El próximo Gobierno heredará una factura millonaria por el abandono de las infraestructuras

El Instituto de la Ingeniería de España alerta de que la inversión pública en infraestructuras ha caído un 60% desde 2009 y reclama al próximo Gobierno un pacto de Estado para frenar su deterioro.

España se está quedando sin margen para seguir viviendo de las infraestructuras que construyó durante las últimas décadas. Las carreteras acumulan baches, las vías ferroviarias soportan un tráfico creciente, las presas necesitan inversiones millonarias y la red eléctrica no tiene capacidad suficiente para atender nuevos proyectos industriales y residenciales. Detrás de este deterioro hay un problema que el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) quiere colocar en el centro de la próxima legislatura: la falta de inversión, mantenimiento y criterio técnico en la gestión de los servicios esenciales del país.

La advertencia llega a las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La institución, presidida por M.ª Cruz Díaz, ha presentado una propuesta programática dirigida a todas las formaciones políticas y al futuro Gobierno para reclamar que la regeneración de las infraestructuras se convierta en una prioridad de emergencia nacional. Su diagnóstico se apoya en una cifra especialmente significativa: España invirtió en 2025 un 60% menos en infraestructuras públicas que en 2009, con un desembolso de 16.114 millones de euros.

El problema no se limita a que se construyan menos kilómetros de carretera, ferrocarril o nuevas instalaciones. Lo que preocupa a los ingenieros es que el país está consumiendo el patrimonio que ya tiene sin reponerlo al ritmo necesario. Según los datos de la Fundación BBVA y el Ivie recogidos por el Instituto, el valor de las infraestructuras productivas ha caído un 2,3% desde 2014, mientras que en las hidráulicas la inversión neta es negativa desde 2012.

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El resultado es una factura que puede terminar pagándose en forma de pérdidas económicas, dificultades para la actividad industrial y, en los escenarios más graves, vidas humanas.

Vagones del Irio accidentado en Adamuz (Fuente: Agencias)
Vagones del Irio accidentado en Adamuz (Fuente: Agencias)

De la DANA a los accidentes ferroviarios: las consecuencias del abandono

El Instituto utiliza varios episodios recientes para ilustrar la importancia de planificar, supervisar y conservar las infraestructuras. La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó 234 fallecidos y unos 17.800 millones de euros en daños, mientras que los accidentes ferroviarios de Adamuz, el 18 de enero de 2026, y Urda, el pasado 28 de octubre, provocaron otras 115 víctimas mortales.

A estas tragedias se suma el apagón del 28 de abril de 2025, que dejó sin suministro eléctrico a buena parte de la España peninsular y evidenció la importancia de la estabilidad de un sistema energético cada vez más complejo.

El IIE no atribuye automáticamente todos estos episodios a una misma causa, pero sostiene que ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad de supervisión, la planificación y el mantenimiento de las infraestructuras críticas. Su argumento es que las decisiones sobre seguridad, conservación y dimensionamiento de las redes no pueden depender exclusivamente de los calendarios electorales.

En el ámbito ferroviario, el documento señala que España destina 45,5 millones de euros al mantenimiento por cada 1.000 kilómetros de vía, frente a los 80,6 millones de media europea. Además, el gasto de mantenimiento de la alta velocidad por viajero ha pasado de 11,7 euros en 2015 a 8,5 euros en 2024, mientras el tráfico ha aumentado considerablemente desde 2021.

La situación tampoco resulta mejor en las carreteras. La Asociación Española de la Carretera calcula que el déficit de conservación alcanza los 13.491 millones de euros y que el 52% de la red presenta deterioros graves. En el caso de las presas estatales, las necesidades de inversión en seguridad ascienden a 4.644 millones de euros durante la próxima década, mientras que actualmente se destinan alrededor de 100 millones anuales. Además, hay 258 planes de emergencia pendientes de implantación.

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Para los ingenieros, estas cifras reflejan un problema estructural: durante años se ha priorizado la construcción de nuevas infraestructuras frente a la conservación de las existentes.

El problema de la vivienda también está en la red eléctrica

Uno de los aspectos menos visibles del diagnóstico afecta directamente al mercado inmobiliario y a la capacidad de crecimiento económico. España necesita construir viviendas, pero una parte de los proyectos previstos se encuentra con un obstáculo que no se resuelve únicamente agilizando licencias o liberando suelo: la falta de capacidad de conexión a la red eléctrica.

BBVA Research calcula que más de 80.000 viviendas proyectadas dependen de infraestructuras eléctricas que todavía no existen. El 88% de los nudos de la red de distribución dispone de menos de un megavatio de potencia disponible. En el ámbito industrial, la situación también es preocupante: de los aproximadamente 40 gigavatios solicitados a las distribuidoras durante 2025, únicamente se concedió el 12%, según los datos de Aelec.

El Instituto advierte de que la transición energética no consiste únicamente en instalar más generación renovable. También exige disponer de redes capaces de transportar y distribuir esa electricidad, sistemas de almacenamiento y mecanismos que garanticen la estabilidad del suministro.

