El Foro de Abogacía y Democracia amplía la denuncia contra el diputado de Vox José María Figaredo. La red de letrados la ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por sus llamamientos a ‘cazar’ inmigrantes tras la escalada violenta registrada en Ceuta.
La defensa de Figaredo y la posición de Vox
José María Figaredo, número dos del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados, ha reiterado en los últimos días que utiliza el término ‘cazar’ como sinónimo de ‘apresar o detener’. El diputado de Vox ha defendido además que no se arrepiente de unas palabras que enmarca en el control de la inmigración irregular.
La dirección de Vox sitúa la inmigración irregular en el terreno de la seguridad y reclama un control efectivo de fronteras. Esa posición se ha traducido en una defensa pública del diputado y en la ausencia de una rectificación formal. En paralelo, el partido ha mantenido la presión parlamentaria en materia de extranjería y ha criticado la política de acogida del Gobierno central.
La escalada violenta en Ceuta, con episodios de hostigamiento y destrucción de asentamientos, es el elemento nuevo que la denuncia aporta al procedimiento. El escrito sostiene que los altercados convierten el riesgo del discurso del parlamentario en algo tangible.
Entre los postulados públicos de Vox figuran la reclamación de devoluciones inmediatas y un refuerzo policial en Ceuta. La formación considera que el Ejecutivo ha relajado los controles en la frontera, una tesis que subyace a la defensa del diputado.
Qué contiene la ampliación de la denuncia
El Foro de Abogacía y Democracia ha presentado el escrito ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. En él sostiene que los altercados de los últimos días en la ciudad autónoma demuestran que el riesgo de violencia contra las personas migrantes ‘ha dejado de ser una posibilidad’ y recoge ‘actos concretos de hostigamiento, persecución física, destrucción de sus pertenencias e incendio de sus asentamientos’.
La denuncia pide al Ministerio Público que investigue a Figaredo por delitos de odio; el diputado sostiene que sus palabras solo pedían aplicar la ley.
La denuncia recuerda que el diputado ha reiterado sus llamamientos a ‘cazar’ a personas migrantes en situación irregular. Los letrados solicitan que se investigue a Figaredo por presuntos delitos de odio y contra la dignidad de colectivos vulnerables. En sus términos, las expresiones presentan a los migrantes como objetos de persecución y captura, y fomentan la hostilidad por razón de su condición migratoria.
En la denuncia inicial, presentada el pasado 10 de agosto, ya se recogían declaraciones en las que el dirigente de Vox hablaba de ‘cazar’ o ‘pescar’ a inmigrantes y los calificaba de ‘invasores’. La Fiscalía no se ha pronunciado todavía sobre la admisión a trámite ni de aquella primera denuncia ni de la ampliación, según precisa elDiario.es.
El Foro de Abogacía y Democracia insiste en que los altercados no son un riesgo hipotético y pide a la Fiscalía del Tribunal Supremo que impulse la investigación. La organización sostiene que la gravedad de los episodios obliga a clarificar si las palabras del diputado tuvieron capacidad de incitar a la violencia.
La lectura estratégica del pulso migratorio
La denuncia se produce en un momento en el que Vox ha convertido la inmigración irregular en uno de sus ejes de confrontación con el Gobierno y con el Partido Popular. Con 33 diputados, tercera fuerza del Congreso de los Diputados, el partido defiende devoluciones inmediatas y critica la política de acogida del Ejecutivo.
El precedente de otras denuncias por discursos migratorios no ha frenado hasta ahora la agenda de Vox en esta materia. Al contrario, la formación ha mantenido la presión parlamentaria en extranjería y seguridad durante toda la legislatura. El uso de un lenguaje directo contra la inmigración irregular forma parte de esa estrategia de diferenciación frente al PP.
El riesgo para el partido no es menor si la Fiscalía del Tribunal Supremo admite a trámite la denuncia: abriría una causa penal a uno de sus principales portavoces. Observamos que la Fiscalía tiene ahora la llave para convertir un debate político en un expediente judicial. La decisión marcará también los límites del discurso migratorio que Vox defiende como un ejercicio de seguridad y control fronterizo.
