Feijóo pregunta a Sánchez en el cara a cara si Anticorrupción investiga los 6.000 millones de Indra

El líder del PP usó el bloque de gasto militar para exigir explicaciones por el informe de la IGAE, que apunta a adjudicatarios identificados de antemano. Génova prepara iniciativas en el Congreso y el Senado para forzar la comparecencia de Defensa e Indra.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? En el cara a cara del 19 de noviembre, Feijóo preguntó a Sánchez si la Fiscalía Anticorrupción investiga 6.000 millones en adjudicaciones del Ministerio de Defensa a Indra. El presidente del Gobierno no confirmó ni desmintió el expediente.
  • ¿Quién está detrás? El presidente del Partido Popular colocó la pregunta en el bloque de gasto militar; el presidente del Gobierno respondió con la cifra de los 80.000 millones y rechazó las lecciones del PP.
  • ¿Qué impacto tiene? El Grupo Parlamentario Popular llevará el asunto al Congreso y al Senado, con el informe de la IGAE y el 84% del Plan de Defensa concentrado en Indra como eje del debate.

Feijóo preguntó ayer a Sánchez si la Fiscalía Anticorrupción investiga 6.000 millones de euros en adjudicaciones de Defensa a Indra. El presidente del Gobierno no confirmó ni desmintió la existencia de ese expediente.

La pregunta llegó en el bloque del gasto militar, con los dos líderes ya enzarzados por el compromiso del 5% del PIB firmado en la cumbre de la OTAN. ‘¿Es verdad que la Fiscalía Anticorrupción está investigando 6.000 millones de euros de adjudicaciones de Defensa a Indra? ¿Por qué usted ha tenido tres presidentes de Indra, hay algo que ocultar?’, espetó el presidente del Partido Popular.

La investigación que Feijóo puso sobre la mesa se apoyaría en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encargado tras la denuncia de un particular a finales de 2025, en el que se apreciaban posibles anomalías en los procedimientos de contratación.

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La pregunta que Sánchez dejó sin respuesta

El presidente del Gobierno ni confirmó ni desmintió. El cara a cara derivó en un choque cruzado por la corrupción: Feijóo reprochó al Ejecutivo las ‘guarradas’ que atribuye a su gestión y Sánchez rechazó las lecciones del PP, según la crónica de Europa Press. El jefe de la oposición, mientras, apretaba por el otro flanco: ‘El presupuesto de Defensa lo ha firmado usted’.

El intercambio sobre el gasto militar subió de tono. Sánchez cifró en 80.000 millones la inversión adicional que exigiría elevar al 5% del PIB el presupuesto de Defensa —hoy en el 2%— y preguntó si se pagaría ‘vía impuestos a la clase trabajadora’ o ‘vía recortes al Estado del bienestar.

Nadie confirmó la investigación, nadie la desmintió, y seis mil millones de euros en contratos públicos siguen sin una explicación oficial ante la cámara.

Feijóo cerró el tramo con dos compromisos encadenados: ‘Yo no voy a poner en solfa los servicios públicos por el gasto en Defensa. Primero están los servicios públicos y después el gasto en Defensa’. Y una advertencia sobre su propio estilo: ‘Yo no le voy a mentir a mis socios, no voy a decir una cosa dentro y después llegar a una rueda de prensa y decir la contraria’.

Los 6.000 millones, el informe de la IGAE y el 84% del plan de Defensa

cara a cara Sánchez Feijóo

Los números que sostienen la pregunta son verificables en el expediente administrativo. Más de 6.000 millones de euros de los préstamos públicos concedidos para financiar programas de defensa habrían ido a parar a Indra o a uniones temporales de empresas en las que participa junto a Escribano. Eso equivale al 84% de los más de 7.200 millones vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

Las principales observaciones afectan al vehículo blindado 8×8 Dragón, de TESS Defence, por más de 2.000 millones de euros; al sistema lanzacohetes Silam, liderado por Expal y Escribano, por unos 576 millones, y a distintos contratos de sistemas antidrones. La IGAE apunta a indicios de que algunos adjudicatarios estaban identificados de antemano, al empleo de procedimientos con competencia limitada, a inconsistencias documentales y económicas y a plazos de licitación cuestionados.

El Ministerio de Defensa ha defendido el reparto. En febrero, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, la secretaria de Estado Amparo Valcarce justificó que una gran parte de los programas se adjudicaran a Indra por su ‘acreditada solvencia’ y su ‘acreditada experiencia’. Lo hacía al responder a un diputado del PP que le interrogó por los 16.590 millones concedidos de forma directa a Indra Group y a empresas vinculadas a su presidente, sobre un total de 33.936 millones.

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El PP quiere llevar el asunto a las Cortes. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular señalan que la ofensiva se canalizará vía solicitudes de comparecencia y preguntas escritas en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de que el informe de la IGAE acabe incorporado al debate parlamentario y no se quede en un cruce de declaraciones televisivo.

El Eje del Poder Popular

En Génova se lee la pregunta como un movimiento de posición, no como una escaramuza de debate. El asunto reúne tres elementos que la dirección nacional considera terreno favorable: contratación pública opaca, rotación acelerada en la cúpula de la compañía y una sociedad mercantil que concentra el 84% de un plan industrial valorado en 7.200 millones. Feijóo no pidió una condena. Pidió un dato. Y el dato no llegó.

La estrategia previsible es la de siempre, y el partido la conoce bien: pregunta en la sesión de control, solicitud de comparecencia y uso de la mayoría absoluta en el Senado como palanca de calendario. El precedente más útil para Génova sigue siendo el del 11-M: una comisión de investigación parlamentaria puede desgastar a un Gobierno más que veinte mítines, siempre que el documento primario llegue a la Cámara. La diferencia, esta vez, es que el papel ya existe y está firmado por la Intervención General del Estado.

El aterrizaje territorial es inmediato. Los programas del plan de Defensa tienen huella industrial en Madrid, Aragón y Andalucía —tres territorios gobernados por el PP— y también en Asturias, en manos del PSOE. Los presidentes autonómicos populares sostienen que la transparencia en la contratación no admite excepciones por razones de seguridad, y ese argumento les sirve igual para exigir claridad a Moncloa que para exhibir sus propios portales de transparencia. Ayuso ha hecho de la gestión verificable su marca; Moreno, de la simplificación administrativa. Ninguno va a dejar pasar un debate sobre adjudicaciones a dedo.

El riesgo del movimiento también es conocido. Si el informe no llega al Congreso y el Gobierno se refugia en la confidencialidad de las contrataciones de Defensa, la ofensiva puede quedarse en un titular de telediario y en un titular que Moncloa contestará con la agenda social. La mayoría de los diputados del GPP considera, sin embargo, que el coste político lo paga el Ejecutivo: tres presidentes en Indra en pocos años es una anomalía de gobierno corporativo que ningún portavoz quiere explicar en el atril.

La próxima ventana crítica es la sesión de control y el registro de iniciativas de esta semana. Ahí se sabrá si el PP convierte la pregunta del cara a cara en un procedimiento con papeles o si el asunto se diluye, como tantas veces, en el ruido del hemiciclo.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Transparencia en la contratación pública frente al silencio del Gobierno sobre 6.000 millones de euros en adjudicaciones de Defensa.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
  • Próximo hito: La sesión de control en el Congreso y el registro de las iniciativas del GPP para reclamar el informe de la IGAE.