El Partido Popular ha movido ficha para frenar el real decreto que regulará los centros de datos en Aragón. La dirección nacional del partido reunió el pasado lunes a los dirigentes de las once comunidades autónomas que gobierna.
La reunión buscaba acordar una posición común frente al proyecto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La norma, tal y como está concebida, impacta sobremanera en dos territorios, Aragón y Madrid, que aglutinan la mayoría de las milmillonarias iniciativas tecnológicas que quieren instalarse en España.
Génova no ha movido ficha por casualidad. Las once comunidades gobernadas por el PP comparten el temor a que el nuevo marco normativo enfríe proyectos en cartera y genere un efecto disuasorio sobre los operadores. La prioridad es articular una voz única ante el Gobierno central.
La ofensiva del PP y el foco aragonés
En el centro de la conversación apareció de nuevo Aragón. La comunidad se ha consolidado como uno de los polos más activos en la captación de centros de datos, junto a Madrid. Esa concentración explica la inquietud del PP territorial: un freno regulatorio afectaría antes a quienes ya tienen proyectos en tramitación.
El Gobierno de Aragón es uno de los once ejecutivos que participaron en la reunión. No ha detallado por ahora enmiendas concretas, pero comparte la lectura de que el borrador puede restar competitividad a los territorios que han apostado por la tecnología.
Aragón y Madrid concentran la mayoría de las iniciativas milmillonarias que el decreto puede condicionar.
Qué plantea el real decreto y qué está en juego
Según el PP, la redacción actual condiciona el desarrollo de los centros de datos sin atender de manera suficiente a los territorios que ya han captado inversión. El Gobierno central quiere poner coto al desembarco de estas infraestructuras.
La tensión entre el Ejecutivo central y las comunidades del PP no es nueva. Ahora se canaliza a través de una norma con impacto económico directo. La batalla no es solo política: es una pugna por el reparto de la inversión tecnológica.
El real decreto aún se encuentra en fase de proyecto. No hay, por tanto, una votación parlamentaria cerrada ni un texto definitivo. Ese margen es el que quiere aprovechar el PP para presentar alegaciones y forzar una negociación territorial.
El Pulso Territorial
La lectura autonómica del choque es clara. Las once comunidades gobernadas por el PP tratan de actuar como bloque para que la norma no aleje un capital tecnológico que, en el caso aragonés, resulta estratégico.
Los precedentes regionales muestran un patrón: las comunidades con suelo disponible, acceso a energía y buena conectividad han sido las principales receptoras de los centros de datos. Aragón quiere conservar esa posición y evitar que la regulación central la diluya.
El proyecto deberá superar todavía la fase de consultas. La coordinación popular busca condicionar el texto antes de que se someta a aprobación, en un calendario que por ahora no está cerrado. La incógnita es si el ruido político acelerará o retrasará la tramitación.
Ficha Autonómica
- El caso: La dirección nacional del Partido Popular reunió a once comunidades autónomas para fijar una posición común contra el real decreto que regulará los centros de datos, con impacto especial en Aragón.
- Datos importantes: Once ejecutivos autonómicos del PP, un proyecto de real decreto estatal y dos territorios que aglutinan la mayoría de las inversiones tecnológicas.
- Resumen: El PP busca una voz única antes de que el texto avance; no hay votación parlamentaria ni redacción final aprobada.
