Generalitat regula los medicamentos en residencias de Cataluña tras el foco de Anticorrupción y Mossos

El decreto afectará a 179 centros, 169 de ellos privados, que tendrán hasta dos años para adaptarse. Salut calcula que el nuevo modelo ahorrará más de 12 millones anuales de dinero público.

La Generalitat mueve ficha en el negocio de los medicamentos en las residencias de Cataluña. El decreto llamado a ordenar la atención farmacéutica en los geriátricos lleva más de una década atascado y afronta ahora su recta final.

El texto que ultima el Departament de Salut junto a Drets Socials alcanza a 179 residencias de 100 camas o más: 169 privadas y 10 públicas. La exposición pública concluyó la semana pasada. Ahora toca digerir las alegaciones, recabar los informes preceptivos y llevarlo al Consell Executiu.

Debajo de la tramitación hay algo más que papeleo. Hay un modelo opaco de pactos comerciales entre centros, farmacias comunitarias e intermediarios que el Àrea d’Anticorrupció dels Mossos d’Esquadra puso bajo sospecha y que se destapó en 2024.

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Qué cambia en las residencias de 100 camas o más

El borrador contempla dos caminos. El primero, que el centro tenga su propio servicio de farmacia. El segundo, almacenar los fármacos en un depósito vinculado a un hospital público que asume el suministro y la fiscalización. Salut calcula que cerca del 98% de las residencias elegirá esta segunda vía. Las de menos de 100 camas seguirán abasteciéndose a través de farmacias comunitarias.

El punto que más incomoda a los operadores es otro: la norma prohíbe expresamente que terceras personas, empresas o entidades intermedien en la dispensación. Es decir, cierra la puerta al bróker que durante años ha colocado proveedor y programa informático a cambio de fidelidad. Además, la inspección sanitaria gana funciones de investigación de posibles fraudes, en coordinación con el CatSalut.

Y está la sobremedicación. La memoria económica estima que 12.965 de los 26.192 residentes, casi la mitad, toman al menos un fármaco que podría retirarse. El nuevo modelo obliga a revisar tratamientos y a detectar prescripciones innecesarias.

El problema nunca fue la ley, sino el modelo: una década de normas cruzadas que nadie aplicó mientras el negocio circulaba por otro carril.

Del aviso de Salut en 2019 al caso de L’Onada

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No es un hallazgo nuevo. En 2019 el Departament de Salut ya alertó de un posible cártel de farmacias que concentraba el suministro a las residencias. Detectó que algunas intermediarias regalaban programas de gestión a los centros a cambio de que trabajaran con determinadas boticas. También comprobó regalos de material.

El salto de escala llegó en enero de 2024, cuando los Mossos investigaron si recursos públicos destinados a administrar la medicación de una residencia se habían desviado para beneficiar a centros privados del mismo grupo empresarial, L’Onada. La gestión farmacéutica implicaba costes altísimos y los operadores buscaban recortarlos sin comprometer la seguridad del tratamiento.

El lío normativo explica el retraso. La ley catalana de ordenación farmacéutica de 1991 regula servicios de farmacia y depósitos, pero nunca desarrolló un modelo específico para residencias. En 2012, un decreto estatal exigió servicio de farmacia hospitalaria a los centros de 100 camas o más. La Generalitat lo recurrió por invasión de competencias. En 2017 el Tribunal Constitucional dio la razón al Estado, aunque dejó a las comunidades regular las excepciones. La sentencia no movió nada. El desbloqueo real llegó en noviembre de 2025, cuando el Parlament aprobó la ley que encarga a Salut y a Drets Socials este decreto.

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El ahorro, la letra pequeña y el riesgo de siempre

El cálculo oficial habla de más de 12 millones de euros anuales de ahorro público, gracias a la compra directa de laboratorios sin los márgenes de distribuidores y farmacias comunitarias. Son unos 458 euros por residente y año. Modesto en un sistema sanitario como el catalán, pero no irrelevante en un capítulo que hasta ahora se gestionaba con información incompleta: el propio borrador admite ‘limitaciones importantes’ para conocer el consumo real de ciertos fármacos en los centros.

La otra cara es el alivio para los privados. Frente a invertir hasta 22,8 millones en instalaciones y 25,4 millones anuales en personal y mantenimiento, solo tendrían que desembolsar entre 500.000 y 2,9 millones para adaptarse. La pregunta obvia: si el modelo anterior les resultaba tan caro, ¿por qué nadie lo cambió antes de que aparecieran los Mossos?

Llega tarde. Y llega, sobre todo, empujado desde fuera. La lectura política es incómoda para el Govern: no estamos ante una prioridad de agenda sanitaria, sino ante la respuesta administrativa a un foco policial y a una sentencia del Constitucional que llevaba ocho años sin aterrizar en Cataluña. El precedente catalán más cercano, la ley de 1991, demuestra que aprobar la norma es la parte fácil; aplicarla ha sido históricamente otra cosa.

Queda la letra pequeña. El decreto atribuye a la inspección sanitaria funciones de investigación, pero no detalla con qué medios humanos lo hará ni cómo se cruzarán los datos de receta electrónica con los registros de cada residencia. Sin ese cruce, el control del gasto seguirá siendo una declaración de intenciones. Tampoco se fija todavía un régimen sancionador específico para la intermediación prohibida, algo que los operadores leerán como un margen de tolerancia mientras no haya un caso que lo rompa.

El calendario marca el próximo hito: el Govern debe revisar las alegaciones, recibir varios informes y de de darle luz verde en el Consell Executiu. Después, las 179 residencias afectadas tendrán hasta dos años para adaptarse. Cosas que pasan cuando la norma llega quince años después del problema.