El Sergas ha iniciado la vía judicial contra el cártel de los pañales. La sanidad pública gallega quiere recuperar parte de los 153 millones de euros que pagó por absorbentes con precios pactados entre 1996 y 2014.
Un mercado intervenido durante casi dos décadas
Según la resolución de la CNMC —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, el cártel operó al menos desde diciembre de 1996 hasta enero de 2014. No se trataba de pañales infantiles, sino de absorbentes para la incontinencia urinaria de adultos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Las empresas coordinaron sus movimientos a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).
El producto era esencial y cotidiano. Miles de personas con problemas graves de incontinencia acudían a las farmacias con una receta: el paciente pagaba una parte y la sanidad pública el resto. En cambio, las administraciones podían comprar directamente mediante concursos públicos para residencias y centros sociosanitarios. Los precios concertados llegaron a ser aproximadamente el doble de los obtenidos mediante licitaciones públicas.
El control del mercado era abrumador. Las empresas implicadas llegaron a reunir en torno al 95% del mercado de absorbentes para incontinencia. Además, interpusieron de forma coordinada recursos contra licitaciones para suministrar directamente a residencias y centros sociosanitarios, con el objetivo de mantener el negocio en el canal más rentable.
La vía administrativa terminó en mayo de 2016, cuando la CNMC impuso multas por un total de 128,8 millones de euros. Una de las compañías se acogió al programa de clemencia y destapó unas prácticas que se habían prolongado durante cerca de 18 años. A partir de ahí, la batalla se trasladó a los tribunales.
La factura gallega y el nuevo frente judicial
El análisis del Sergas ha identificado 140,8 millones de euros pagados entre 2004 y 2014. A esa cifra se suman las compras realizadas desde 1996 hasta 2004, un período más difícil de reconstruir por los sistemas de facturación de entonces. La estimación total ronda los 153 millones de euros. Eso no garantiza una recuperación automática.
Galicia no reclama los 153 millones de forma automática: primero debe demostrar cuánto pagó de más por un mercado donde la competencia estaba trucada.
La Xunta ha autorizado la contratación de asistencia jurídica especializada y la elaboración de una prueba pericial para determinar con precisión el perjuicio económico provocado por las prácticas anticompetitivas. Ese cálculo será el que concrete cuánto podrá exigir finalmente el Sergas ante los tribunales.
El caso no se limita a una cuestión administrativa. Arranca de una distorsión grave del mercado sanitario español y de la financiación pública de un producto esencial. La coordinación de precios y los recursos contra los concursos buscaban blindar un canal de dispensación más costoso para las arcas públicas. Galicia considera que esa conducta puede tener consecuencias indemnizatorias.
El Laboratorio Gallego
La reclamación del Sergas se produce en un contexto político gallego en el que la Xunta, gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta desde 2009, maneja los hilos de una sanidad autonómica que ha financiado este mercado durante casi dos décadas. La oposición, encabezada por el BNG y el PSdeG, no ha convertido esta ofensiva judicial en un campo de batalla partidista: se trata, sobre todo, de una disputa técnica por fondos públicos. El PPdeG, socio del Partido Popular en Galicia, ve en esta reclamación una vía para defender la gestión autonómica frente a los sobrecostes externos.
La dimensión nacional es evidente. El cártel de los pañales afectó al conjunto del Sistema Nacional de Salud, no solo a Galicia, y la sanción de la CNMC en 2016 se impuso sobre un mercado de ámbito estatal. La decisión gallega de acudir a los tribunales puede abrir la puerta a que otras comunidades autónomas calculen su propio perjuicio. Galicia actúa aquí como un posible banco de pruebas jurídico. Si el peritaje logra cuantificar el daño, otras administraciones podrían seguir el mismo camino.
El siguiente paso será la presentación de la reclamación una vez que concluya el informe pericial. No hay una fecha cerrada, pero la Xunta ya ha desbloqueado la contratación de los expertos. Ese calendario marcará si Galicia consigue transformar una resolución administrativa de hace una década en una indemnización efectiva para las arcas autonómicas.
Ficha del Caso
- El caso: El Sergas reclama por los sobrecostes de un cártel de absorbentes para incontinencia que operó entre 1996 y 2014 y que fue sancionado por la CNMC.
- Datos importantes: 140,8 millones identificados entre 2004 y 2014; estimación total de 153 millones; multas de 128,8 millones en 2016; los precios de farmacia doblaban a los de concurso público.
- Resumen: Galicia encarga un peritaje para cuantificar el daño y preparar una demanda; si funciona, puede marcar el camino para otras autonomías.
