La Policía Nacional ve probable un ataque al sistema electoral el 29N de NoName057(16), autor de 447 ciberataques desde 2024.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los investigadores consideran probable que el grupo prorruso ataque objetivos españoles durante las elecciones generales del 29 de noviembre.
- ¿Quién está detrás? Un colectivo de hacktivistas nacido tras la invasión de Ucrania, con más de 400 ataques en España desde 2024 y sancionado por la Unión Europea el 16 de noviembre.
- ¿Qué impacto tiene? Galicia encara la cita con cuatro juntas provinciales, en torno a 2,2 millones de electores y casi medio millón de gallegos en el exterior.
447 ataques en menos de tres años y una célula desactivada en Burgos
NoName057(16) nació en los primeros compases de la guerra de Ucrania y convirtió la propaganda por saturación en su método de trabajo: caídas de webs institucionales, filtraciones y una capacidad de convocatoria que transforma cada operación en un espectáculo para sus canales. Desde el 16 de noviembre figura en el régimen de sanciones de la Unión Europea, que contempla la inmovilización de fondos. Bruselas no incluye a cualquiera en esa lista.
Los objetivos documentados dibujan un patrón. El Ministerio del Interior, el complejo de Moncloa y la Junta Electoral Central —esta última durante las generales de 2023—, además de entidades bancarias y empresas de transporte. Los investigadores suman 447 ciberataques atribuidos en España desde 2024, la cifra que convierte al grupo en la amenaza más persistente de cuantas vigila la Comisaría General de Información.
La operación más reciente terminó el pasado martes en Burgos. Un ciudadano español de 51 años, exvigilante de seguridad sin conocimientos informáticos, fue detenido por intentar constituir la primera célula física del grupo en España. Aparecieron carabinas, escopetas, y más de 5.000 cartuchos —algunos de uso militar—, además de tres monederos de criptomonedas. La Audiencia Nacional lo dejó en libertad provisional con medidas cautelares; según los investigadores, el arresto evitó que diera el salto a la violencia.
Horas después, canales afines difundieron insultos y mensajes intimidatorios contra el mando policial que dirigió la operación. La investigación sigue la pista de ‘Desinformador ruso’, un canal que los servicios de inteligencia españoles vinculan a Enrique Arias Gil, español fugado a Rusia, con orden internacional de detención y entre los más buscados por Europol por ciberterrorismo. En Burgos aparecieron adhesivos con el emblema de la organización y códigos QR que dirigían a sus canales.
El eslabón débil de una elección ya no está solo en la urna: está en el censo, en el correo y en la web donde se publican los resultados.
Cuatro juntas provinciales y medio millón de gallegos fuera

En esa ecuación, Galicia aporta una infraestructura discreta y decisiva. Las juntas electorales provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra son los órganos que en la noche del 29N ordenan el escrutinio y resuelven las reclamaciones, con un censo en torno a 2,2 millones de electores y el flujo del voto de los residentes en el exterior. En la lista de objetivos que maneja la Policía no aparece por ahora ninguna institución gallega. Eso no significa que Galicia esté fuera del mapa.
La seguridad de los sistemas autonómicos recae en la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), dependiente de la Xunta de Galicia, mientras el CCN-CERT —equipo de respuesta del Centro Criptolóxico Nacional, adscrito al CNI— cubre el perímetro estatal. A eso se suma el ecosistema de ciberseguridad que crece en la Cidade das TIC de A Coruña, el polo impulsado por la Universidade da Coruña. El patrón de ataques anteriores apunta a un objetivo más propagandístico que técnico.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG gobierna Galicia sin interrupción desde 2009 y Alfonso Rueda afronta la cita desde una posición cómoda: mayorías absolutas consecutivas, una oposición dividida en dos y una administración que ha hecho de la digitalización un relato de gestión. La seguridad del voto, sin embargo, no es competencia autonómica. El día electoral lo dirige el Estado; las comunidades aportan sede, censo y personal colaborador.
El BNG de Ana Pontón ha centrado buena parte de su fiscalización en sanidad, vivienda y servicios públicos, y la ciberseguridad apenas ha entrado en el debate parlamentario gallego. Ningún partido ha convertido el 29N en un pulso por la seguridad digital, y esa coincidencia dice algo del clima político gallego: aquí las infraestructuras se discuten por su financiación, no por su blindaje.
La lectura nacional es la que manda. El PSdeG se juega el domingo su condición de socio del Gobierno central, mientras el PP de Alberto Núñez Feijóo —trece años al frente de la Xunta, hasta 2022— llega a la cita con la maquinaria del día electoral en manos del Ministerio del Interior. El calendario aprieta: el voto exterior se resolverá en las juntas provinciales en las semanas siguientes y cualquier incidente obligará a explicar por qué el sistema aguantó. La incógnita no es si habrá ruido, sino si el grupo dará el salto al daño. Hasta ahora, el ruido ha sido su mejor negocio.
Ficha del Caso
- El caso: La Policía Nacional vigila a NoName057(16) ante un posible ataque al sistema electoral en las generales del 29N, tras la detención en Burgos de un supuesto colaborador y el señalamiento de mandos policiales.
- Datos importantes: 447 ciberataques atribuidos en España desde 2024; sanciones de la UE desde el 16 de noviembre; más de 5.000 cartuchos intervenidos en Burgos; en torno a 2,2 millones de electores en Galicia y casi medio millón de gallegos en el exterior.
- Resumen: El 29N medirá la resistencia de un sistema cuya administración es estatal pero cuyo censo y escrutinio se apoyan en las cuatro juntas provinciales gallegas; el riesgo es de confianza, no solo técnico.
