CaixaBank rompe su relación con Ábalos y deja inoperativas las cuentas donde cobraba la pensión

CaixaBank comunicó a Ábalos la ruptura de todas sus relaciones contractuales y dejó inoperativas cinco cuentas. Su defensa asegura que la medida ha bloqueado el ingreso de la pensión y que no ha logrado abrir una cuenta en otros bancos.

José Luis Ábalos asegura que tiene dificultades para cobrar y administrar su pensión de jubilación después de que CaixaBank decidiera poner fin a la relación contractual que mantenía con él. La defensa del exministro ha trasladado al Tribunal Supremo una comunicación bancaria fechada el 23 de julio de 2026, en la que la entidad anuncia la resolución de sus relaciones contractuales. Según el escrito, una vez transcurrido el plazo de sesenta días comunicado por el banco, las cuentas de las que Ábalos era titular exclusivo quedaron inoperativas y dejaron de admitir ingresos y cargos.

El problema afecta, según el abogado, a la cuenta en la que el exministro tenía domiciliada su pensión de jubilación. La defensa sostiene que el ingreso de la prestación quedó bloqueado y que Ábalos no ha conseguido abrir una nueva cuenta en otras entidades para recibir el dinero. La situación bancaria aparece en el escrito como uno de los argumentos para solicitar al Supremo que adapte el pago de las responsabilidades económicas derivadas de su condena.

La documentación aportada permite conocer los términos de la comunicación de CaixaBank y la interpretación que hace de ella la defensa. No incluye, sin embargo, una explicación pública de la entidad sobre los motivos de la decisión.

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Ábalos llegando al Tribunal Supremo. EP
Ábalos llegando al Tribunal Supremo. EP

La comunicación de CaixaBank del 23 de julio

Según el escrito presentado ante el Supremo, CaixaBank comunicó a Ábalos el 23 de julio de 2026 su decisión unilateral de resolver todas las relaciones contractuales que mantenía con él. La carta, remitida desde una oficina de Valencia, afectaba a cinco depósitos de dinero a la vista de los que el exministro era titular.

La comunicación establecía un periodo transitorio de sesenta días naturales durante el que los abonos quedarían restringidos y tendrían que gestionarse a través de la oficina bancaria. Una vez transcurrido ese plazo, las cuentas de titularidad exclusiva pasarían a quedar completamente inoperativas, sin admitir nuevos ingresos ni permitir cargos.

El cierre de la relación también incluía la cancelación de las tarjetas, la banca digital y los demás servicios asociados. En el caso de las cuentas vinculadas a préstamos u otros productos financieros, la comunicación contemplaba que solo pudieran recibir los abonos necesarios para atender las cuotas pendientes.

La defensa sostiene que el plazo de sesenta días ya había vencido cuando presentó su escrito y que las cuentas afectadas habían quedado fuera de servicio. La consecuencia más relevante para Ábalos sería que la cuenta en la que tenía domiciliada la pensión ya no podía recibir el ingreso mensual de la Seguridad Social.

La pensión de jubilación, atrapada en una cuenta sin operativa

El escrito identifica la pensión como el principal ingreso ordinario del exministro. Según un certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social expedido el 13 de julio de 2026, Ábalos percibe 2.702,70 euros netos mensuales, correspondientes a una prestación de 3.490,06 euros brutos, con una retención fiscal de 787,36 euros.

La defensa asegura que esa pensión seguía domiciliada en una de las cuentas afectadas por la decisión de CaixaBank. Al quedar inoperativa, sostiene el abogado, el ingreso de la prestación quedó bloqueado. El documento añade que Ábalos no dispone de otros ingresos periódicos que puedan sustituir a esa fuente de recursos.

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El problema tiene una dimensión práctica que la defensa pone de manifiesto ante el Supremo: sin una cuenta operativa, el exministro tendría dificultades tanto para recibir la pensión como para atender los pagos periódicos que tiene comprometidos. El escrito menciona expresamente las obligaciones familiares, las cuotas de un préstamo y otras deudas que siguen pendientes.

