EN 30 SEGUNDOS
- ĀæQuĆ© ha pasado? El PP registra este lunes un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir que no voten el 29-N los inscritos en el CERA por la ‘ley de nietos’ con la inscripciĆ³n suspendida por el Tribunal Supremo.
- ĀæQuiĆ©n estĆ” detrĆ”s? Francisco Galeote, representante general del Partido Popular, firma el documento ante el Ć³rgano arbitral, con el respaldo del Ć”rea jurĆdica de GĆ©nova.
- ĀæQuĆ© impacto tiene? La convocatoria se publica este martes en el BOE y el envĆo de la documentaciĆ³n electoral arranca en el dĆa decimoctavo: sin desglose previo, la cautelar quedarĆa sin efecto.
El PP exige a la JEC que impida votar el 29-N a los inscritos por la ‘ley de nietos’ con inscripciĆ³n suspendida. El escrito, firmado este lunes por el representante general del partido, Francisco Galeote, reclama garantĆas para el voto exterior en un proceso que arranca este martes con la publicaciĆ³n de la convocatoria en el BOE.
QuƩ exige el PP a la JEC y con quƩ plazo compite
El texto recuerda que el Supremo acordĆ³ el pasado 10 de septiembre suspender de forma cautelar la inscripciĆ³n en el censo electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad espaƱola al amparo de la instrucciĆ³n del Ministerio de Justicia que aplica la conocida como ley de nietos. Esa suspensiĆ³n no alcanza a los nacionalizados cuyos cĆ³nsules certifiquen que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse y renunciar a la nacionalidad por motivos polĆticos o ideolĆ³gicos.
La instrucciĆ³n que ha revuelto el censo del voto exterior ampliĆ³ la previsiĆ³n legal al presumir la condiciĆ³n de exiliado respecto de todos los espaƱoles que salieron del paĆs entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En ejecuciĆ³n de lo resuelto por el Supremo, la Junta Electoral Central ordenĆ³ el 14 de septiembre a los registros consulares desglosar las inscripciones hechas por aplicaciĆ³n directa de la Ley de Memoria DemocrĆ”tica y las practicadas al amparo de la instrucciĆ³n ministerial, y pidiĆ³ suspender el derecho al voto de los ya inscritos salvo certificaciĆ³n acreditativa.
El PP sostiene que no tiene noticia del resultado de esas actuaciones. Ni del nĆŗmero de certificaciones expedidas, ni del desglose practicado, ni de la forma en que la Oficina del Censo Electoral ha dado cumplimiento a la suspensiĆ³n. La cautelar se aplica, ademĆ”s, sobre un censo cerrado el pasado 1 de agosto y dentro de un calendario que empieza a correr este martes.
La clave estĆ” en la coordinaciĆ³n. Tres Ć³rganos intervienen en el voto de los inscritos en el CERA: la Oficina del Censo Electoral, que remite la documentaciĆ³n; las oficinas consulares, que la reciben y custodian los votos, y las juntas electorales provinciales, que los incorporan al escrutinio. Los tres deben manejar antes del inicio de los trĆ”mites una misma relaciĆ³n de electores afectados y las mismas instrucciones de la JEC. ‘Sin esa coordinaciĆ³n, la suspensiĆ³n acordada por el Tribunal Supremo quedarĆ” materialmente sin efecto en el primer proceso electoral al que estaba llamada a aplicarse’, advierte el partido.
El escrito discute tambiĆ©n el reparto de cargas. Para el PP, la Oficina del Censo Electoral no puede condicionar la suspensiĆ³n al resultado del desglose ni mantener provisionalmente los efectos electorales de las inscripciones no clasificadas, porque ‘la situaciĆ³n de partida de todas ellas es la suspensiĆ³n’. Acreditar el supuesto de la Ley de Memoria DemocrĆ”tica corresponde a quien lo invoca y al cĆ³nsul que certifica, no a la AdministraciĆ³n electoral.
La cautelar del Supremo no se decide en los tribunales, sino en si el desglose estĆ” listo antes de que arranquen los envĆos.
El Supremo, el CERA y el reloj que empieza a correr este martes
Publicada la convocatoria, la Oficina del Censo Electoral debe remitir la documentaciĆ³n a los inscritos en el CERA entre el dĆa decimoctavo y el vigesimoquinto posterior. El PP pide que, antes tenga identificadas las inscripciones suspendidas, las excluya de la remisiĆ³n y de las listas del censo y comunique a cada oficina consular y a cada junta provincial la relaciĆ³n de electores afectados.
La transparencia es el segundo eje. Sin saber quĆ© inscripciones tienen suspendidos sus efectos y quĆ© tratamiento reciben en la urna consular y en el escrutinio, las formaciones no pueden ejercer las facultades de reclamaciĆ³n e impugnaciĆ³n del censo que les otorga la ley electoral. De ahĆ la baterĆa de preguntas: el desglose numĆ©rico por circunscripciones, cuĆ”ntas certificaciones han emitido los consulados y cĆ³mo se aplica la suspensiĆ³n sobre el censo cerrado a 1 de agosto. El partido reclama ademĆ”s que la JEC requiera a Exteriores instrucciones y medios para las oficinas consulares.
En paralelo, el frente judicial sigue abierto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene previsto debatir el emplazamiento como interesados de los nuevos nacionalizados, que podrĆa hacerse por edictos publicados por las oficinas consulares. Sigue pendiente el recurso de la AbogacĆa del Estado contra la cautelar del 10 de septiembre. Los dos recurrentes iniciales, Iustitia Europa y Vox, han presentado este lunes escritos para exigir su plena efectividad durante el proceso.
AhĆ estĆ” el nudo.
El Eje del Poder Popular
Lo que observamos es un movimiento de Estado mĆ”s que un gesto tĆ”ctico. GĆ©nova lleva la pelea al terreno donde el Gobierno no puede responder con una rueda de prensa: el arbitraje de la AdministraciĆ³n electoral. La JEC, los consulados y las juntas provinciales parecen piezas administrativas, pero el resultado mueve escaƱos.
El argumentario popular es el de la igualdad del voto: un elector, un derecho, una certificaciĆ³n. En los territorios donde gobierna el PP la reclamaciĆ³n se sigue con lupa, porque el voto exterior se incorpora al escrutinio por circunscripciones y cualquier desajuste acaba dirimiĆ©ndose en las juntas electorales provinciales. GĆ©nova ha convertido el calendario institucional en su palanca preferente: el Senado, los tribunales y ahora la JEC.
El riesgo es de doble filo. Si la JEC responde y ordena el desglose, el partido blinda su reclamaciĆ³n y deja al Gobierno explicando por quĆ© el censo se ampliĆ³ por instrucciĆ³n y no por ley. Si no responde a tiempo, tendrĆ” argumento para impugnar. En ambos escenarios queda retratado el Ministerio de Justicia, autor de la instrucciĆ³n que el Supremo puso en cuarentena.
šļø El Apunte de GĆ©nova
- Mensaje fuerza: Igualdad del voto y rigor en el censo: el PP no discute el derecho, exige que se acredite uno por uno.
- Protagonista: Francisco Galeote (representante general del Partido Popular ante la Junta Electoral Central).
- PrĆ³ximo hito: PublicaciĆ³n de la convocatoria en el BOE este martes y respuesta de la JEC al escrito; los envĆos del CERA arrancan en el dĆa decimoctavo.
