “posibles daños irreparables” a los cinco hijos de la familia, o en su defecto, garantizarles una vivienda alternativa adecuada.
La ministra, que pertenece a Izquierda Unida, subrayó que el auto judicial que ordenaba el desalojo obligaba a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a coordinarse con los Servicios Sociales municipales y a tomar “las medidas de protección que fueran precisas”. Las opciones ofrecidas a la familia no cumplían esos requisitos, lo que, según Rego, ha generado “una situación de especial vulnerabilidad y riesgo”.
“No se ha atendido al interés superior del menor”, afirmó Rego, y destacó el incumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección a la infancia. La denuncia solicita al Ministerio Fiscal una investigación y que se adopten las medidas necesarias para asegurar la plena protección de los menores.
Para la ministra, el desahucio “podría y debería haberse suspendido hasta que los derechos de estas personas menores de edad estuviesen plenamente garantizados”. Y añadió que no se hizo “no por incapacidad, sino por una falta de voluntad política por parte del Gobierno de Ayuso”. En esa línea, Rego denunció la “insensibilidad” del Ejecutivo autonómico y el sufrimiento que provocan las políticas del PP en la infancia más vulnerable.
La denuncia de Sira Rego es la primera vez que un ministerio de Sumar lleva a la Fiscalía un desahucio concreto desde que entró en el Gobierno, y marca un giro en la estrategia de presión hacia las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
El peso de la vivienda en Sumar y el papel de IU
El gesto de la ministra no es aislado. La vivienda ha sido un eje central para las confluentes de Sumar, especialmente para IU, que siempre ha mantenido un perfil combativo frente a los desahucios. En el grupo parlamentario, las diputadas de esta formación y de Más Madrid han impulsado iniciativas para extender la moratoria de desahucios y para aumentar el parque público de vivienda. La denuncia de Rego se alinea con esa agenda y refuerza la voz de quienes dentro de Sumar piden más contundencia en este ámbito.
Al mismo tiempo, la acción ministerial evidencia las diferencias de sensibilidad que existen en el seno del espacio político. Mientras que IU y otras fuerzas de izquierda quieren mantener la presión en la calle y en los tribunales, otros sectores del Gobierno de coalición, encabezados por el PSOE, prefieren un perfil más bajo para no tensar la relación con las comunidades autónomas del PP. El caso de Moratalaz se convierte así en un termómetro de los equilibrios internos de Sumar.
La Dinámica de Coalición
El movimiento de Rego no solo interpela a la Comunidad de Madrid. Toca de lleno la relación entre Sumar y el PSOE en el Gobierno central. El presidente Pedro Sánchez ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre los desahucios en Madrid, y el Ministerio de Vivienda que dirige el PSOE mantiene un diálogo técnico con la administración de Ayuso. La denuncia ante la Fiscalía introduce un factor de fricción que, si escala, podría trasladarse a las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales, donde Sumar reclama un aumento significativo de la inversión en vivienda pública.
Dentro de Sumar, la iniciativa de Rego refuerza la posición de IU frente a otras confluentes que preferirían centrar el discurso en propuestas legislativas sin conflictos tan directos con los gobiernos autonómicos. El equilibrio de fuerzas dentro del grupo parlamentario, con 31 escaños, depende de la cohesión de las distintas sensibilidades, y la vivienda es uno de los pocos temas en los que todas las partes pueden coincidir sin fisuras. Sin embargo, el tono de la denuncia puede ser visto por algunos como innecesariamente beligerante en un momento en que la estabilidad de la coalición es prioritaria.
En los barrios de Madrid, el ritmo de desahucios en vivienda pública no ha dejado de aumentar: algunas asociaciones estiman un desalojo al día desde principios de junio, aunque no existen datos oficiales. La proyección inmediata de este caso pasa por la respuesta de la Fiscalía de Menores, que deberá decidir si abre una investigación formal y si insta a la Comunidad de Madrid a tomar medidas cautelares para proteger a los menores. Además, el episodio servirá de precedente para futuras actuaciones de Sumar en defensa de los derechos de la infancia frente a decisiones autonómicas, en un contexto en el que la tensión territorial no deja de crecer.
Ficha del Caso
- El caso: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, denuncia ante la Fiscalía de Menores el desahucio de una familia con tres hijos, uno con síndrome de Down, ejecutado el 15 de julio por la Comunidad de Madrid en Moratalaz.
- Datos importantes: El Comité de Derechos del Niño de la ONU había pedido la suspensión preventiva. El auto judicial obligaba a coordinar medidas con los servicios sociales, pero las viviendas ofrecidas no garantizaban la protección adecuada. Asociaciones estiman un desahucio al día en Madrid desde junio, sin datos oficiales.
- Resumen: La denuncia de Rego coloca a Sumar en el centro del debate sobre el derecho a la vivienda, tensa la coalición con el PSOE y refuerza a Izquierda Unida dentro del espacio político, a la vez que marca un precedente en la presión del Gobierno central hacia las políticas de vivienda del PP en Madrid.
