Vox ha cargado esta semana contra el Gobierno Vasco por reaplicar la semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’. La medida se apoya en el artículo 100.2 del régimen penitenciario y llega pese al rechazo que la Audiencia Nacional expresó en abril. La reapertura del caso reaviva el pulso de Vox contra el nacionalismo vasco en un asunto especialmente sensible para las víctimas.
La denuncia de Vox contra la semilibertad de ‘Anboto’
La decisión parte del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que ha firmado la concesión del artículo 100.2 después de que la Junta de Tratamiento propusiera un cambio de régimen para la exdirigente de ETA. El expediente autoriza a Iparraguirre a realizar actividades de voluntariado fuera de la prisión, con salidas controladas y reguladas. La decisión se conoció esta semana y ha reavivado el debate sobre la política penitenciaria transferida.
En la práctica, la exjefa de ETA podrá salir del centro penitenciario de lunes a viernes y deberá pernoctar cada noche en la cárcel. Los fines de semana permanecerá en el interior. No se trata de una excarcelación, pero sí de una flexibilización significativa del cumplimiento. La aplicación efectiva del nuevo régimen está prevista para los próximos días.
La interna cumple condena en la prisión de Martutene, en Gipuzkoa. El Gobierno Vasco ya le había autorizado este mismo año un régimen similar, pero la Audiencia Nacional paralizó su ejecución. En abril, el juez José Luis Castro frenó una autorización idéntica tras valorar los informes penitenciarios.
El diputado de Vox Francisco José Alcaraz, víctima del terrorismo, ha cargado contra la decisión. En declaraciones a La Gaceta, ha sostenido que ‘sin duda alguna, éste es el mejor Gobierno que podían tener los asesinos de la banda terrorista ETA’.
Para Alcaraz, la medida ‘está culminando el proceso de negociación que comenzó Zapatero y que incluía la libertad de todos sus asesinos, no cumpliendo íntegramente las penas y acudiendo a subterfugios legales como las concesiones a Vascongadas en materia penitenciaria para derivar la responsabilidad’.
La decisión del Gobierno Vasco coloca de nuevo a la Audiencia Nacional en el centro y convierte la semilibertad en munición política para Vox.
El rechazo de la Audiencia Nacional y la reacción del Gobierno Vasco
No es la primera vez que esta semilibertad se intenta. En abril, el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Audiencia Nacional rechazó la aplicación del régimen que había autorizado el Gobierno Vasco.
Aquel auto lo firmó el juez José Luis Castro. Ahora vuelve a plantearse un escenario similar, con la particularidad de que el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha vuelto a validar la propuesta de la Junta de Tratamiento.
La semilibertad queda condicionada a un plan de ejecución para actividades laborales o de voluntariado. En el caso de ‘Anboto’, las salidas se orientan a labores de voluntariado que deben estar controladas y reguladas por las autoridades penitenciarias. El plan no es definitivo: queda sujeto al cumplimiento de las condiciones y a la revisión de los órganos penitenciarios.
Las víctimas del terrorismo han expresado su indignación ante la decisión. Esta semana, además, han denunciado la marcha por los presos de ETA en las fiestas de Bilbao, al considerar que busca ‘convertir a los asesinos en víctimas’.
La estrategia de Vox frente al nacionalismo vasco
Para el partido, la decisión no es un hecho aislado. La dirección de Vox la enmarca en el proceso de negociación que, según su argumentario, se inició con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que prolongan hoy los gobiernos de coalición con socios nacionalistas. La lectura de Vox es que estas reaplicaciones solo son posibles gracias a la estructura autonómica penitenciaria y a la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante sus aliados nacionalistas.
En ese marco, la concesión a Iparraguirre refuerza el discurso de Vox contra el nacionalismo vasco y contra las transferencias penitenciarias. Alcaraz ha llegado a hablar de ‘una traición a los vivos y a los muertos’. La primera prueba parlamentaria no tardará en llegar.
La próxima batalla parlamentaria será la reacción del Gobierno central ante una medida que el partido considera una burla a las víctimas. Vox intentará trasladar el caso al Congreso de los Diputados en las próximas semanas. La presión puede extenderse también al Senado, donde el grupo de Vox ha utilizado en otras ocasiones la tribuna para exigir explicaciones al Ejecutivo.
