Vox reclama a la Fiscalía que agilice la expulsión de los inmigrantes llegados a Ceuta en julio. El partido pide, a través de Jorge Buxadé, más funcionarios para tramitar los expedientes.
El eurodiputado de Vox y líder de la delegación en Bruselas centró su exigencia en los episodios del 30 y el 31 de julio, cuando cientos de personas entraron de forma irregular en la ciudad autónoma. Para el partido, la respuesta administrativa no puede demorarse más: la ley es clara y la inacción administrativa prolonga una situación que Vox considera evitable.
Qué exige Vox a la Fiscalía y con qué argumentos
Buxadé ha instado al Ministerio Público a iniciar los procedimientos de expulsión y a tramitar de forma individualizada los expedientes. El Estado ‘debe asumir su responsabilidad’, ha afirmado, y ‘tiene la competencia de ordenar la repatriación, el retorno y la expulsión’ de todas las personas que entraron y permanecen en Ceuta de forma ilegal. ‘Se tiene que cumplir la ley’, ha aseverado.
La reclamación de Vox no se limita a una declaración política: reclama una instrucción administrativa concreta para cada expediente. El partido sostiene que la competencia es estatal y que la Fiscalía dispone de instrumentos para evitar que la permanencia irregular se consolide en el tiempo. Buxadé ha situado el acento en la ejecución, no en el diagnóstico.
La exigencia incluye una petición de refuerzo administrativo: que más funcionarios de la península se desplacen a la ciudad autónoma para agilizar los expedientes. ‘¿Cuántos se han iniciado ya? ¿Cuántos se han instruido ya? ¿O la Fiscalía simplemente se dedica a lanzar amenazas a los vicepresidentes de Vox cuando dicen que se tiene que cumplir la ley?’, ha preguntado el dirigente.
Buxadé ha insistido en que esos funcionarios deben estar ‘bien pagados y alimentados, no como los militares y la policía’. La alusión conecta con el relato que Vox ha mantenido durante toda la crisis migratoria: la respuesta del Estado no puede limitarse a la contención policial sin una vía administrativa efectiva.
La reclamación no es solo administrativa: busca forzar al Estado a aplicar la ley y a convertir la expulsión en una respuesta visible a la crisis migratoria.
La presión sobre el Gobierno y el cruce con el Ministerio Público
El eurodiputado ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la entrada masiva y ha asegurado que el Ejecutivo conocía la posibilidad de un episodio de esa envergadura y ‘no hizo nada para evitarlo. La responsabilidad del Gobierno, a su juicio, es ‘evidente, exclusiva y directa’.
Buxadé ha subrayado que las imágenes de ‘cientos de personas, miles de personas entrando sin ningún tipo de control’ se difundieron en redes y medios, y que no se reforzó la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni se desplegó al Ejército. La referencia sitúa el foco en la gestión previa y posterior del Gobierno central.
La ausencia de una cifra oficial sobre los expedientes iniciados refuerza, según Vox, la necesidad de concreción. El partido exige al Estado que traduzca la crisis migratoria en procedimientos administrativos y no solo en comparecencias o medidas de contención.
La estrategia de Vox: Ceuta como eje de presión política
La reclamación de Buxadé refuerza uno de los ejes centrales de la oposición de Vox: la inmigración ilegal como prioridad de control parlamentario y de presión al Gobierno. No es solo una petición administrativa; es una forma de obligar al Ejecutivo a responder por los resultados de su política migratoria.
El precedente de Ceuta deja una lectura estratégica para los próximos meses: Vox puede seguir exigiendo concreción sin asumir responsabilidades de gestión. Mientras el Ministerio Público no detalle cuántos expedientes han avanzado, el partido mantiene abierto un flanco de control del que espera extraer rendimiento político.
La exigencia de más funcionarios y de traslados urgentes coloca la discusión en el terreno administrativo, donde el Gobierno tiene competencias directas. Esa es la presión que Vox quiere sostener: no basta con reconocer la crisis, hay que ejecutar la ley.
