Justo antes del verano la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba el procedimiento ante el Tribunal del jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Inmediatamente Begoña Gómez renunciaba a su abogado hasta entonces, el ex ministro Antonio Camacho, para contratar los servicios de otro, el mallorquín Jaume Campaner, un penalista de 44 años, especializado en rebatir pruebas e indicios poco sólidos.
Según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, el 92,9% de las sentencias con jurado dictadas en España en 2024, fueron condenatorias. En 2023 la cifra alcanzó el 96,4% y en 2022 el 93,1%. Son porcentajes superiores a los de los tribunales profesionales, donde no se llegó al 90% ni en sumarios ni en procedimientos abreviados.
La experiencia de Campaner, respetado penalista a pesar de su juventud, pasa por varios casos mediáticos, como la defensa de un asesor en el Caso Nóos (absuelto), defensor del informe forensic del FC Barcelona en el Caso Negreira o del futbolista Rafa Mir (condenado). La tesis doctoral de Campaner se tituló «La confesión precedida de la obtención inconstitucional de fuentes de prueba», con la que consiguió un doctorado cum laude.
Caso Begoña Gómez
Pero algo más va a necesitar para convencer al jurado popular de la causa Begoña Gómez, que en septiembre será enviada a juicio por el juez instructor, Juan Carlos Peinado. La estadística dice que este tipo de jurado condena en más del 90% de los casos y esta causa es muy mediática, con lo que encontrar a un jurado que no conozca, aunque sea de pasada, este asunto va a ser complicado.
En la misma resolución los magistrados de la Sección 23 corregían al instructor, Juan Carlos Peinado. Consideraron prematuro sentar en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés y ordenaron separar su investigación. También redujeron los delitos atribuidos a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, su asistenta en La Moncloa: para la primera, malversación y tráfico de influencias; para la segunda, solo malversación.
En el año 2024, de los 49 juicios celebrados en la Audiencia Provincial de Madrid, únicamente tres abordaron el delito de malversación. La mayoría de este tipo de tribunales se ocupa de delitos contra las personas, en especial homicidios y asesinatos y en contadas ocasiones de delitos relacionados con corrupción.
El precedente de casos de corrupción ante un jurado popular ofrece lecturas muy diversas. El ex presidente balear Jaume Matas fue condenado por cohecho tras pedir a un empresario que contratara a su esposa. Sin embargo, el ex presidente valenciano Francisco Camps y el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, resultaron absueltos por jurados muy divididos en su votos.
Los tribunales por procedimiento de jurado popular están compuestos por nueve ciudadanos elegidos mediante un doble sorteo al azar y luego vetados o admitidos por las partes del proceso. Deberán ser vecinos de la provincia de Madrid, no podrán tener condenas por delito doloso ni estar procesados, y quedarán excluidos, entre otros, los miembros del Gobierno, diputados, senadores, jueces y fiscales.
Presidiendo a todos ellos estará un magistrado-presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, a quien le corresponde controlar el procedimiento, fijar los hechos que el jurado debe valorar y, si aprecia que no hubiese prueba de cargo suficiente, disolver el jurado antes del veredicto. La Fiscalía ya ha advertido que no va a acusar de nada a las procesadas, una tónica habitual en el procedimiento desde su comienzo. A los elegidos para el jurado les tocará responder a las preguntas finales planteadas por el juez y declarar culpabilidad o inocencia sobre ciertos hechos; la pena y la sentencia corresponden al juez.
Tras el definitivo procesamiento de Begoña Gómez, las partes deberán presentar nuevos escritos de conclusiones provisionales y el instructor tendrá que dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral. Una vez completados esos trámites, el expediente pasará a la Audiencia de Madrid. Los tiempos habituales en la Comunidad de Madrid sitúan el juicio en la próxima primavera, poco antes de las elecciones generales.
La clave para la defensa de Begoña Gómez pasará por intentar que el juicio se celebre lejos del eco de un juicio paralelo, algo muy difícil de evitar una vez que ya han trascendido todos los hechos y detalles de un extenso sumario.
