La compra del ático de Chamberí con Planifica Madrid centra la recta final del verano político madrileño. Alfonso Serrano promete transparencia y la izquierda responde con una exigencia: dimisión de Isabel Díaz Ayuso.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso será ‘transparente’ con la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid y ha afeado a la izquierda por ‘tratar de engordar’ este asunto ‘a diez meses de las elecciones’.
Sobre hacer público el expediente, el número dos del PP madrileño ha señalado que Planifica Madrid ‘no está sujeta a los mismos requisitos de contratación que una Dirección General o cualquier departamento del propio Gobierno.
Serrano ha respondido a los ministros del Ejecutivo central que critican a la Comunidad: ‘Ojalá todos fuéramos igual de transparentes y pudiéramos saber el coste real de todas las viviendas que pagamos los españoles a los ministros’. El dirigente popular sostiene que esos mismos ministros se benefician de pisos en la Comunidad de Madrid ‘que son auténticos palacetes’.
También ha ironizado con que la ‘noticia del verano’ sea que Ayuso ‘vuelva a vivir de alquiler en un piso’ pagado con su dinero, y ha añadido que ‘hasta tiene piscina comunitaria y un Mercadona cerca, lo cual debe ser de un nivel de lujo exquisito’. El verano político madrileño se mide por un ático, una piscina y un supermercado.
El verano político madrileño se mide por un ático, una piscina comunitaria y un Mercadona cerca; la promesa de transparencia no apaga la pregunta de fondo.
El dirigente popular ha defendido además que las explicaciones del Ejecutivo ‘están razonablemente dadas’ y ha reprochado a la izquierda por ‘tratar de engordar permanentemente durante todo el verano’ un asunto que, según su versión, no tiene recorrido.
Al hilo, Serrano ha recalcado que ‘no se ha comprado un inmueble’ para ser residencia oficial durante la Presidencia ni cuando sea expresidenta, y ha reiterado que la compra se justificó por ‘unas obras en Sol que hay que acometer’.
La izquierda endurece el pulso: ‘a la chita callando’ y dimisión
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha vuelto a exigir la dimisión de Ayuso y ha asegurado que la presidenta se estaría mudando al ático si no la hubieran ‘pillado a la chita callando, y a escondidas’.
López ha sostenido ante TVE que, de no haberse destapado el caso, el piso seguiría en manos de la Comunidad y Ayuso estaría haciendo la mudanza al ático de lujo en lugar de a un piso de Puerta de Hierro. ‘El problema es que la han pillado’, ha concluido.
La repetición de la expresión ‘a la chita callando’ no es casual: busca fijar en la opinión pública la idea de opacidad. López ha insistido en que el problema no es el alquiler, sino el intento de disponer de una residencia oficial sufragada con fondos públicos.
Lo que está en juego: dinero público, vivienda y calendario electoral
El caso toca una fibra sensible. La Comunidad de Madrid no tiene residencia oficial para su presidente desde hace décadas, a diferencia de otras autonomías como Cataluña, que mantiene la Casa dels Canonges para usos institucionales. Planifica Madrid nació como instrumento para agilizar proyectos urbanísticos y de obra pública, no para gestionar viviendas de altos cargos.
Ese matiz explica por qué el expediente importa más allá del precio. La izquierda no pide solo transparencia: quiere saber si hubo una decisión política detrás de una compra que se comunicó como necesidad técnica. Serrano sostiene que no hay nada que ocultar; la oposición cree que no basta.
El precedente más cercano en Madrid no ayuda al Gobierno regional. Durante los últimos años, ningún cargo de la Comunidad se ha visto envuelto en un debate similar por la compra de un inmueble a través de una sociedad pública. La excepcionalidad del caso, más que su coste, es lo que ha disparado las preguntas de la oposición.
La comparación con el modelo de otras autonomías tampoco es anecdótica. Las comunidades que sí tienen residencias oficiales las someten a control parlamentario y a auditorías periódicas. Madrid, al carecer de esa figura, ha dejado durante años un vacío que ahora se interpreta como una zona gris.
El calendario no ayuda a cerrar el debate. La polémica transcurre a diez meses de las elecciones autonómicas, el momento en el que cualquier gasto público se examina con doble lupa. Si el Gobierno regional publica el expediente en septiembre, la presión bajará; si lo mantiene bajo el paraguas de una sociedad pública, la izquierda tendrá materia para toda la precampaña.
El primer pleno de la Asamblea de Madrid tras el verano será el siguiente escenario. Allí se comprobará si la promesa de transparencia se convierte en documentos o se queda en declaraciones.
