Hoy te cuento los detalles de la reclamación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su asesora Cristina Álvarez: 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha presentado este 28 de julio de 2026 ante el juez instructor Juan Carlos Peinado, que investiga la causa.
La Complutense actúa como parte perjudicada en este procedimiento, después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que el magistrado había imputado inicialmente a ambas investigadas. Ahora, la universidad centra su petición únicamente en el delito de malversación confirmado por la Audiencia, y detalla las dos vías por las que considera que se ha producido un perjuicio a las arcas públicas.
¿Por qué reclama la UCM esos 113.509 euros?
La cantidad solicitada se desglosa en dos conceptos. Por un lado, la pérdida del software desarrollado en el seno de la Cátedra Extraordinaria que codirigía Begoña Gómez, financiado con aportaciones de entidades colaboradoras y con recursos propios de la universidad. La UCM sostiene que ese programa informático le pertenece, y que fue desviado al ámbito privado tras registrar el dominio y la marca a nombre de la mercantil Transforma TSC sin autorización.
Por otro lado, se incluye el coste de las retribuciones satisfechas con fondos públicos al personal que, según los indicios, habría dedicado su tiempo a fines particulares en lugar de a las funciones universitarias. La universidad recuerda que, aunque la cátedra contaba con financiación privada, esos recursos quedaban afectados al cumplimiento de fines de interés público y, por tanto, su desvío constituye un quebranto patrimonial.
El papel de Cristina Álvarez como cooperadora necesaria
El escrito de la UCM hace suyos los argumentos de la Audiencia Provincial, que considera a Cristina Álvarez responsable en calidad de cooperadora necesaria del delito de malversación. La sala aprecia indicios de que su intervención fue activa e indispensable para desviar el activo patrimonial de la universidad hacia fines privados.
La asesora, que ocupaba un puesto en la Presidencia del Gobierno, habría excedido sus funciones para prestar una colaboración esencial a la codirectora de la cátedra, según el auto (resolución judicial que no pone fin al proceso) de la Audiencia. Este extremo no ha sido modificado tras el archivo parcial de los cargos.
La cifra reclamada, 113.509,32 euros, une el valor del software y el sueldo de los empleados que, presuntamente, trabajaron para intereses privados.
Próximos pasos en el procedimiento
El juez Peinado ha dictado una providencia este mismo 28 de julio en la que concede tres días a las defensas de Gómez y Álvarez para que comuniquen si renuncian a la audiencia preliminar sobre la apertura del juicio oral. Además, les insta a presentar su escrito de defensa en el plazo de cinco días.
La Fiscalía ya ha anunciado que presentará conclusiones provisionales absolutorias, al igual que hizo antes del archivo parcial de la causa por la Audiencia Provincial. El fiscal no ejercerá acusación y se limitará a esperar las pretensiones de la acusación popular unificada. Mientras tanto, la UCM insiste en su condición de perjudicada y reclama la devolución de la cuantía señalada.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid (titular, Juan Carlos Peinado).
- Fase procesal: Trámite previo a la audiencia preliminar; el juez espera la postura de las defensas para decidir sobre la apertura de juicio oral con jurado popular.
- Implicadas: Begoña Gómez (investigada), Cristina Álvarez (investigada, como cooperadora necesaria).
- Delito investigado: Malversación de caudales públicos (artículos 432 y siguientes del Código Penal), tras el archivo de corrupción en los negocios y apropiación indebida.
- Responsabilidad civil solicitada: 113.509,32 euros por parte de la UCM, personada como perjudicada.
- Próximos pasos: Las defensas tienen cinco días para presentar su escrito de defensa, y tres días para informar sobre la audiencia preliminar.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La UCM ha reclamado a Begoña Gómez y a su asesora 113.509 euros como responsabilidad civil por un delito de malversación.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La esposa del presidente del Gobierno y Cristina Álvarez, ambas investigadas; la universidad, como perjudicada.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El juez da tres días para la audiencia preliminar y cinco para el escrito de defensa, mientras la Fiscalía anuncia conclusiones absolutorias.
