El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha registrado 1.758 reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública durante el primer semestre de 2026, un 60 % más que en el mismo periodo de 2025.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el organismo? Ha recibido 1.211 reclamaciones entre enero y junio de 2026, un 60 % más interanual.
- ¿Qué base jurídica aplica? La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; 1.211 expedientes afectan a ministerios y entidades estatales.
- ¿Qué impacto tiene? La plantilla y el presupuesto del Consejo no se han reforzado desde 2023, pese al aumento de asuntos.
Las cifras del semestre
Del total de expedientes, 1.211 reclamaciones se dirigen contra ministerios y entidades públicas estatales. Las 547 restantes corresponden a administraciones autonómicas y locales de comunidades que han atribuido al Consejo la competencia mediante convenio, al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El incremento no es coyuntural. En 2025, el organismo recibió 2.767 reclamaciones, un 40 % más que en el ejercicio anterior. Durante mayo de 2026 entraron 343 expedientes, un 80 % más que en el mismo mes de 2025.
La comparativa interanual muestra una aceleración. El volumen del primer semestre de 2026 equivale a más de la mitad de los 2.767 expedientes de todo 2025, lo que sitúa al Consejo ante un ejercicio de actividad máxima si la tendencia se mantiene.
La respuesta institucional y los medios disponibles
La presidenta del Consejo, Concepción Campos Acuña, ha vinculado este aumento al afianzamiento de la cultura de transparencia. Al mismo tiempo, ha advertido de que garantizar el derecho de acceso «en plazo y con calidad» exige una dotación de recursos adecuada al volumen real de trabajo.
Esa advertencia se apoya en la ausencia de refuerzo orgánico. La plantilla del CTBG, formada por una treintena de personas además de la Presidencia, permanece invariable desde 2023. El presupuesto se mantiene en 3,38 millones de euros.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tramita un 60 % más de reclamaciones sin haber recibido refuerzo de plantilla ni aumento presupuestario desde 2023.
La complejidad de los expedientes también crece. El Consejo identifica nuevas demandas de información vinculadas a la tecnología y a la inteligencia artificial y a su utilización por las administraciones públicas, lo que obliga a actualizar criterios interpretativos.
El organismo ejerce sus funciones con arreglo a la Ley 19/2013: resuelve reclamaciones en vía administrativa, evalúa las obligaciones de publicidad activa, elabora recomendaciones y atiende consultas de los sujetos obligados.
Para los operadores jurídicos, el desajuste entre el crecimiento de reclamaciones y la estabilidad de medios no altera el deber legal de resolver en plazo. La presidencia del CTBG no dispone de competencias para ampliar la plantilla ni modificar el presupuesto; esa decisión corresponde al Gobierno y a las Cortes Generales.
La doctrina del Consejo de Transparencia
La posición institucional del Consejo es clara: el incremento de reclamaciones no puede absorberse sin un aumento proporcional de medios. La presidenta ha expuesto que la garantía del derecho de acceso «en plazo y con calidad» constituye una exigencia jurídica, no solo organizativa. La Ley 19/2013 configura un sistema administrativo de control previo a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que las resoluciones del Consejo agotan la vía administrativa y son recurribles ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Este diseño refuerza la obligación de las administraciones de tramitar las solicitudes de acceso en los plazos legales. La acumulación de 1.211 reclamaciones contra ministerios y entidades estatales anticipa una mayor litigiosidad si el Consejo no dispone de capacidad suficiente para resolver los expedientes sin demora.
El derecho de acceso entronca con el artículo 105.b de la Constitución, que remite a la ley la regulación del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. La Ley 19/2013 desarrolla esa previsión y atribuye al Consejo una función de garantía administrativa previa a los tribunales.
La vía de reclamación es potestativa y gratuita. Los ciudadanos pueden acudir al Consejo cuando la administración no facilita la información solicitada, y el organismo debe resolver en un plazo de tres meses. Sus resoluciones son ejecutivas y recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La previsión de convenios con comunidades autónomas y entidades locales amplía su competencia sobre 547 expedientes del semestre. Esa estructura consolida al Consejo como filtro administrativo del derecho de acceso a la información pública, con criterios interpretativos que orientan a los sujetos obligados.
FICHA DEL CASO
- El caso: Reclamaciones administrativas en materia de acceso a la información pública presentadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; 1.211 contra ministerios y entidades estatales y 547 contra administraciones autonómicas y locales con convenio.
- Datos importantes: 1.758 reclamaciones en el primer semestre de 2026, 60 % más interanual; Ley 19/2013; plantilla de una treintena de personas y presupuesto de 3,38 millones de euros sin refuerzo desde 2023.
- Fecha de los juicios: N/A; periodo de referencia de enero a junio de 2026, con datos publicados el 30 de agosto de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A.
