EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros de este martes, 6 de octubre, vuelve a aprobar los dos decretos de vivienda que el Pleno del Congreso rechazó el viernes, con retoques técnicos y una hoja de ruta distinta: la convalidación ante la Diputación Permanente.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Vivienda, y el Grupo Parlamentario Socialista, que busca rehacer la mayoría sin depender del voto de Junts y con el PNV como socio decisivo.
- ¿Qué impacto tiene? El primero de los decretos, el que impide los desahucios de personas vulnerables, podría salir adelante; el que haría permanentes los contratos de alquiler no tiene hoy los apoyos suficientes.
El Consejo de Ministros aprobará este martes los decretos de vivienda con retoques técnicos tras el rechazo del Congreso. Serán casi idénticos a los que cayeron el viernes, pero el escenario de la votación cambia por completo: el Gobierno quiere convalidarlos en la Diputación Permanente, donde el ‘no’ de Junts deja de ser decisivo.
La decisión se adoptará en la reunión ordinaria del Gabinete de este martes, 6 de octubre, según las fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio. Los textos no serán exactamente los mismos que tumbó el Pleno: habrá ajustes técnicos, correcciones de articulado y algún encaje jurídico de última hora. La arquitectura de las dos normas no se toca.
Porque en realidad son dos decretos y dos suertes muy distintas. El primero es el que impide los desahucios de personas vulnerables, conocido en los pasillos del Congreso como el ‘decreto Maricarmen’. El segundo es el que haría permanentes los contratos de alquiler, una medida que acumula meses de atasco entre enmiendas y votaciones perdidas.
Qué se vota, con qué mayoría y en qué órgano
La clave está en el procedimiento. Un Real Decreto-Ley es una norma con rango de ley que el Gobierno aprueba sin pasar antes por las Cortes, y que el Congreso debe convalidar o derogar en el plazo de 30 días, tal y como fija el artículo 86.2 de la Constitución. Si nadie lo tumba, sigue vigente; si el Pleno lo rechaza, decae al instante.
Hasta aquí, el trámite habitual. La novedad es dónde se dirime esa votación. El Ejecutivo quiere que la convalidación se produzca en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano de composición reducida y proporcional —68 diputados en la actual legislatura— que asume las funciones del Pleno cuando la Cámara no está reunida o entre periodos de sesiones.
El movimiento tiene una consecuencia práctica: los grupos con menos peso en ese órgano pierden capacidad de bloqueo, y el voto de Junts pasa a ser irrelevante. Lo que se decide allí se decide rápido. Y con menos ruido.
Cambiar de escenario no es un truco formal: es la constatación de que el Gobierno deja de negociar cada decreto social con quien vota en contra por sistema.
Por qué el voto de Junts deja de ser decisivo
El viernes, el Pleno del Congreso tumbó los decretos con el ‘no’ de Junts como voto decisivo. En la Diputación Permanente la aritmética es otra, y no por casualidad: es un órgano más pequeño, con menos escaños en juego y con una proporcionalidad que reparte el peso de manera distinta.
El socio decisivo pasa a ser el PNV. Si mantiene su voto favorable, el decreto que impide los desahucios de personas vulnerables podría salir adelante. El segundo, el que haría permanentes los contratos de alquiler, no tiene hoy los apoyos suficientes. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio admiten que el Ejecutivo asume ese escenario: mejor salvar una norma que perder las dos.
La lectura política no es menor. Ferraz y La Moncloa han decidido dejar de jugar la partida en el tablero donde la mayoría es más frágil. La convalidación en la Diputación Permanente no esquiva el control parlamentario, pero lo traslada a un órgano constitucional con reglas propias y, sobre todo, obliga a rehacer la mayoría con menos actores y más disciplina.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz la lectura es serena, aunque no exenta de tensión. La dirección federal entiende que el rechazo del viernes fue un accidente evitable y asume que la negociación con los socios ha entrado en otra fase: menos foto conjunta, más acuerdo puntual. El Grupo Parlamentario Socialista trabaja ya con el escenario de la Diputación Permanente, y el PNV sabe que tiene la llave.
El aterrizaje territorial es inmediato. El escudo frente al desahucio protege a familias vulnerables en toda España, vivan donde vivan, y son los gobiernos autonómicos del PSOE los que llevan meses reclamando un marco estable para aplicarlo sin sobresaltos. Lo que se decida en Madrid estos días se traduce en juzgados, en servicios sociales, y en familias que no saben si el próximo mes seguirán en su casa.
Hay además un precedente que conviene recordar. La Ley de Vivienda de mayo de 2023, la primera norma estatal de la materia en más de cuatro décadas, costó dos años de negociación y llegó al BOE con el apoyo justo. El escudo anti-desahucios nació antes, en la pandemia, con el real decreto-ley de 2020 que suspendió los desalojos de los hogares más frágiles. Ningún gobierno ha querido dejarlo caer desde entonces. Tampoco este.
El riesgo está en el calendario. Si los nuevos decretos se publican en el BOE esta misma semana, la Diputación Permanente tendrá por delante el plazo constitucional de 30 días para pronunciarse, y cualquier desajuste en la mayoría devuelve las dos normas al aire. El bloque que tumbó los decretos el viernes no tiene, a priori, muchos incentivos para facilitar la segunda intentona.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Blindaje del escudo frente al desahucio y de los derechos de los inquilinos frente a quienes prefieren tumbar la norma antes que negociarla.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: El Consejo de Ministros de este martes 6 de octubre y la posterior convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.
