EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Ceuta cifra en más de 135 millones de euros anuales el coste de tutelar a los 3.767 menores extranjeros no acompañados que siguen en la ciudad, el 30% de su presupuesto de 2027, y ha llevado al Estado a los tribunales por las pruebas de edad de 14 menores.
- ¿Quién está detrás? El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), junto a la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y el vicepresidente Alberto Gaitán, que reclaman repatriaciones y una financiación estatal continuada.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un pulso competencial con Moncloa por quién paga la acogida y compromete las inversiones de la ciudad, que caen un 13,45% en las cuentas del próximo ejercicio.
Ceuta cifra en 135 millones anuales la tutela de los 3.767 menores extranjeros no acompañados que acoge. La Ciudad Autónoma calcula que atenderlos absorbe ya el 30% de los 448,48 millones de su presupuesto para 2027 y ha decidido llevar al Gobierno de España a los tribunales por una factura modesta en su importe, 4.939,58 euros, pero cargada de significado competencial.
Un presupuesto de 13,63 millones contra una factura de 135
El cálculo del Ejecutivo ceutí parte de una base sencilla. Atender a cada menor cuesta, según fuentes del Gobierno local, ‘unos 100 euros diarios’. Multiplicado por los 3.767 tutelados, la ciudad soporta unos 376.700 euros al día: esto es, 11,3 millones al mes y una factura anual que supera los 135 millones.
La distancia con la previsión inicial mide el tamaño del problema. El presupuesto de 2026 consignó 13,63 millones al programa de Menores: seis millones para la ‘Emergencia atención menores migrantes’, 2,8 millones para contratos de plazas de acogida, casi 1,8 millones para centros y 1,4 millones para vigilancia. Hoy esa dotación equivale, poco más o menos, al coste de un solo mes de acogida.
Para 2027, la Ciudad ha presentado lo que sus responsables llaman ‘presupuestos de guerra’. Las partidas corrientes crecen un 5,38%, pero las inversiones reales retroceden un 13,45%, hasta 34,14 millones, por el aumento de los costes ordinarios tras la entrada masiva de casi 100.000 personas los días 30 y 31 de julio. El coste proyectado de los menores equivale a cuatro veces toda la partida de inversión. El portal oficial de la Ciudad Autónoma, ceuta.es, publica la documentación presupuestaria del ejercicio.
La subvención extraordinaria de 45,32 millones aprobada por el Estado en octubre dejó fuera la atención a menores. ‘Esa estimación no incorpora los costes de atención a menores extranjeros’, precisó entonces la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que reclamó continuidad: ‘Si las necesidades continúan en 2027, el apoyo estatal también deberá continuar’. El vicepresidente Alberto Gaitán añadió dos exigencias más: ‘Hacen falta modificaciones legislativas y recursos extraordinarios nuevos’, junto a refuerzo fronterizo y medios estatales para una situación que había ‘desbordado todas las previsiones’.
Pruebas de edad: 4.939 euros que destapan el pulso competencial
El último choque no va de grandes cifras. Ceuta ha acudido a los tribunales por los 4.939,58 euros que el Estado pretende cobrarle por las pruebas de determinación de edad practicadas a 14 menores en el Hospital Universitario. La Ciudad sostiene que la competencia es del Ministerio Fiscal y que la factura corresponde al Ministerio de Sanidad, a través de INGESA; la Administración sanitaria responde que paga quien ostenta ‘la tutela o guarda del menor’. El acuerdo del Consejo de Gobierno de Vivas lo resume así: hasta que no es oficialmente menor, el migrante no es responsabilidad de la administración autonómica. El litigio, si no hay acuerdo, seguirá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Una factura de 4.939 euros condensa el conflicto entero: quién responde de un menor antes de que alguien lo declare oficialmente menor.

No es un episodio nuevo. ‘Este asunto llevamos recurriéndolo con anterioridad a la invasión procedente de Marruecos’, explican fuentes locales, que sitúan el desajuste antes del asalto de julio. Las facturas siguen pendientes de cobro y la Ciudad anticipa que sostendrá el pleito hasta el final si el Ministerio no rectifica.
