Los diputados prometieron eliminarlas y siguen cobrándolas religiosamente. Entre la asignación constitucional —el sueldo base de un parlamentario— y lo que finalmente recibe hay un conjunto de indemnizaciones, ayudas y prestaciones que rara vez se detallan en los debates sobre transparencia, pero que se abonan con puntualidad cada mes o se renuevan cada legislatura. Ni la crisis, ni los recortes, ni los cambios de color político en el Gobierno y en la Cámara han alterado su existencia ni sus cuantías.
Esta lista no recoge el sueldo, sino las cinco ventajas que se suman a él y que los grupos prometieron retirar: desde los 1.823,97 euros mensuales de indemnización por alojamiento para quienes no tienen su circunscripción en Madrid hasta una pensión que valora cada año de escaño como si se hubiera trabajado con sueldo de alto funcionario. Todas comparten la misma lógica: se regulan mediante acuerdos internos o convenios con empresas y administraciones, y ninguna se ha suprimido pese a los anuncios.
1La dieta de alojamiento: 1.823,97 euros al mes para los diputados de fuera de Madrid
Los diputados elegidos por circunscripciones distintas a Madrid perciben cada mes una indemnización por gastos que, en la práctica, funciona como ayuda al alojamiento en la capital. La cuantía de referencia es de 1.823,97 euros mensuales, casi el doble de los 870,56 que reciben quienes fueron elegidos por Madrid, y se abona con independencia de que el parlamentario tenga o no una vivienda en la ciudad. La cantidad está exenta de IRPF porque la Cámara la considera compensación de gastos, y no hay que justificar en qué se emplea: el Tribunal Supremo archivó en 2013 la querella de Democracia Real Ya contra Mariano Rajoy y otros 60 diputados, subrayando que el dinero no tiene que destinarse necesariamente a alojamiento ni acreditarse ante el Congreso.
El compromiso de acabar con ella se ha repetido sin resultado. UPyD llevó a la Cámara la propuesta de retirarla a quienes ya vivían en Madrid, el PNV la respaldó y una petición ciudadana superó las 100.000 firmas en 2012, pero el complemento ha sobrevivido intacto a todas las legislaturas y ha ido subiendo: en 2026 los diputados de fuera de Madrid cobraban ya 2.078,92 euros al mes, frente a los 992,31 de los electos por Madrid. Ese mismo año se conoció que María Jesús Montero y Óscar Puente seguían percibiéndola —29.104,88 euros anuales en catorce pagas— pese a residir en viviendas oficiales pagadas por el Estado. Solo una renuncia expresa permite dejar de cobrarla.
