El president Salvador Illa moviliza 75 millones de euros en ayudas por el temporal en Cataluña. El primer paquete lo aprobará el Consell Executiu de este martes, dos días después de que las lluvias dejaran dos víctimas mortales y dos personas desaparecidas.
De la cifra total, 20 millones van a subvenciones directas para los ayuntamientos —reparación de equipamientos, edificios e infraestructuras municipales—; 5 millones se reservan para empresas, comercios y autónomos; y 50 millones los moviliza el Institut Català de Finances (ICF) desde su línea de emergencias, pensada para dar liquidez inmediata mientras no llegan las indemnizaciones de las aseguradoras.
Illa lo anunció en la sede del Departamento de Interior y Seguridad Pública, al término de la última reunión del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). El mensaje fue doble: dinero ya y prudencia máxima. ‘Tengan los ojos bien abiertos’, pidió el president, porque el temporal ha abandonado Cataluña por el noreste, pero volverá el martes por la tarde con chubascos dispersos que pueden ser localmente intensos.
El balance sigue abierto. Los Bombers de la Generalitat han realizado 550 servicios, 40 de ellos de salvamento, y mantienen la búsqueda de dos desaparecidos en Granollers y Pineda de Mar. Una de las personas fue arrastrada por la corriente, según dos testimonios independientes; a la otra se le perdió la pista por motivos ajenos al temporal.
Granollers se ha llevado la peor parte. La capital del Vallès Oriental acumuló 386 litros por metro cuadrado en el conjunto del episodio, 108 de ellos este lunes y 77 en una sola hora. El Hospital de Granollers, junto al Vall d’Hebron de Barcelona, ha sufrido desperfectos y recupera la actividad de forma progresiva.
La emergencia no se cierra cuando deja de llover, sino cuando llega el dinero y alguien firma.
Por qué Illa mueve el dinero antes de declarar la zona catastrófica
El Govern estudia declarar zona catastrófica parte del Vallès Oriental, pero todavía no lo ha hecho. La vía elegida para ganar tiempo es otra: el acuerdo del Consell Executiu permitirá a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y a Infraestructures.cat tramitar las obras de reparación por la vía de emergencia, lo que en lenguaje administrativo equivale a saltarse buena parte de la contratación ordinaria.
La lectura política del movimiento es clara. Illa no quiere que la gestión del temporal se le convierta en un problema de calendario. Las ayudas anunciadas este lunes aún no están en el bolsillo de nadie: se aprueban el martes, se publican después en el DOGC y cada ayuntamiento debe justificar luego cada euro. Entre el anuncio y el ingreso hay semanas, a veces meses.
Nadie ingresa en 24 horas.
Los 20 millones para los consistorios se repartirán entre los municipios que acrediten daños en equipamientos y vías de titularidad municipal. Los cinco millones destinados al tejido productivo se quedan cortos si se comparan con el impacto real: en el Vallès Oriental hay miles de comercios y pequeñas industrias que llevan días con la persiana bajada y el agua dentro.
Ahí se juega el Govern su credibilidad: no en el anuncio, sino en el ingreso.
El Inuncat sigue en emergencia y la lluvia vuelve el martes
Protecció Civil de la Generalitat mantiene el Plan Inuncat en fase de emergencia para conservar ‘el potencial de los recursos de respuesta en su máximo nivel’, en palabras del propio Illa. La decisión tiene coste: sostener a Bombers, Mossos y SEM al máximo durante días más no sale gratis.
La previsión apunta a perturbaciones de tierra a mar, no de mar a tierra como la del fin de semana, según el Servei Meteorològic de Catalunya. Traducción: no se espera otro sistema convectivo de mesoescala, el fenómeno que el sábado Illa llegó a describir como un posible minihuracán mediterráneo. ‘Hemos estado a punto’, reconoció.
Si las predicciones empeoran de golpe, Interior volvería a lanzar un aviso Es-Alert con un margen de una hora, quizá media. Es el mecanismo que ya se activó el sábado y que, según el Govern, funcionó.
En paralelo, Rodalies recupera servicio a cuentagotas. El túnel de la plaça de Catalunya y el puente de la R1 sobre el Besòs ya están operativos, y se espera que la R1, la R2 norte y la R11 vuelvan a circular en las próximas horas. Dieciséis centros educativos suspendieron clase este lunes y unos 10.000 abonados siguen sin luz. El agua se marcha; la factura se queda.
El precedente que nadie en el Govern quiere repetir
El Vallès Oriental ya vivió una tragedia así. Las riuades de 1962 se cebaron con Granollers y con buena parte de la comarca y dejaron cientos de muertos en Cataluña. Aquella catástrofe empujó obras de encauzamiento y defensas hidráulicas que hoy se dan por descontadas. Sesenta y cuatro años después, el agua ha vuelto por el mismo camino.
La comparación con Valencia incomoda, pero es inevitable. La DANA de octubre de 2024 convirtió la gestión de las ayudas en un frente de desgaste político que duró meses. En el Palau nadie quiere repetir ese guion, y de ahí la prisa por aprobar el paquete este mismo martes y por mover 50 millones de liquidez a través de la línea de emergencias del ICF antes de que las aseguradoras muevan ficha.
Lo que observamos es un patrón conocido: el Govern responde rápido en el anuncio y más lento en la ejecución. Los 75 millones son una cifra redonda, presentable en un atril, pero su efecto real depende de la capacidad administrativa de casi un millar de ayuntamientos, muchos pequeños y sin técnicos suficientes para tramitar subvenciones de emergencia en plazo.
Ya veremos cuándo llega el primer ingreso.
La mayoría de los vecinos afectados todavía tiene el barro en el portal y ninguna certeza sobre cuándo cobrará del seguro. La Generalitat, mientras tanto, necesita que el relato no se le escape: Illa compareció en Interior, no en el Palau, y lo hizo flanqueado por el aparato de emergencias. Menos política y más gestión, que es la escenografía habitual cuando un govern quiere transmitir control.
El próximo hito es este martes, en el Consell Executiu, donde el paquete debe aprobarse formalmente. A partir de ahí, el reloj corre en contra de los municipios, de las empresas y de los dos desaparecidos que los Bombers siguen buscando ‘por todas partes’. De poco sirve anunciar 75 millones si la primera factura se paga en diciembre.
