El partido político Iustitia Europa ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo sus alegaciones en el trámite urgente abierto tras la Providencia de 6 de octubre, en relación con el emplazamiento de los potenciales afectados y con el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado contra el Auto de 10 de septiembre de 2026 que suspendía los efectos electorales de la Ley de Nietos. Se ha solicitado al Supremo que mantenga íntegramente la vigencia y eficacia de las medidas cautelares y que desestime el recurso de reposición de la Abogacía del Estado. El partido sostiene que el emplazamiento personal debe quedar vinculado a la existencia de una afección jurídica singular y a la posibilidad real de identificar al interesado conforme a los artículos 21 y 49 LJCA.
El escrito destaca una circunstancia especialmente grave: la propia documentación aportada por la Administración reconoce que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA contienen el dato necesario para conocer directamente la concreta vía de adquisición de la nacionalidad. Para determinarla, la Administración admite que debe acudir al examen individual de 168.896 expedientes, diferenciar la forma en que se resolvió cada uno y contrastar posteriormente esa información con los registros consulares y censales.
Para Iustitia Europa esta circunstancia sitúa en el centro del procedimiento una contradicción esencial: el Estado pretende extraer consecuencias contra las medidas cautelares de una carencia de información que existe dentro de sus propios sistemas administrativos. El escrito presentado ante el Supremo sostiene que la identificación de los interesados corresponde materialmente a la Administración, que custodia los expedientes y dispone de los registros necesarios, mientras que al Tribunal corresponde garantizar el correcto emplazamiento de quienes resulten efectivamente identificables.
El letrado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, señala: «El Gobierno pretende que el Tribunal Supremo pague las consecuencias de una falta de trazabilidad que su propia Administración ha reconocido por escrito. Durante años han gestionado las nacionalidades, los registros consulares y las altas censales sin incorporar un dato que ahora resulta esencial, y pretenden utilizar precisamente esa carencia para atacar las cautelares acordadas por el Supremo. Sus propios informes dicen que hay que revisar individualmente 168.896 expedientes para saber quién está realmente afectado. El problema está en los sistemas de la Administración; la resolución cautelar la ha dictado el Poder Judicial y debe ser respetada y cumplida».
Pardo añade que «es difícilmente aceptable que el Estado invoque ahora la falta de emplazamiento de personas cuya concreta identificación, según reconoce la propia Administración, exige reconstruir expediente por expediente. El Gobierno no puede convertir una deficiencia de sus propios registros en una ventaja procesal para intentar dejar sin efecto una resolución judicial que le resulta incómoda. IUSTITIA EUROPA ha pedido al Supremo que garantice los derechos de quienes sean realmente identificables y que mantenga íntegramente las cautelares acordadas el 10 de septiembre».
La formación sostiene que la cuestión del emplazamiento y la vigencia de las medidas cautelares responden a presupuestos jurídicos distintos. En su escrito recuerda que el artículo 49 LJCA vincula el emplazamiento personal a la identificabilidad del interesado y defiende que la imposibilidad administrativa de individualizar actualmente a toda esa pluralidad no puede convertirse en el mecanismo para hacer decaer las cautelares.
La actuación judicial se produce, además, con el proceso electoral ya en marcha. Iustitia Europa, partido político que concurre a las próximas elecciones generales por la circunscripción de Madrid, recuerda que los comicios están convocados para el 29 de noviembre de 2026, lo que, a juicio de la formación, intensifica la urgencia y la trascendencia de la decisión que debe adoptar el Tribunal Supremo.
El propio escrito destaca que el riesgo cautelar se proyecta ahora sobre un proceso electoral cierto y sobre un censo ya cerrado.
Iustitia Europa ha solicitado expresamente la desestimación del recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado y la confirmación íntegra del Auto de 10 de septiembre de 2026 y de las medidas cautelares acordadas por el Tribunal Supremo
