El TSJ de Andalucía confirma la incapacidad permanente total de un administrativo-contable por lesiones de hombro

El tribunal autonómico ratifica el fallo de lo Social que valora la agravación sobre el puesto administrativo y no sobre la conducción. La Sala aplica los artículos 137 y 194 de la LGSS y confirma el grado reconocido.

La Sala de lo Social del TSJ de Andalucía ha confirmado la incapacidad permanente total de un administrativo-contable de Córdoba afectado por una artrosis postraumática severa de hombro izquierdo.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Andalucía ratifica la sentencia de un juzgado de lo Social de Córdoba que reconoce la incapacidad permanente total de un trabajador administrativo-contable.
  • ¿Qué base jurídica aplica? Los artículos 137 y 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con valoración conjunta de secuelas sobre la profesión realmente desempeñada.
  • ¿Qué impacto tiene? La agravación sobrevenida se proyecta sobre el nuevo oficio y no sobre la actividad que originó el reconocimiento de 2006.

Antecedentes: del reconocimiento de 2006 a la artroplastia de 2024

El trabajador fue declarado en 2006 en situación de incapacidad permanente total para su profesión de camionero, derivada de una fractura de cabeza humeral con artrosis postraumática severa en el lado izquierdo. Las secuelas acreditadas entonces consistían en una limitación de los arcos de movilidad por debajo del 50%, cuadros dolorosos recurrentes y una ostensible pérdida de fuerza en el miembro superior.

Reorientada su actividad hacia funciones de administración y contabilidad, el interesado encadenó varias bajas temporales hasta que en enero de 2024 se le practicó una artroplastía de hombro izquierdo. El tratamiento de rehabilitación posterior no revirtió el cuadro funcional ni redujo de forma apreciable el dolor.

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La nota del Gabinete de Comunicación del CGPJ no identifica el número de la resolución ni la fecha exacta de su dictado, extremos que tampoco constan en el CENDOJ. La misma fuente omite la identidad de la parte recurrente en suplicación.

El fallo: profesión de referencia y valoración conjunta de secuelas

TSJ Andalucía

El pronunciamiento del TSJ de Andalucía confirma el reconocimiento del grado respecto del puesto administrativo-contable. La Sala asume que la profesión habitual que debe tomarse como referencia es la efectivamente ejercida al tiempo del nuevo juicio de capacidad, y no la que sustentó la declaración de 2006. La valoración se anuda al oficio realmente desempeñado.

La base jurídica del fallo se apoya en el artículo 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que define la incapacidad permanente total como la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. Sobre esa definición actúa el artículo 194 del mismo texto legal, que autoriza la modificación del grado por agravación o mejoría de las lesiones.

El TSJ de Andalucía confirma que la agravación de secuelas se proyecta sobre la profesión desempeñada y no sobre la que originó el grado de 2006.

Ponderadas conjuntamente, la limitación de movilidad del hombro izquierdo, el dolor persistente y la pérdida de fuerza se contrastan con las exigencias del puesto: registro contable, manejo de sistemas informáticos y tratamiento documental sostenido. La reducción funcional resulta incompatible con el rendimiento exigible a un administrativo-contable. La entidad gestora queda obligada al abono de la prestación del 55% de la base reguladora, con el incremento legal aplicable en su caso.

La Doctrina del Tribunal

La doctrina que consolida la resolución es de doble alcance. En primer término, fija que la profesión habitual se determina por el oficio realmente ejercido, lo que obliga a revisar la referencia cuando el trabajador ha sido reubicado tras una incapacidad previa. En segundo, admite que la modificación por agravación del artículo 194 abra un nuevo juicio sobre el grado respecto de esa profesión, sin que la declaración anterior opere como límite infranqueable.

La base interpretativa es teleológica: el tribunal atiende a la finalidad protectora del sistema y a la capacidad residual real del trabajador, no a la calificación administrativa precedente. La valoración conjunta de secuelas —movilidad, dolor y fuerza— impide fragmentar el cuadro clínico en déficits aislados. El artículo 137 de la LGSS exige además que el trabajador pueda dedicarse a otra profesión distinta, requisito que la Sala pondera antes de confirmar el grado.

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El impacto sobre la práctica procesal es directo. Los juzgados de primera instancia del orden social revisan un volumen constante de expedientes de revisión por agravación en los que la parte actora debe acreditar la irreversibilidad de las secuelas y su incidencia sobre las tareas esenciales del puesto. La prueba pericial médica, los informes de rehabilitación y la descripción funcional del puesto resultan determinantes. La profesión habitual se convierte en el eje del litigio y no la antigüedad del diagnóstico.

La proyección del fallo pasa por el recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, conforme a los artículos 216 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La ausencia de publicación en el CENDOJ impide, por ahora, verificar la literalidad de la fundamentación y el sentido exacto del pronunciamiento sobre costas.

FICHA DEL CASO

  • El caso: Procedimiento de seguridad social en materia de incapacidad permanente. Revisión por agravación de un grado reconocido en 2006 para la profesión de camionero, tras la reubicación del trabajador en un puesto administrativo-contable.
  • Datos importantes: Artículos 137 y 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Fallo confirmatorio en suplicación. Número de resolución no disponible en la nota del CGPJ.
  • Fecha de los juicios: Reconocimiento inicial en 2006; artroplastia de hombro en enero de 2024; fecha de la sentencia no publicada en la nota institucional ni en el CENDOJ.
  • Personas acusadas y por qué: N/A. Se trata de un litigio de Seguridad Social sin acusados ni imputados.
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