El PSOE afronta las elecciones del 29 de noviembre con causas judiciales abiertas, aunque sin ninguna imputación formal contra el partido. Pedro Sánchez adelantó casi un año la cita con las urnas y su equipo ha decidido convertir la campaña en una defensa cerrada de la gestión frente a lo que Ferraz describe como una acumulación de ruido judicial.
El calendario de los próximos dos meses no debería ser, en teoría, incómodo para los socialistas. Los tribunales evitan adoptar decisiones de calado sobre asuntos que afectan a partidos en plena precampaña y campaña, una ley no escrita que la dirección federal conoce bien. Eso sí, el horizonte incluye comparecencias de terceros que seguirán alimentando titulares.
El calendario judicial que marca los dos meses de campaña
La más próxima es la declaración de la jueza Beatriz Biedma, citada este jueves como perjudicada por el magistrado Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional. Biedma es la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que denunció una supuesta campaña orquestada para desacreditarla. En su escrito describió actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, promover denuncias contra ella y apartarla de procedimientos concretos.
La causa sitúa en el foco a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y una pieza separada sobre los pagos presuntamente realizados a la exmilitante Leire Díez. Pedraz ha reclamado a varios bancos los movimientos de cuentas vinculadas al partido, una línea de trabajo que Ferraz sigue con atención y sobre la que mantiene silencio público.
En paralelo, el juez Ismael Moreno conserva declarada secreta una pieza separada del caso Koldo. La investigación examina los pagos en metálico del partido entre 2017 y 2024 bajo la sospecha de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, condenados por el Tribunal Supremo, pudieron aprovechar la falta de controles internos para blanquear dinero. Esa hipótesis apunta más a un fallo de vigilancia que a una complicidad orgánica. Cosas que pasan en política.
El plato fuerte llegará, no obstante, el día después de las urnas. Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, están citadas como investigadas el 30 de noviembre en el caso Plus Ultra, apenas unas horas después de que se cierre el colegio electoral.
La campaña no se jugará en los juzgados, pero cada fecha del calendario judicial llegará puntual a la conversación pública.
Por qué el caso Plus Ultra y las joyas de Zapatero pesan en el relato
Las pesquisas sitúan a las hijas del expresidente como administradoras de la empresa What The Fav, vinculada indiciariamente al entramado investigado y señalada como supuesto centro de redistribución de flujos financieros. El juez José Luis Calama apunta que Análisis Relevante, sociedad del socio de Zapatero Julio Martínez Martínez, les abonó 239.755 euros.
Zapatero, principal imputado de la causa, declaró el pasado junio que la empresa de sus hijas operaba realmente y cobraba por trabajos de márketing. Negó cualquier irregularidad. Sánchez ha repetido que mantiene su confianza en el expresidente y ha pedido respetar la presunción de inocencia, la última vez el pasado 23 de septiembre. Sobre las joyas intervenidas, valoradas en 1,3 millones de euros y que Zapatero atribuye a un regalo de Arabia Saudí recibido en Moncloa, el presidente optó por la prudencia: ‘Vamos a ver en qué se traduce esto, y luego cuando ya tengamos esos datos le daré respuesta a esa pregunta’.
El calendario suma además la comparecencia como investigado del financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven el 16 de octubre, señalado como presunto cerebro financiero del caso, y dos testificales previstas para el 19 de noviembre. Nada nuevo bajo el sol judicial.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz ha hecho de la prudencia su línea oficial. La dirección federal no comenta causas en curso, delega cualquier valoración en los servicios jurídicos y concentra el mensaje en lo que considera terreno propio: la gestión. El Grupo Parlamentario Socialista mantiene la disciplina y los barones —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra, Salvador Illa en la Generalitat— evitan alimentar el ruido. PP y Vox han intentado convertir cada fecha judicial en munición electoral, pero el argumentario socialista responde con un dato: no hay imputación formal contra el partido.
El aterrizaje territorial es clave. En las comunidades donde el PSOE gobierna o cogobierna, la campaña se libra sobre sanidad, educación, y vivienda, no sobre expedientes judiciales. Ahí la dirección confía en que el votante de centro-izquierda priorice la gestión del Estado del bienestar frente a lo que considera una operación de desgaste.
Cabe recordar que el PSOE ya atravesó escenarios de presión judicial en legislaturas anteriores y que su respuesta histórica ha sido siempre la misma: separar la responsabilidad individual, colaborar con la justicia y no gobernar desde el atril del juzgado. El reto ahora es que esa estrategia aguante un calendario que sitúa una cita clave apenas 24 horas después de las urnas. La próxima ventana crítica será, precisamente, ese interrogatorio del 30 de noviembre.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Separar la responsabilidad individual de la institucional y anteponer la gestión al ruido judicial.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Declaración como investigadas de las hijas de Zapatero el 30 de noviembre, un día después de las elecciones.