La situación se complica, según el abogado, por las circunstancias personales de Ábalos. El exministro permanece privado de libertad en el centro penitenciario Madrid V, en Soto del Real, desde noviembre de 2025. La defensa sostiene que esa situación dificulta que pueda acudir personalmente a una oficina bancaria y realizar las gestiones necesarias para abrir una nueva cuenta.

Los intentos de abrir una cuenta en otros bancos

El escrito afirma que Ábalos ha intentado abrir una cuenta en ING, Ibercaja y BBVA, sin haber obtenido resultado hasta la fecha de presentación de la documentación. La defensa menciona estas gestiones para explicar por qué el exministro no habría conseguido trasladar la domiciliación de su pensión a otra entidad.

El abogado también invoca el derecho de acceso a una cuenta de pago básica, aunque recuerda que la normativa contempla determinados supuestos en los que una entidad puede denegar su apertura. La defensa sostiene que las dificultades descritas son ajenas a la voluntad de su cliente y que no puede resolverlas con normalidad desde el centro penitenciario.

La consecuencia que pretende trasladar al tribunal es que la falta de operativa bancaria no solo afecta a la disponibilidad del dinero, sino también a la posibilidad de cumplir ordenadamente con las obligaciones económicas que pesan sobre Ábalos. De ahí que el escrito plantee una solución que no dependa de que el exministro pueda gestionar una cuenta propia.

La defensa propone que el INSS ingrese directamente el dinero al Supremo

La situación con CaixaBank aparece conectada con otra petición del mismo escrito: el fraccionamiento del pago de las multas impuestas a Ábalos. Su abogado propone que los 52.500 euros se abonen mediante cuotas mensuales de 496,65 euros, calculadas sobre la parte embargable de la pensión.

Para evitar que las restricciones bancarias impidan cumplir el calendario, la defensa ofrece que el Tribunal Supremo ordene al INSS retener directamente la cantidad correspondiente y transferirla a la cuenta de depósitos y consignaciones de la Sala. El mecanismo permitiría que el pago se realizara en origen, sin que el dinero tuviera que pasar por una cuenta bancaria operativa a nombre del exministro.

La propuesta contempla comenzar los pagos en enero de 2027 y completar el importe pendiente, como máximo, el 22 de junio de 2028. El abogado plantea además que puedan utilizarse determinados créditos que Ábalos reclama en otros procedimientos judiciales para adelantar la liquidación de la deuda.

La defensa presenta así la ruptura contractual con CaixaBank como un obstáculo añadido para afrontar las consecuencias económicas de la condena. La decisión del banco y la situación de las cuentas se incorporan a la argumentación con la que solicita al Supremo que autorice una fórmula de pago adaptada a las circunstancias del exministro.

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Koldo y Ábalos llegando al Congreso de los Diputados en Madrid. Foto: EP

Una dificultad bancaria que el Supremo deberá valorar

La documentación aportada por Ábalos describe una situación en la que la pensión existe y está reconocida, pero su percepción y administración estarían condicionadas por la falta de una cuenta operativa. La defensa sostiene que la decisión de CaixaBank ha agravado las dificultades para atender los pagos y que el exministro no ha logrado encontrar una entidad alternativa.

La carta bancaria del 23 de julio, tal y como aparece recogida en el escrito, acredita la comunicación de la resolución contractual y las condiciones previstas para el cierre de las cuentas. La afirmación de que el ingreso de la pensión quedó bloqueado corresponde a la explicación que ofrece la defensa ante el tribunal.

El Supremo deberá valorar estas circunstancias al resolver las peticiones económicas formuladas por el exministro. La cuestión bancaria no elimina las obligaciones derivadas de la condena, pero la defensa pretende que sea tenida en cuenta para determinar cómo puede cumplirlas. Su propuesta pasa por que el INSS retenga directamente parte de la pensión y que el dinero llegue al tribunal sin depender de unas cuentas que, según sostiene, han quedado inoperativas.