Los números han bailado desde el primer día. El 5 de agosto, Ceuta atendía a 1.160 menores; el 12 de septiembre, la ministra de Infancia, Sira Rego, cifraba 2.100, ‘un tercio de ellos niñas’,, y diez días después el propio Gobierno ofrecía versiones contrapuestas: Rego sostenía que ‘la mayoría’ se quedaría en España, Ángel Víctor Torres afirmaba que ‘la mayoría va a regresar’ a Marruecos, y fuentes de Moncloa zanjaban que ‘ambos tienen razón’.
El balance de los 100 días, publicado el 7 de noviembre, contabilizaba 316 traslados a la Península entre reagrupaciones familiares y derivaciones a otras comunidades autónomas, 21 millones gastados solo en alojamiento y ningún menor reunido con su familia en Marruecos. En paralelo, la ciudad ha pasado de diez a 23 recursos para menores, trece de ellos habilitados tras el asalto.
La foto sobre el terreno sigue siendo incómoda. Al 23 de octubre, fuentes locales cifraban en 286 los triajes practicados entre 3.331 tutelados: el 8,6%, transcurridos 85 días desde la entrada masiva. En septiembre, la Fiscalía informó de más de 30 agresiones sexuales investigadas contra mujeres migrantes llegadas en julio, con al menos doce víctimas menores de edad. La advertencia de Gaitán resume el límite material de la acogida: ‘Seguimos abriendo, pero ya no sabemos dónde’.
El Eje del Poder Popular
Lo que observamos no es una queja presupuestaria más, sino un pulso de competencias que el PP lleva meses planteando en otros tonos. Juan Jesús Vivas no discute la solidaridad: discute quién paga y quién decide. Su tesis es de manual: la frontera se defiende con medios del Estado, la tutela se financia con recursos del Estado y la repatriación se negocia con Marruecos desde el Estado. Mientras eso no ocurra, el coste lo asume una administración local con un presupuesto de 448 millones, la mitad del cual se le escapa en menores, y con las inversiones en caída libre. En Génova siguen el expediente con atención porque encaja en el argumentario de la financiación: si Moncloa negocia alivios de deuda con los socios independentistas, difícilmente puede explicar que una ciudad de dimensión reducida pague de su caja las pruebas de edad de catorce adolescentes.
El aterrizaje territorial es inmediato. Las derivaciones a otras comunidades autónomas —316 en cien días— abren un frente con las regiones receptoras, varias de ellas gobernadas por el PP, que exigen criterios objetivos, financiación aparejada y nada de repartos por decreto. Y el precedente pesa: Ceuta ya litigaba estas facturas antes del 30 de julio, lo que desmiente la lectura de un incidente puntual. Estamos ante un desajuste estructural entre quien ejerce la guarda de hecho y quien tiene la competencia formal, agravado por un volumen de acogida que ninguna previsión administrativa contemplaba.
El riesgo a corto plazo es doble. Uno, presupuestario: si el Estado no asume el coste, el margen de la Ciudad se estrecha hasta comprometer servicios ordinarios y obra pública, con una caída de inversión del 13,45% ya sobre la mesa. Dos, político: cada semana sin respuesta consolida la sensación de que la frontera sur queda fuera del mapa de prioridades de Moncloa. La ventana crítica es la que se abre con el litigio ante el TSJA y con la aprobación definitiva de las cuentas de 2027, donde se verá si la subvención estatal continúa o si Ceuta vuelve a pagar sola la factura de una competencia ajena.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Frente a las cesiones a los socios independentistas, el PP exige al Estado que asuma el coste de la frontera sur y no cargue sobre el contribuyente ceutí competencias que no le corresponden.
- Protagonista: Juan Jesús Vivas (presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta), con Kissy Chandiramani (consejera de Hacienda) y Alberto Gaitán (vicepresidente).
- Próximo hito: La respuesta del Estado a la reclamación por las pruebas de edad, con el contencioso ante el TSJA, y la aprobación definitiva de los presupuestos de 2027.

