La Fiscalía de A Coruña investiga de oficio los más de 80 falsos avisos de bomba que desalojaron colegios gallegos

El Ministerio Fiscal centraliza los datos de una oleada que dejó 31 evacuaciones solo en la provincia de A Coruña y cuatro centros afectados en Ourense. Ningún artefacto fue localizado.

La Fiscalía de A Coruña investiga de oficio los más de 80 avisos falsos de bomba que desalojaron colegios de toda Galicia.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto diligencias de investigación por los avisos de bomba falsos recibidos en torno a 80 centros educativos gallegos el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre.
  • ¿Quién está detrás? La investigación la dirige el Ministerio Fiscal; en el terreno actuaron la Policía Nacional y la Guardia Civil, y las direcciones de los centros activaron los protocolos de evacuación.
  • ¿Qué impacto tiene? Al menos 31 centros desalojados en la provincia de A Coruña y cuatro en Ourense. No se localizó ningún artefacto. El siguiente paso es identificar a los autores y unificar los datos.

Ochenta correos casi simultáneos y dos días de evacuaciones

Los avisos entraron por los correos electrónicos de las direcciones de los colegios e institutos, de forma simultánea en la mayoría de los casos. La Fiscalía Provincial de A Coruña quiere reunir todos esos episodios y examinarlos de forma conjunta, porque contados por separado parecen casos aislados. Ochenta correos, dos días y un mismo mensaje.

En la provincia de Ourense fueron al menos cuatro los centros afectados. El primero llegó el miércoles 18 de noviembre al CEIP Plurilingüe de Luíntra, en Nogueira de Ramuín. Al día siguiente el patrón se repitió en tres centros de O Barco de Valdeorras: el colegio Otero Pedrayo de Viloira y los institutos Lauro Olmo y Martaguisela.

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Las evacuaciones se hicieron con el protocolo en la mano. En Viloira salieron los escolares que participaban en el programa Madrugadores; en el Lauro Olmo abandonaron el edificio unos 500 estudiantes; en el Martaguisela los alumnos fueron trasladados a un pabellón deportivo mientras se inspeccionaban las aulas. Ningún artefacto, ningún objeto sospechoso.

Los mensajes advertían de que el edificio estaba minado y pedían abandonarlo de inmediato para «salvar la vida de los estudiantes». Las fuerzas de seguridad revisaron los cuatro centros ourensanos, sin encontrar nada. En la ciudad de Ourense los colegios e institutos mantuvieron la actividad lectiva con normalidad.

Donde la incidencia fue mayor fue en la provincia de A Coruña, con hasta 31 centros evacuados según el recuento de los agentes. La Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron dispositivos de revisión durante las dos jornadas, y algunos centros recibieron el mismo correo con retraso porque no lo vieron al principio en el buzón. La coincidencia en el tiempo es la primera pista.

Ochenta amenazas idénticas en cuarenta y ocho horas convierten un correo falso en un asunto de seguridad pública y en un problema de coordinación institucional.

De la evacuación a la investigación: quién pone orden en los datos

Fiscalía A Coruña

El paso siguiente corresponde a la Fiscalía: centralizar los episodios y examinarlos en conjunto para identificar a los autores, no solo para describirlos. Y aquí conviene separar competencias. La educación es competencia de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela); la investigación penal y el orden público dependen del Estado. Quien gestiona los colegios no dirige la respuesta a la crisis.

Por ahora, el comunicado del Ministerio Fiscal no detalla si la Consellería de Educación (el departamento autonómico equivalente a un ministerio) ha abierto una revisión paralela de los protocolos de evacuación, ni si los centros han trasladado incidencias sobre la gestión de la alerta. Es la incógnita que queda abierta: saber si los protocolos funcionaron o si, simplemente, no hubo nada que desactivar. Con 31 evacuaciones en una sola provincia, el volumen de la respuesta da la medida del susto.

El control político tiene su cauce. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral, con 75 diputados), la oposición puede reclamar la comparecencia del conselleiro de Educación (el titular de esa cartera, equivalente a un ministro autonómico) o pedir documentación sobre cómo se gestionaron las alertas. El PPdeG, con mayoría absoluta, decide si esa comparecencia se celebra y cuándo; el BNG y el PSdeG tienen la iniciativa para solicitarla.

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El Laboratorio Gallego

Galicia lleva desde 2009 gobernada por el PPdeG con mayorías absolutas consecutivas, y esa aritmética ordena el debate público: la oposición puede fijar titulares, pero la mayoría fija el calendario. El episodio de esta semana no es, en origen, un debate educativo. Lo será si alguien lo convierte en pregunta parlamentaria, y ahí el BNG, primera fuerza de la oposición, y el PSdeG tienen la herramienta y el tiempo. El PPdeG tiene la respuesta.

La lectura nacional llega por otro lado, y es la más interesante. Una oleada de amenazas que se resuelve con la Fiscalía al mando y con la Policía Nacional y la Guardia Civil revisando colegios dice mucho del reparto real de poderes: la comunidad gestiona el día a día del aula, el Estado gestiona la respuesta cuando el aula se convierte en escenario de un delito. Para el Gobierno de Alfonso Rueda el asunto es de gestión; para el Ministerio del Interior y para la Fiscalía, de investigación. Ninguna administración puede reclamar el mérito del resultado, y ninguna puede escurrir el bulto de la coordinación.

Queda la proyección. Las diligencias seguirán su curso en las próximas semanas y el primer hito será saber si la Fiscalía identifica a los autores o si el rastro de los correos se agota. A eso se suma la pregunta política: si la Consellería de Educación acaba compareciendo en el próximo pleno para explicar 31 evacuaciones en una sola provincia y cuatro centros afectados en Ourense. El laboratorio gallego, esta vez, no ensaya una política: pone a prueba la coordinación entre administraciones con un correo falso como detonante.

Ficha del Caso

  • El caso: Una oleada de correos que anunciaban bombas en colegios gallegos obligó a evacuar en torno a 80 centros el 18 y el 19 de noviembre. La Fiscalía de A Coruña investiga de oficio para identificar a los responsables.
  • Datos importantes: 31 centros evacuados en la provincia de A Coruña; cuatro en Ourense (Nogueira de Ramuín y O Barco de Valdeorras); unos 500 estudiantes desalojados en el IES Lauro Olmo; ningún artefacto localizado.
  • Resumen: La competencia educativa es de la Xunta y la investigación penal, del Estado, de modo que el episodio mide la coordinación entre administraciones y anticipa el primer pulso político en el Parlamento de Galicia.
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