La Fiscalía Europea ha remitido a la Audiencia Nacional, que instruye la causa Hidrocarburos, toda su investigación sobre la rama portuguesa de empresas radicadas en el país vecino y que supuestamente habrían sido utilizadas para evadir parte de los 182 millones de euros que los investigadores sostienen que escaparon del control de la Hacienda española.
En concreto, la fiscal europea Olga Muñoz sostiene entre sus conclusiones que «entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués, en cuentas pertenecientes a empresas portuguesas, transferidas desde cuentas bancarias en España, por orden de las empresas españolas Canarias Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000».
De estos 27,9 millones de euros, al menos 9 millones habrían vuelto a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones de euros fueron al Reino Unido (brókeres de criptomonedas) y otros 3 millones de euros se han repartido a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones (Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etc.), según la Fiscalía.
El mismo informe recoge que «en Portugal, quedaron un máximo de 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones de euros fueron incautados en las siguientes cuentas bancarias (…)» y el documento recoge un total de 17 cuentas bancarias, dos de ellas a nombre de Víctor de Aldama, considerado en la causa española uno de los principales organizadores de esta trama junto a Claudio Rivas.
Un análisis combinado de las pruebas recogidas en el procedimiento, es decir, información bancaria y fiscal, fuentes abiertas, una copia de la OEI emitida por las autoridades nacionales españolas y la información recopilada en el Anexo A de Cooperación Internacional –España, indica que casi todas las empresas que figuran como con sede social en Portugal, que recibieron fondos de empresas españolas, no realizan realmente ninguna actividad económica, ni los flujos financieros que se trasladaron en sus cuentas bancarias corresponden a operaciones comerciales, siendo estas meras transferencias de fondos», explica la Fiscalía.
Se da la extraña circunstancia de que estas empresas «no han realizado ninguna actividad económica», pero «algunas emitieron facturas y/o declararon importes en sus declaraciones que eran más o menos consistentes con los flujos financieros mostrados en sus extractos bancarios. Sin embargo, a pesar de esta coherencia, un análisis general de toda la información disponible no apoya la conclusión de que esta documentación y reporte correspondan a operaciones económicas reales ni que las empresas tengan alguna actividad, ya que esta declaración fiscal se ha realizado para justificar la transferencia de fondos», apunta el documento.
Añade la Fiscalía que «en España se está llevando a cabo una investigación penal, cuyo objeto coincide íntegramente con el de estos procedimientos, que investiga a una organización criminal que operó en ese país entre 2022 y 2024, con el objetivo de evitar el pago del IVA y basada en dos estructuras. Una por fraude fiscal, compuesta por empresas españolas y la otra para blanquear los productos del delito, compuesta por empresas portuguesas y españolas».
Las investigaciones de los fiscales europeos confirman que este análisis de las empresas portuguesas «es coherente con lo que ya se ha identificado en la investigación penal en curso en España, es decir, el objeto de esta investigación forma parte de la segunda estructura de la investigación penal española, destinada a blanquear los bienes del delito».
No hay fraude en Portugal de hidrocarburos
«Por tanto, a partir del análisis combinado de las pruebas recogidas en los procedimientos, concluimos que las personas jurídicas y físicas mencionadas aquí no obtuvieron, en Portugal, las ventajas financieras ilegítimas mencionadas en el artículo 103(2) del Régimen General de Delitos Fiscales portugueses, es decir, no se ha cometido fraude fiscal en Portugal», asegura el documento.
Por eso la fiscal decide remitir toda su información a la Audiencia Nacional, ya que se escapa de sus competencias al no existir un delito en otro país europeo.
Sin embargo, la conclusión de la fiscalía es que «estamos tratando con un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la debida declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España».
La fiscalía europea lo tiene claro: «estas empresas españolas del sector de combustibles estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones de IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España».
Las empresas portuguesas investigadas por los fiscales fueron Labirinto Da Bruma Unipessoal, Detalhes Adequados LDA, Cálculo Corrente Unipessoal LDA, Cifracrobática Unipessoal LDA, Diálogo Erudito Unipessoal, Aristogiraffe Unipessoal LDA, Atmosferaudaz Unipessoal y Aroundpages LDA.
