Amnistía Internacional documenta 61 casos de violencia policial en el 11-N y carga contra el gas lacrimógeno

La organización documenta golpes de porra, espray pimienta y gases contra multitudes sin salida en Madrid, Barcelona, València y Granada. Exige investigaciones que alcancen la cadena de mando y una revisión de los protocolos de uso de la fuerza.

La violencia policial del 11-N queda documentada en 61 casos por Amnistía Internacional, que exige responsabilidades hasta la cadena de mando.

El informe se apoya en 24 entrevistas a víctimas y testigos y en el análisis audiovisual de decenas de grabaciones. De ahí emerge un repertorio que la organización describe como patrón y no como accidente: golpes de porra en la cabeza, espray pimienta a discreción, gases lacrimógenos contra multitudes sin vía de escape y pelotas de goma disparadas contra quienes huían. Al menos 36 personas resultaron heridas durante los piquetes informativos de la mañana y cinco acabaron en el hospital.

En Madrid ocurrió el episodio que Amnistía califica de excepcional. La marcha de la tarde, pacífica, con familias, menores y personas mayores, subía por la Gran Vía hacia la plaza de España cuando un cordón policial cortó el paso. La dispersión se ejecutó con porras, gases y pelotas de goma. Los entrevistados aseguran que no escucharon ningún aviso previo. En las calles adyacentes, parte de los asistentes quedó atrapada entre los agentes y la multitud que intentaba salir.

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El documento señala cinco puntos críticos en la capital. En la Gran Vía, la artista Samantha Hudson y otras dos mujeres fueron rociadas con espray pimienta a muy corta distancia sin estar ejerciendo violencia. En Mercamadrid, según el investigador Daniel Canales, ‘la policía literalmente impidió que llevaran a cabo ningún tipo de actuación ni información’. En Granada, Néstor Salvador, secretario de Organización de Adelante Andalucía, acabó en urgencias por un traumatismo, y la diputada autonómica Inma Manzano cayó al suelo tras ser empujada por los agentes.

También hay periodistas. Raquel y Miguel Ángel, de El Salto, recibieron golpes de porra en València; Alejandra Martínez Velasco, de Canal Red, sufrió tres impactos y la rotura del teléfono; Graciela García, de RTVE, denunció un golpe por la espalda y la inhalación de gas. Todos iban identificados.

Una marcha que se disuelve sin aviso audible y sin salida practicable no es un problema de orden público: es un problema de derechos fundamentales.

La organización documenta además golpes y espray en Alicante, Castellón, Santiago de Compostela, Vitoria y Portugalete, siempre contra personas que, según su reconstrucción, no representaban una amenaza para los agentes.

Qué sostiene el informe y dónde está la brecha jurídica

El eje jurídico es el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. ‘Muchos de los casos corresponden a vulneraciones’ de ese artículo, sostiene Canales.

La organización recuerda que España acumula al menos 11 sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de investigación adecuada de posibles malos tratos. Ese es el precedente que pesa. No el de una tarde de noviembre, sino el de una década de informes con distinta firma y el mismo diagnóstico.

Canales ordena los problemas en tres capas. Los protocolos policiales, que no se ajustan del todo a los estándares internacionales sobre armamento menos letal. La formación de los agentes, con prácticas como golpear en la cabeza a quien está de espaldas o disparar pelotas de goma a corta distancia contra quien huye. Y la rendición de cuentas, lastrada por la dificultad para identificar a los intervinientes y por investigaciones que rara vez son independientes.

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‘El mero hecho de que tú puedas invadir una calzada o de que puedas interrumpir el tráfico no legitima ni justifica que tú puedas ser golpeado con porras policiales o gaseado’, añade el investigador. Los piquetes informativos, subraya, forman parte del ejercicio del derecho de huelga y de reunión pacífica.

El coste institucional: Interior, los Mossos y el mapa territorial

Amnistía Internacional

En Barcelona el informe es más matizado y, por eso mismo, más incómodo. Amnistía no detectó uso excesivo de la fuerza en los piquetes de la mañana, pero sí documentó un golpe de porra contra un manifestante pacífico por la tarde. Después llegaron los disturbios: 52 detenidos y 36 agentes heridos, según la Conselleria d’Interior. El foco está en un grupo de entre 30 y 40 agentes de paisano, encapuchados y uniformados de forma idéntica, que se replegó y sacó porras extensibles ‘de forma casi sincronizada’. Interior reconoce su presencia y sostiene que fueron agredidos; la organización pide una investigación sobre su finalidad.

El mapa completo describe un problema de coordinación y de doctrina, no de una unidad concreta. Ese es el terreno del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y también el de la Generalitat que preside Salvador Illa, obligada a responder por los Mossos.

Ahí está el nudo. La competencia es compartida y la responsabilidad política también. Nadie discute el derecho a manifestarse. El debate real es cuánto margen de error admite un operativo que dispersa a una multitud con gases.

El Eje del Poder Socialista

Ferraz llega a esta fotografía con una ventaja y una hipoteca. La ventaja es de marco: el PSOE ha hecho de la defensa del derecho de reunión y de la Europa de los derechos una seña de identidad, y cualquier respuesta que se aparte de ese guion le resta crédito ante su propio electorado. La hipoteca es de gestión: el Ministerio del Interior es socialista y la Delegación del Gobierno en Madrid también.

En el flanco interno no hay ruido, y eso es noticia. Los barones con mayor peso —Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra— tienen pocos incentivos para abrir una grieta en un asunto de orden público con ciclo electoral a la vista. Illa, en cambio, es el más expuesto: gobierna la comunidad donde el informe sitúa a los agentes encapuchados.

El aterrizaje social es nítido. La huelga del 11-N se convocó por el derecho a la vivienda, el eje que el Gobierno de coalición ha convertido en bandera legislativa con la ley estatal y el índice de referencia de alquileres. Si la respuesta policial a esa protesta acaba ante el Defensor del Pueblo o en los tribunales, el coste político no será de orden público: será de credibilidad sobre el derecho a protestar en en el precio del alquiler.

La lectura a medio plazo es de gestión de tiempos. Una investigación que se cierre sin conclusiones públicas convertiría el informe en munición para la oposición y en un problema de reputación internacional. Una investigación que se abra, se publique y derive en cambios de protocolo encaja mejor con el perfil institucional que Moncloa quiere proyectar en Bruselas. Amnistía no pide dimisiones. Pide procedimiento.

Queda el papel.

🌹 El Apunte de Ferraz

  • Mensaje fuerza: Marco de derechos: investigar para proteger el derecho de reunión, no para erosionar la legitimidad de las fuerzas de seguridad.
  • Protagonista: Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) y Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Catalunya).
  • Próximo hito: Respuesta del Ministerio del Interior al informe y eventual comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, pendiente de fecha.