Soberanía científica: el real decreto-ley que aprueba el Gobierno y las claves de la nueva red de centros

El régimen alcanza a un máximo de 20 centros durante cinco años, renovables hasta diez, y exige que trabajen en diez áreas tecnológicas críticas. La deducción por innovación sube del 12% al 15%.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto-ley para reforzar la soberanía científica y tecnológica de España. La norma, una disposición con rango de ley que el Gobierno puede aprobar por urgencia y que después debe convalidar el Congreso, crea un régimen especial para los centros públicos de investigación que trabajen en tecnologías críticas.

Detrás del texto hay un diagnóstico: la competencia tecnológica es intensa y la seguridad económica pesa cada vez más en la agenda internacional. Según la referencia del Consejo de Ministros, el objetivo es que esos centros investiguen en la frontera del conocimiento y trasladen sus resultados a la economía con más rapidez. «Se ha creado un régimen especial que aplicará a un grupo de centros públicos de investigación de excelencia que trabajan en tecnologías críticas para nuestra soberanía», ha declarado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Quién entra en la red y por cuánto tiempo

Podrán ser declaradas Centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica las entidades públicas acreditadas con los sellos de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, además de consorcios y fundaciones del sector público. La condición es que desarrollen líneas de alto impacto vinculadas de forma directa a la soberanía tecnológica. El régimen alcanzará a un máximo de 20 centros y no es un reconocimiento honorífico: cambia sus reglas de funcionamiento.

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La declaración durará cinco años y podrá renovarse una vez, hasta un máximo de diez. La evaluará una comisión interministerial integrada por 14 ministerios, que aprobará cada caso previo acuerdo del Consejo de Ministros (el órgano colegiado del Gobierno que aprueba decretos y proyectos de ley). La preside Ciencia, con cuatro vicepresidencias: Defensa, Transformación Digital, Industria y Economía.

Cinco años, prorrogables hasta diez.

El texto identifica diez áreas tecnológicas consideradas críticas:

  • Semiconductores avanzados e inteligencia artificial.
  • Tecnologías cuánticas y biotecnologías.
  • Conectividad, navegación y tecnologías digitales avanzadas.
  • Tecnologías de detección y tecnologías espaciales y de propulsión.
  • Tecnologías energéticas, robótica y sistemas autónomos.
  • Materiales, fabricación y reciclado avanzados.

Las seis flexibilidades que tendrán los centros seleccionados

Los centros declarados dejarán de operar con las rigideces habituales del sector público. El decreto-ley les reconoce seis vías concretas de agilidad:

  • Contratar personal con más flexibilidad, y ofrecer retribuciones competitivas.
  • Agilizar la compra de equipos, suministros y servicios.
  • Simplificar trámites de justificación y contratación.
  • Formalizar convenios con terceros más rápido.
  • Transferir resultados a terceros.
  • Constituir o participar en sociedades mercantiles conforme al derecho privado.

El régimen no es una subvención: son hasta 20 centros con reglas de contratación, compra y retribución distintas a las del resto del sector público.

El texto incorpora también medidas específicas para el Barcelona Supercomputing Center, referencia europea en supercomputación e inteligencia artificial. Se creará una fundación pública adscrita a la Administración General del Estado para darle mayor autonomía de gestión y se autoriza al centro a crear una empresa que comercialice sus resultados. El reparto de financiación entre las tres instituciones participantes se mantiene sin cambios.

Qué gana una empresa que invierta en innovación

La deducción por innovación tecnológica sube del 12% al 15% en los supuestos ya previstos. El límite anual de monetización directa de esas deducciones pasa de uno a tres millones de euros para empresas que aún no obtienen beneficios pero tienen actividad innovadora certificada. El texto reformula además apartados de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para reforzar la seguridad jurídica.

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En cotizaciones, la bonificación para el personal con contrato indefinido dedicado en exclusiva a I+D o innovación pasa de tres a cinco años; en los contratos predoctorales, de 115 a 200 euros al mes durante todo el doctorado en la empresa.

Para el conjunto del sistema público, la norma simplifica la firma y renovación de convenios, permite que los organismos públicos de investigación actúen como medios propios, regula estructuras mixtas entre el Estado y las comunidades autónomas y amplía compatibilidades docentes y sanitarias. Los ayuntamientos podrán crear bancos de pruebas para proyectos tecnológicos.

Qué falta para que la red sea una realidad

El decreto-ley es el primer paso, no el último. La norma entrará en vigor tras su publicación en el BOE y deberá superar después la convalidación del Congreso en el plazo de 30 días que fija el artículo 86 de la Constitución. A continuación, la comisión interministerial evaluará qué centros cumplen los requisitos y elevará la propuesta al Consejo de Ministros.

Ningún centro ha sido designado todavía.

La designación no será automática ni para los centros que ya cuentan con acreditaciones de excelencia: dependerá de la evaluación de la comisión y del acuerdo del Consejo de Ministros. «La soberanía tecnológica también se construye desde la ciencia pública y desde la capacidad de transformar el conocimiento en oportunidades», ha subrayado Morant.

El texto completo se publicará en el BOE y la referencia del acuerdo puede consultarse en La Moncloa.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que crea un régimen especial para hasta 20 centros de investigación.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Ciencia, que preside la comisión interministerial, y los centros Severo Ochoa y María de Maeztu.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La norma se publicará en el BOE y el Congreso deberá convalidarla en un plazo de 30 días.