Cristina Álvarez, ayudante de Begoña Gómez en Moncloa, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que la imputa por un delito de malversación. La acusación popular, aglutinada en torno a Hazte Oír, pide para ella seis años de cárcel, mientras que la Fiscalía no acusa de nada. De hecho, la fiscalía no presentará acusación contra ella ni contra Begoña Gómez, ni contra el empresario Juan Carlos Barrabés, al no apreciar comportamientos delictivos en ninguno de ellos.
El abogado de Álvarez sostiene en su escrito que su defendida «no intervino personalmente en la contratación con Arsys Internet SLU del dominio a nombre de Blanca de Juan, ni en su posterior transferencia a Begoña Gómez», en referencia a la contratación del dominio relacionado con la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) y añade que «Blanca de Juan no necesitó de la ayuda de Cristina Álvarez para contratar el dominio web a su nombre».
De Juan es la persona de enlace de la Universidad Complutense de Madrid que se encargaba de tratar todo lo relativo a la cátedra que impartía Gómez con la universidad, actuando a modo de enlace.
Por eso el abogado de Álvarez dice que «en todas las reuniones y comunicaciones de Cristina Álvarez con la OTRI intervino también Blanca de Juan, que asistió a las reuniones y figuraba como destinataria en los correos. Por tanto, la información sobre los trámites de registro del software y de contratación del dominio que recibió Cristina Álvarez por parte de la OTRI, también la recibió Blanca de Juan, que podía utilizar esa información sin la ayuda de Cristina Álvarez».
Alega la defensa de Álvarez que «este no es el único caso en el que el dominio de una cátedra o un master de la Universidad Complutense figura a nombre de su directora y no de la Universidad. Por ejemplo, el dominio de la página web del “Master de Formación Permanente: Sostenibilidad ESG” lo contrató su directora, (…), a su propio nombre, sin que la Universidad se haya opuesto a ello ni lo haya denunciado».
Instrucciones de Begoña Gómez
Añade que «en todo lo relacionado con el software y con el dominio, Cristina Álvarez actuó siempre siguiendo instrucciones de Begoña Gómez y en el convencimiento de no estar realizando nada que sea ilegal o estuviera prohibido».
Sobre el registro de la marca denominada «Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org» a nombre de Begoña Gómez, que fue solicitada y registrada directamente y a título personal por la propia Begoña Gómez, Cristina Álvarez no intervino en la constitución de la sociedad Transforma TSC S.L., de la que se encargó personalmente Begoña Gómez».
El letrado de Álvarez incide en que «la propia acusación reconoce que quien ejecutó materialmente el registro y la transferencia del dominio fue Blanca de Juan, a quien, significativamente, no se acusa».
Y luego explica que «es un disparate -solo explicable por la intencionalidad exclusivamente política y mediática que mueve a la acusación popular- acusar a mi mandante de cooperación necesaria en la contratación de un dominio mientras se reconoce que esa contratación la llevó a cabo en solitario y sin ayuda doña Blanca de Juan».
El abogado justifica la presencia de Álvarez junto a Begoña Gómez en que «debido a la estrecha relación -laboral como asistente, y personal como amiga- que mantenía con ella, Cristina Álvarez ayudó voluntariamente a Begoña Gómez en algunas tareas administrativas relacionadas con la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, de la que Begoña Gómez era codirectora».
Sobre la renovación del dominio de la cátedra, «el 11 de septiembre de 2024, a través de su Letrado, Begoña Gómez informó a la Universidad Complutense de la necesidad de renovación del dominio, que caducaba diez días después, y se le advertía de que Begoña Gómez no iba a proceder a su renovación, por si la Universidad Complutense deseaba registrarlo a su nombre o al de algún empleado de la Universidad y así mantenerlo activo. Tras recibir aquel correo, la Universidad Complutense no llevó a cabo ninguna gestión, de modo que el dominio caducó y, en consecuencia, los internautas dejaron de tener acceso al software», termina el escrito del letrado.
