EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Asamblea de Extremadura ha convalidado el decreto-ley de urbanismo que deja de computar las terrazas cubiertas.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de PP y Vox defiende la reforma para acelerar la construcción de vivienda.
- ¿Qué impacto tiene? Las terrazas de hasta el 30% de la vivienda no consumirán edificabilidad y la vivienda protegida ganará hasta un 20% de edificabilidad.
La Asamblea de Extremadura ha convalidado el decreto-ley de urbanismo que permite que las terrazas no computen edificabilidad. La norma, aprobada por la Junta de Extremadura el pasado 28 de julio, busca acelerar la construcción de vivienda y recortar plazos administrativos.
Qué cambia en el urbanismo extremeño
La medida más visible afecta a las terrazas cubiertas: las que no superen el 30% de la superficie total de una vivienda dejan de consumir edificabilidad, la capacidad constructiva permitida en una parcela. En la práctica, esa superficie liberada permite aprovechar mejor la parcela y, cuando el resto de parámetros urbanísticos lo permitan, levantar más viviendas. La medida no se limita a la vivienda protegida.
Para la vivienda protegida llega una prima específica. La edificabilidad podrá incrementarse hasta un 20% en parcelas privadas y hasta un 30% en las de titularidad pública, siempre que el aumento se destine íntegramente a vivienda protegida. El decreto crea además los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, un procedimiento que concentra planeamiento, gestión, y ejecución urbanística para abrir suelo con mayor rapidez. También permite que determinados suelos terciarios sin demanda puedan acoger vivienda protegida sin necesidad de modificar antes el planeamiento.
La licencia de primera ocupación se sustituye por una declaración responsable. El urbanizador puede ocupar el inmueble desde la presentación de la documentación, aunque el ayuntamiento mantiene la obligación de comprobar después que se cumplen las condiciones. La reforma crea las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), entidades privadas autorizadas para revisar proyectos y certificar su adecuación a la normativa. La Junta sostiene que son un apoyo técnico para acelerar expedientes; la oposición ve una privatización del control.
La votación y la crítica de la oposición
La convalidación salió adelante con los votos de PP y Vox, los dos partidos que sostienen el Gobierno de María Guardiola. PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra y reclamaron que la norma se tramite como proyecto de ley para poder modificarla. El socialista Juan Ramón Ferreira acusó al Gobierno autonómico de «desregularizar el planeamiento urbanístico» y dejar los municipios «en manos de los promotores».
La diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto advirtió de que agilizar trámites no puede equivaler a reducir controles públicos. La crítica apunta sobre todo a las ECU: un promotor con capacidad económica podría pagar una certificación privada y saltarse la cola, mientras otros esperan unos servicios públicos «saturados y faltos de personal», según denunció Ferreira.
Agilizar trámites no puede significar lo mismo que rebajar controles sobre el territorio.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, defendió la reforma como una respuesta a una evidencia: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo entre los jóvenes. El diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos subrayó que la medida responde también a demandas de alcaldes socialistas, que quieren aprobar planeamiento con mayor rapidez.
Desde Vox, Ángel Pelayo fue más lejos: responsabilizó a las políticas de izquierda de las dificultades de acceso a la vivienda y reclamó derogar la Ley estatal de Vivienda. El partido exige suelo, promociones viables y menos tiempos administrativos para que administraciones, cooperativas y promotores puedan construir.
El Pulso Territorial
La convalidación confirma la aritmética del Gobierno de María Guardiola. PP y Vox suman justo los 33 escaños que marcan la mayoría absoluta en una Asamblea de 65 diputados, y cada decreto-ley se convierte en una prueba de cohesión de la coalición. No es un detalle menor: la Junta ya recurrió al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo el Plan de Vivienda del Gobierno central, y ahora legisla por la vía de urgencia para acelerar la oferta residencial.
La tensión no es exclusiva de Extremadura. Otras autonomías están acortando trámites urbanísticos para responder a la crisis de vivienda, pero la peculiaridad extremeña está en concentrar la prima de edificabilidad en la vivienda protegida, no en la libre. Lo que viene ahora es la aplicación municipal: los ayuntamientos deberán adaptar sus procedimientos a las declaraciones responsables y a las certificaciones privadas. La oposición ha pedido tramitar el texto como proyecto de ley y el pleno se lo ha rechazado; el decreto queda en vigor.
Ficha Autonómica
- El caso: La Asamblea de Extremadura convalida un decreto-ley urbanístico que modifica reglas de edificabilidad y control municipal.
- Datos importantes: Terrazas de hasta el 30% de la vivienda no computan; +20% de edificabilidad para vivienda protegida en suelo privado y +30% en público; sustitución de la licencia de primera ocupación por declaración responsable; creación de las ECU.
- Resumen: La norma queda en vigor con el apoyo de PP y Vox; la oposición votó en contra y pidió sin éxito su tramitación como proyecto de ley.
