El Parlamento danés ha ratificado por 109 votos a favor y ninguno en contra el acuerdo con Estados Unidos sobre Groenlandia. El texto, firmado en septiembre por Washington, Copenhague y el Gobierno autónomo de la isla, entra en vigor cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores danés comunique formalmente a la Casa Blanca que los trámites están completos. No hará falta el visto bueno del Senado estadounidense.
Qué hay realmente dentro del acuerdo: dos bases, un escudo y una ley de inversiones
El texto amplía el papel militar de Estados Unidos en la isla. Permite levantar el sistema de defensa antimisiles bautizado como Golden Dome —la arquitectura de interceptación por capas que la administración Trump ha convertido en su proyecto estrella frente a la amenaza hipersónica— y abre la puerta a dos nuevas bases militares estadounidenses. A cambio, reafirma la soberanía danesa y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. Es un acuerdo ejecutivo, no un tratado.
El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, explicó a Reuters que los firmantes empiezan ahora a trabajar en una nueva ley groenlandesa para cribar inversores extranjeros por motivos de seguridad. ‘Espero que Estados Unidos empiece también a ser más concreto sobre los propósitos y el arreglo en torno a esas dos áreas’, declaró.
El secretario de Estado, Marco Rubio, resumió el resultado en una frase: ‘moderniza la asociación de defensa entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia y refuerza la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados en la OTAN’. La palabra ‘aliados’ es la que tapa el agujero. En enero, Trump se negó a descartar el uso de la fuerza militar o económica para quedarse con la isla y abrió una crisis diplomática dentro de la Alianza que ha durado casi un año.
Groenlandia: 57.000 habitantes, recursos estratégicos y una desconfianza que no se firma con un sello

Groenlandia, la isla más grande del mundo, tiene 57.000 habitantes y un régimen de autogobierno dentro del Reino de Dinamarca. No forma parte de la Unión Europea desde 1985. Sí es rica en minerales, y ahí está el nudo: el mes pasado Trump anunció el inicio de una ‘exploración masiva de petróleo, gas y minerales’ en un territorio que tiene prohibida la nueva perforación de crudo. Copenhague respondió con la letra pequeña de siempre: cualquier extracción debe respetar la ley local.
La diputada groenlandesa en el Folketing Naaja Nathanielsen describió el coste humano del pulso: ‘Ha sido realmente difícil para los groenlandeses estos dos años. Se ha filtrado en cada aspecto de nuestras vidas’. La desconfianza hacia Washington no se levanta con una nota diplomática, y menos en un territorio donde la presencia militar extranjera ya forma parte del paisaje desde la Guerra Fría.
Trump no ha comprado Groenlandia: ha conseguido algo más barato y más duradero, el derecho a decidir qué se construye en ella y quién puede invertir.
Mikkel Vedby Rasmussen, catedrático de la Universidad de Copenhague, avisa de que la firma es más un comienzo que un final: ‘Con el tratado en la mano, Estados Unidos podrá exigir mayor influencia en las decisiones con implicaciones de política de seguridad y en parte de la extracción de recursos estratégicos’. Otros expertos rebajan la euforia: la base más septentrional de Estados Unidos en la isla, Pituffik, ya existía, y el acceso militar adicional no es tan grande como sugiere el ruido.
Copenhague respira. La letra pequeña, sin embargo, es otra cosa.
Equilibrio de Poder
Para Washington, el acuerdo resuelve tres cosas a la vez sin pasar por el Congreso: asegura profundidad estratégica en la ruta más corta entre Europa y Norteamérica, coloca un segmento del escudo antimisiles en el corredor por el que vuelan los vectores rusos lanzados desde el Ártico y deja la puerta abierta a los minerales. Moscú lo leerá como una pieza más del cerco: su Flota del Norte y sus submarinos estratégicos operan desde la península de Kola, y cada sensor nuevo en Groenlandia estrecha su margen de salida al Atlántico. Bruselas, mientras, asiste desde fuera. Groenlandia no es territorio comunitario y la Comisión solo puede influir por la vía de las materias primas críticas y de la regulación de inversiones.
¿Qué tiene que ver esto con España? Más de lo que parece. El primer efecto es de reparto: cada capacidad que el Pentágono orienta al Alto Norte es una capacidad que no va al flanco sur, donde España vigila el Sahel, la fachada atlántica de Marruecos y la ruta de los cables submarinos. El segundo es tecnológico. El Golden Dome es la versión estadounidense de un debate que en Europa se llama defensa antimisiles y en el que la industria española —Navantia, Indra, las plantas de misiles de la bahía de Cádiz— aspira a entrar. El tercero es jurídico. El acuerdo con Dinamarca es ejecutivo; los de Rota y Morón se firmaron en 1953 con la misma lógica de urgencia, los Pactos de Madrid, y luego necesitaron décadas y protocolos para ordenarse.
La lectura a cinco o diez años es menos amable de lo que sugiere la unanimidad del Folketing. Un acuerdo ejecutivo es reversible con otro acuerdo ejecutivo: lo que un presidente firma sin el Senado, otro lo puede reescribir sin el Senado. Y el precedente deja un mensaje incómodo para todos los aliados pequeños: la presión funciona, y funciona rápido. Dinamarca ha preservado la soberanía formal y el derecho de autodeterminación sobre el papel, pero ha aceptado que las decisiones con implicación de seguridad en su propio territorio pasen por una conversación con Washington.
El próximo hito es administrativo y, por eso mismo, decisivo: la nota diplomática que activa el texto, el borrador de la ley de cribado de inversores y la concreción de las dos bases. Ahí se verá si Groenlandia es un socio o un emplazamiento. El Ártico no perdona los gestos.