España cuenta actualmente con 3,4 gigavatios de almacenamiento instalado, frente a los 22,5 previstos para 2030, y mantiene una interconexión eléctrica con Europa de apenas el 2%, muy lejos del objetivo comunitario del 15%.

A ello se suma el crecimiento de los centros de datos y de las necesidades energéticas asociadas a la inteligencia artificial. Para el IIE, la planificación eléctrica debe anticiparse a estos nuevos consumos y coordinarse con el desarrollo urbanístico y los proyectos industriales.

Recuperar el control técnico de la Administración

Pero la propuesta de los ingenieros no se limita a reclamar más dinero. Una de sus principales críticas se dirige a la forma en que se gestionan los organismos públicos responsables de las infraestructuras.

Según el recuento de El periódico de la ingeniería recogido en el documento, el 46% de los 81 altos cargos vinculados a la gestión técnica del Estado carece de formación técnica. La institución considera que las entidades responsables de gestionar carreteras, ferrocarriles, presas, redes eléctricas y recursos hídricos deben estar dirigidas por profesionales seleccionados por su experiencia y preparación.

La preocupación también alcanza al relevo generacional. El 49,5% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará antes de 2035, mientras que más de la mitad de los funcionarios del grupo A1 tiene ya 50 años o más.

El Instituto propone recuperar el protagonismo de los ingenieros en las decisiones técnicas, establecer concursos públicos de mérito para dirigir los organismos especializados y crear una autoridad independiente que evalúe las infraestructuras, audite su estado y rinda cuentas ante el Congreso.

Su planteamiento parte de una premisa: los gobiernos deben decidir las prioridades políticas, pero las decisiones sobre cómo dimensionar una presa, renovar una vía o garantizar la estabilidad de una subestación deben sustentarse en informes técnicos públicos.

Industria, agua y prevención de incendios: los otros frentes pendientes

La advertencia se extiende también al modelo productivo. La industria manufacturera representa actualmente el 11,8% del valor añadido español, frente al 15,6% de la media europea. En el año 2000 alcanzaba el 17,9%. El IIE reclama un Plan de Industria de Estado que permita recuperar el peso industrial europeo en una década, con objetivos cuantificados y seguimiento público.

Entre sus propuestas figuran impulsar la construcción industrializada, facilitar las conexiones eléctricas de las empresas, reforzar la marina mercante y garantizar la participación española en los grandes programas aeronáuticos y de defensa europeos.

En materia de agua, el diagnóstico señala que las redes urbanas pierden 624 hectómetros cúbicos anuales por fugas y averías, el equivalente al 14,6% del agua suministrada. La conservación de las infraestructuras hidráulicas requeriría 48.692 millones de euros durante la próxima década, según Seopan. Por ello, los ingenieros reclaman renovar las conducciones, modernizar los regadíos y ejecutar las obras de protección frente a inundaciones.

También ponen el foco en los incendios forestales. Hasta el 30 de septiembre de 2026 habían ardido 301.101 hectáreas en España, el 43,6% de toda la superficie quemada en la Unión Europea. El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes calcula que sería necesaria una inversión adicional de 2.134 millones de euros anuales para reforzar la prevención y la gestión forestal.

El último gran desafío es tecnológico. El 78% de las empresas declara dificultades para cubrir sus vacantes y los matriculados en ingeniería han caído un tercio desde el curso 2002-2003. El Instituto considera imprescindible impulsar las vocaciones, actualizar la formación y facilitar que las pequeñas y medianas empresas incorporen inteligencia artificial y automatización.

Bomberos tras el paso de la DANA por el barrio de La Torre de Valencia, a 30 de octubre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).
Bomberos tras el paso de la DANA por el barrio de La Torre de Valencia, a 30 de octubre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Foto: EP

Siete decisiones para los primeros cien días

Para evitar que estas propuestas terminen convertidas en otro documento de buenas intenciones, el IIE plantea diez compromisos para toda la legislatura y siete decisiones que deberían adoptarse durante los primeros cien días del nuevo Gobierno.

Entre las medidas inmediatas destaca encargar una auditoría técnica independiente de la red ferroviaria de alta velocidad, aprobar la planificación eléctrica hasta 2030 y publicar un inventario actualizado del estado de conservación de las infraestructuras públicas.

También propone remitir a las Cortes una ley de conservación que establezca una dotación mínima anual protegida frente a los recortes presupuestarios, además de convocar pactos nacionales por los bosques, el agua y la industria.

La institución pretende que la próxima legislatura deje de medir el éxito de las políticas públicas exclusivamente por las obras inauguradas y empiece a hacerlo también por la capacidad de conservar lo construido.

«La ingeniería no tiene color político, pero tiene urgencias. Un carril, una presa o una subestación no entienden de legislaturas: o se mantienen o fallan», advierte M.ª Cruz Díaz.

Su mensaje a los partidos es que la seguridad, la competitividad y el bienestar dependen de unas infraestructuras que España no puede seguir dando por garantizadas. El país ha heredado décadas de inversión, pero el margen para seguir aplazando su mantenimiento se estrecha.