La dimisión de Hanno Pevkur como ministro de Defensa de Estonia ha abierto una crisis institucional en Tallin. El detonante: 70 millones de euros (unos 81 millones de dólares) anticipados por proyectiles de artillería para Ucrania a una empresa sin experiencia acreditada en fabricarlos y con un resultado, según el diario Eesti Ekspress, inútil y defectuoso. La información la recogió el miércoles la cadena rusa RT.
No se trata de una crisis menor. Estonia ha sido uno de los países más activos en presionar a los socios europeos para acelerar el envío de munición a Kiev, y el escándalo estalla con el flanco oriental de la OTAN en alerta permanente.
El contrato, la empresa y los anticipos que lo hicieron estallar
El origen del contrato se remonta a agosto de 2024, cuando el Gobierno estonio firmó con la firma italiana Datasel, propiedad de la india Neco Defence Munitions, un acuerdo para suministrar munición de artillería a Ucrania. Según el relato publicado, Tallin adelantó 15 millones de euros pese a que ninguna de las dos compañías contaba con historial previo en la fabricación de proyectiles.
El calendario de pagos llama la atención: 15 millones en agosto, 10 más en octubre y dos contratos adicionales pese a los retrasos. Todo apunta a un fallo de control interno en la agencia estonia de inversiones de defensa, que debería haber bloqueado la operación desde la primera señal de riesgo.
En octubre se firmó un segundo acuerdo con otros 10 millones de euros por adelantado. La primera entrega debía llegar a Ucrania en noviembre de 2024, pero Datasel comunicó problemas y retrasó los envíos de forma repetida. Aun así, Estonia cerró dos contratos más con la misma empresa. El resultado final: anticipos por alrededor de 70 millones de euros.
El dinero no salió directamente del presupuesto ordinario estonio: procedía del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el instrumento de la Unión Europea que ha financiado buena parte de la asistencia militar a Ucrania. Ahora, Tallin disputa los contratos ante el Tribunal Europeo de Arbitraje en Estrasburgo.
La magnitud del fallo no reside solo en el importe. La empresa no fabricó la munición a tiempo y, cuando llegó, los proyectiles quedaron almacenados en un país europeo porque, según Pevkur, no tenían calidad suficiente para enviarse al frente. El secretario general del Ministerio de Defensa estonio, Kaimo Kuusk, fue aún más duro: calificó la remesa de ‘completamente incompleta’.
El problema no es solo la munición defectuosa: es que el error se produjo en el país báltico que más ha presionado a otros socios para acelerar el rearme.
De la responsabilidad política a la guerra de versiones en Tallin
Pevkur asumió la responsabilidad política y anunció su dimisión, aunque seguirá en funciones hasta que se designe un sustituto. En su defensa, trazó una línea clara: el ministro de Defensa no negocia contratos, no cuenta calcetines ni munición; decide el respaldo a Ucrania. La responsabilidad operativa, vino a decir, recae en la agencia estonia de inversiones de defensa, el RKIK.
El director del RKIK, Elmar Vaher, reconoció el fallo de la agencia pero apuntó a su predecesor, Magnus-Valdemar Saar. No puedo ver dentro de la cabeza de la gente para saber cómo pensaban’, declaró a la radiotelevisión pública ERR. El intercambio de culpas deja una imagen incómoda para un país que presume de controles estrictos en contratación de defensa.
La dimisión no resuelve el agujero. Estonia intenta recuperar el dinero en Estrasburgo, pero el arbitraje puede alargarse años. Mientras, la munición sigue retenida y no sirve para el frente.
Equilibrio de Poder
Este escándalo no es un episodio local. Estonia forma parte del flanco báltico de la OTAN, comparte frontera con Rusia y ha sido uno de los socios más vocales en el apoyo militar a Kiev. Que un aliado tan comprometido falle precisamente en la compra de munición de artillería para Ucrania alimenta el argumento de Moscú sobre la corrupción del rearme occidental. No hace falta compartir la propaganda del Kremlin para reconocer que el caso erosiona la credibilidad del modelo de adquisiciones financiado por Bruselas.
En Bruselas, la lectura es incómoda. El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz ya ha sido objeto de críticas por sus controles. La revelación de que los anticipos estonios salieron de ese fondo pone presión sobre la Comisión Europea para explicar los mecanismos de diligencia debida. Washington observa con lógica transaccional: si un socio europeo no garantiza que el dinero se convierte en munición útil, el argumento para que Europa asuma más carga se debilita.
El precedente de Estonia recuerda a los cuellos de botella de 2022 y 2023, cuando la demanda de proyectiles de 155 milímetros desbordó la oferta y empujó a los gobiernos a aceptar riesgos con proveedores no verificados.
Para España, el impacto directo es limitado. No hay contratos españoles en el expediente y la frontera sur no está implicada. Pero la lección sí es relevante: la carrera por gastar más en defensa sin reforzar a la vez los órganos de supervisión de compras puede producir lo contrario a la disuasión. En Moncloa y en el Ministerio de Defensa deberían leer este expediente antes de acelerar el ciclo inversor que exige la OTAN.
A medio plazo, el episodio puede acelerar la centralización europea de las compras de munición. Si las capitales no confían en los mecanismos nacionales, la alternativa lógica es un fondo común con control reforzado. O puede ocurrir lo contrario: que algunos estados frenen transferencias a Ucrania hasta blindar sus propios procesos. La próxima ventana crítica serán las comparecencias de los ministros de Defensa bálticos y la publicación de nuevas resoluciones del procedimiento en Estrasburgo.
