EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo y la Eurocámara cerraron en la noche del jueves un acuerdo para revisar el SFDR, el reglamento que ordena las etiquetas de los fondos sostenibles en la UE. Las petroleras podrán entrar en la categoría de transición si destinan el 20% de su inversión de capital a actividades verdes.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, que abrió la revisión en noviembre de 2025; los Estados miembros, que exigieron suavizarla; y el Parlamento Europeo, que pedía condiciones más duras y acabó cediendo. El negociador de la Eurocámara fue el neerlandés Gerben-Jan Gerbrandy.
- ¿Qué impacto tiene? Repsol y TotalEnergies podrían cumplir el umbral con sus datos de inversión de 2025. El mismo jueves, la UE acordó retrasar dos años las reglas de emisiones de metano del sector.
Las petroleras verdes de la UE ya tienen marco: el Consejo y la Eurocámara cerraron el jueves el SFDR. El acuerdo permite etiquetar como sostenible parte de la inversión en proyectos de combustibles fósiles y llega el mismo día en que Bruselas aceptó aplazar dos años las reglas de metano.
La negociación se cerró entrada la noche del jueves, según la información publicada por Politico Europe. Horas antes, los Veintisiete habían bendecido el otro regalo: dos años más de margen para que las compañías de petróleo y gas cumplan con los límites de emisiones de metano. Dos victorias de la gran industria en una sola jornada.
Un 20% de capital verde: la puerta que la Comisión quería cerrar
El SFDR es el reglamento que obliga a fondos, gestoras y asesores a declarar cuánto de sostenible tiene lo que venden. En noviembre de 2025 la Comisión Europea decidió reescribirlo para que el dinero privado fluya hacia empresas que migran de un modelo sucio a otro más limpio. La propuesta original creaba tres categorías de fondos —ESG basics, Transition y Sustainable— con criterios cada vez más exigentes. El texto vigente puede consultarse en el registro oficial del SFDR en EUR-Lex.
Ahí estaba la trampa. La Comisión quería excluir en bloque a las petroleras de la categoría de transición. Los Estados miembros, no. El Consejo defendió desde junio que una compañía con el 20% de su capex en actividades verdes —las que define la taxonomía europea— podía entrar. La Eurocámara votó en octubre una prueba más dura: solo si invertían más en verde que en nuevos proyectos de petróleo y gas durante tres ejercicios consecutivos. Francia e Italia convirtieron esa posición en una línea roja, según el documento interno que manejó la negociación.
Ganaron las capitales. El acuerdo final exige ese 20% de inversión de capital en actividades verdes, con un incremento que debe ser ‘significativo’ y medirse cada año; el texto advierte de que no valen aumentos ‘meramente marginales o nominales’. La Comisión revisará ese umbral dentro de cinco años, es decir, en 2031. Y las compañías tendrán que presentar un plan de reducción de emisiones alineado con París, aunque solo para una parte de su huella.
La etiqueta verde europea ya no distingue entre quien cambia de negocio y quien pinta de verde una esquina de su balance.
Porque lo que queda fuera del plan es lo más gordo. Las emisiones downstream —las que genera el petróleo y el gas cuando se quema, la mayor parte de la huella de estas compañías— no estarán cubiertas por esos planes. Es la diferencia entre reformar el negocio y maquillar el folleto.
La directora ejecutiva de Eurosif, Aleksandra Palinska, lo resumió así: los criterios pactados ‘no distinguen a las empresas que transforman de verdad su modelo de negocio de las que hacen inversiones verdes aisladas’. El negociador parlamentario, Gerben-Jan Gerbrandy, se declaró satisfecho por haber logrado un texto con ‘credibilidad y carga administrativa’ razonables. La responsable europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, dijo al salir de la reunión que el acuerdo estaba ‘suficientemente cerca’ de la propuesta inicial.
El metano espera dos años y la industria suma su segunda victoria

El retraso de las reglas de metano se aprobó el jueves por la mañana, antes de que se cerrara el SFDR. La norma, que obliga a medir y reparar las fugas de un gas con enorme potencia de calentamiento, se aplicará dos años más tarde de lo previsto. Para el sector es algo más que un respiro contable, es tiempo para ordenar inversiones sin la presión del calendario regulatorio.
Sumados, los dos movimientos dibujan un patrón que venimos detectando en Bruselas. El Pacto Verde entra en su fase de administración: menos normas nuevas, más simplificación y más peso de la competitividad en cada expediente. La palabra clave en el Berlaymont ya no es ambición, es aplicación sin coste para la industria.
El Eje del Poder Europeo
La geometría de esta votación es la de casi todo 2026. París y Roma, con campeones nacionales integrados en toda la cadena del petróleo, presionaron para que la puerta quedara abierta; los Gobiernos con compañías menos expuestas aceptaron el intercambio porque también les sirve para su industria electrointensiva. La Eurocámara, que había construido una posición más exigente, acabó aceptando un texto más cercano al Consejo que al suyo. Y la Comisión, que había propuesto la exclusión total, calificó el resultado de ‘suficientemente cerca’. Tres instituciones, tres renuncias.
Hay una contradicción que conviene subrayar. Varios Estados miembros están publicando este mes, en la COP31, sus planes para salir de los combustibles fósiles. Los mismos Gobiernos que firman esos planes han defendido en Bruselas una etiqueta más blanda para las petroleras. No es cinismo: es la política energética europea funcionando a dos velocidades, la de la diplomacia climática y la de la industria.
Para España el acuerdo tiene nombre propio. Repsol aparece, junto a la francesa TotalEnergies, entre las compañías que podrían encajar en la categoría de transición con sus datos de inversión de 2025, según el análisis del propio texto. Eso abre la puerta a que fondos europeos y de terceros países compren sus bonos o acciones con etiqueta sostenible. El impacto no es menor en un país donde la refinería pesa en el PIB industrial y en el empleo de comarcas como Cartagena o Puertollano. A eso se suma el efecto sobre las gestoras españolas, que llevan años vendiendo fondos sostenibles con categorías que ahora se reordenan; la CNMV, como supervisor nacional, será quien vigile su uso en el mercado español.
Conviene recordar el precedente. En 2022, la taxonomía verde incluyó el gas y la nuclear tras un pulso que el Parlamento Europeo intentó tumbar y perdió. Entonces se dijo que era una excepción. Cuatro años después, la excepción se ha convertido en categoría con nombre, criterio y umbral. La lectura a cinco años es clara: la transición europea se financiará con las empresas del sector dentro del sistema, no fuera de él. El riesgo es que la etiqueta pierda valor de señal y que los inversores institucionales construyan sus propios criterios, algo que ya ocurre en los fondos nórdicos y neerlandeses.
El texto debe aún ser refrendado formalmente por el Consejo y la Eurocámara, y después la Comisión tendrá que desarrollar los estándares técnicos que lo hacen aplicable. Ahí se verá si ese 20% es un suelo real o una puerta giratoria. La próxima ventana crítica no está en el hemiciclo: está en los despachos del Berlaymont, donde se escriben los detalles que deciden quién lleva la etiqueta.

