Vox ha abierto la primera crisis del pacto de gobierno en Andalucía por la acogida de menores de Ceuta.
Qué exige Vox y con qué argumentos
El grupo parlamentario de Vox ha solicitado la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición para revisar la política migratoria de la Junta de Andalucía. Según su portavoz parlamentario, Javier Cortés, la formación exige al Gobierno de Juanma Moreno que rechace la llegada de menores migrantes no acompañados desde Ceuta, que deje sin efecto el convenio de colaboración con la ciudad autónoma y que retire las subvenciones a entidades sociales que colaboran con las redes de tráfico humano.
Si el Gobierno activa el traslado obligatorio de menores a Andalucía, Cortés reclama usar todos los medios políticos y legales para oponerse y, en última instancia, retrasar o dificultar la acogida. El pacto de coalición firmado en mayo ya incorporaba un rechazo explícito a más acogidas, con la consigna ‘No más MENAS’, sin saltarse la legislación vigente, según el documento.
El convenio suscrito en 2021 y renovado en enero de 2024 perseguía, según su texto, ‘agilizar’ la derivación e integración de menores migrantes y aliviar la crisis de Ceuta. Lo firmaron la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores López, y el consejero de Presidencia y Gobernación ceutí, Alberto Ramón Gaitán. La Junta lo concibió como un instrumento de cooperación interautonómica estable en el tiempo. Vox considera que aquella herramienta nació para una contingencia distinta y debe quedar suspendida mientras se aclara la naturaleza de lo ocurrido.
La crisis ha dejado 145 vidas en el mar y ha tensionado los servicios públicos de la ciudad autónoma. Se desencadenó con la entrada irregular de en torno a 80.000 personas a comienzos de agosto. Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional apunta, según los datos conocidos, a Marruecos como instigador de la entrada masiva de inmigrantes. Para Vox, ese dato refuerza la necesidad de no aplicar un convenio pensado para contingencias ordinarias, no para una operación contra la soberanía.
La reacción del PP y el choque con la izquierda
El PP ha optado por rebajar la tensión. ‘De momento, no hay tensiones entre los socios’, aseguró la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España. El portavoz parlamentario popular, Toni Martín, cuestionó el convenio que su propio gobierno mantiene activo al afirmar que la situación de Ceuta ‘pone claramente en duda que estemos ante una contingencia migratoria’.
La mesa de seguimiento del pacto queda en el aire: Vox pide convocarla ya y el PP rebaja la presión mientras el convenio con Ceuta sigue activo.
La izquierda ha elevado el tono. El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha denunciado el ‘mensaje prevaricador’ del socio del gobierno andaluz y ha anunciado acciones legales si la exigencia de Vox se concreta. También ha criticado que la Fiscalía no actúe de oficio. Vox rechaza el término. Para la formación, oponerse a un traslado forzoso no es un delito, sino un ejercicio de responsabilidad institucional ante una crisis que no puede tratarse como una contingencia migratoria.
El PSOE ha optado por no acudir a las concentraciones de solidaridad con Ceuta del miércoles, aunque algunos alcaldes socialistas desoyeron la directriz.
Un dato sitúa el debate: a 30 de junio, Andalucía acogía a 1.669 menores migrantes no acompañados. Su capacidad estructural es de 3.009 plazas, según la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La cifra equivale al 55,47% de la capacidad ordinaria. La Consejería de Inclusión Social y Juventud no ha actualizado si ha recibido más menores por la crisis de Ceuta ni si el Gobierno ceutí ha invocado el convenio.
La estrategia de Vox y lo que está en juego en el pacto
La crisis no es solo migratoria: es el primer test de la coalición andaluza. Vox quiere demostrar que su entrada en el gobierno de Juanma Moreno cambia políticas concretas, no solo el discurso. El partido asume que su exigencia de oponerse con todos los medios legales a los traslados obligatorios puede tensar la legalidad, pero prioriza el pulso frente al PP y frente al Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego.
Analizamos el movimiento con sobriedad: el precedente pesa. En las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el PP perdió la mayoría absoluta y necesitó a Vox para gobernar. El pacto incorporó una parte sustancial del programa antiinmigración de Vox. Ahora, la formación usa la mesa de seguimiento como palanca para que aquel compromiso no quede en papel. Si el PP cede, puede quedar fuera de la legalidad; si no cede, Vox obtiene la batalla política que busca. La mesa sigue sin fecha.
