La Regency Act de 1937 reabre el debate en Reino Unido y marca el espejo legal de la regencia española

La ley británica reserva la regencia al siguiente adulto en la línea de sucesión, no al cónyuge del monarca. La Constitución española la atribuye al padre o la madre del Rey menor y exige el artículo 168 para cambiarla.

La Regency Act de 1937 ha vuelto al centro del debate institucional británico. La norma que decide quién ejerce las funciones del monarca cuando este no puede desempeñarlas cumple casi noventa años y regresa a la discusión tras el movimiento legislativo de Alberto II de Mónaco, que ha asegurado el papel de la princesa Charlene en una eventual regencia de su hijo Jacques. En Londres, la pregunta circula en voz baja: por qué el Reino Unido no hace lo mismo con la princesa de Gales.

Qué regula la Regency Act de 1937 y por qué el caso de Jorge de Gales lo cambia todo

La ley de 1937 contempla dos escenarios. El primero, la accesión de un monarca menor de edad: si el trono pasa a alguien que no ha cumplido los 18 años, se nombra un regente hasta su mayoría. El segundo, la incapacidad del titular, con una regencia que se prolonga hasta que se le considere apto de nuevo. La norma entró en vigor en el primer año del reinado de Jorge VI, en 1937, cuando su heredera era una niña de diez años llamada Isabel.

El regente es, según la interpretación más literal del texto, el siguiente adulto en la línea de sucesión, siempre que sea súbdito británico y resida en el Reino Unido. La mayoría de edad ordinaria se fija en 21 años, aunque el heredero directo puede asumir la regencia desde los 18. De ahí una consecuencia incómoda: si el príncipe Jorge llegara al trono antes de cumplir la mayoría, el regente sería el duque de Sussex, no su madre.

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Mónaco ha resuelto ese mismo dilema con una reforma exprés. Alberto II ha impulsado el cambio para que, si su hijo Jacques —once años— se convirtiera en soberano antes de la mayoría de edad, la regencia recayera en la princesa Charlene. El principado mantiene una sucesión con preferencia masculina, y por eso llama la atención que el soberano haya garantizado la posición de la madre de su heredero. El precedente viaja.

Londres ya sabe cómo se hacen esas reformas. En noviembre de 2022, a los pocos meses de su accesión, Carlos III pidió al Parlamento ampliar la lista de consejeros de Estado, la figura que permite a dos de cinco personas ejercer competencias cuando el monarca está temporalmente fuera de servicio. Quedó aprobada antes de que terminara el año, con la princesa Ana y el por entonces conde de Wessex incorporados. La lista original —Camila, Guillermo, Enrique, Andrés y Beatriz— arrastraba una anomalía: tres de los cinco no son miembros activos de la familia real.

La rigidez constitucional española y la flexibilidad estatutaria británica no son un defecto ni una virtud: son dos maneras distintas de garantizar la continuidad del Estado.

De Mónaco a Madrid: el modelo español no elige regente, lo atribuye por ley

El contraste con España es de fondo. El artículo 59 de la Constitución no elige regente entre los adultos de la línea sucesoria: lo atribuye por ley. En caso de minoría de edad del Rey, la regencia corresponde al padre o a la madre y, solo en su defecto, al pariente de mayor edad más próximo a suceder en la Corona. Se exige ser español y mayor de edad.

Hay una segunda diferencia, quizá la más reveladora. El texto constitucional permite que los cargos de regente y de tutor del Rey menor recaigan en la misma persona cuando se trata del padre, la madre o los ascendientes directos. La ley británica, en cambio, separa ambas funciones: la tutela del monarca menor queda en el progenitor superviviente, mientras la regencia salta al siguiente adulto de la línea.

Para el supuesto de incapacidad rige el mismo criterio de sangre: si las Cortes Generales reconocen la imposibilidad del Rey, asume la regencia el príncipe heredero cuando es mayor de edad. Si no lo es, se aplica la regla del progenitor. Y si no hubiera nadie a quien correspondiera el cargo, las Cortes nombrarían una regencia de una, tres o cinco personas. La regencia se ejerce siempre en nombre del Rey.

La diferencia decisiva es la rigidez. La Regency Act es una ley ordinaria que el Parlamento ha retocado al menos tres veces —tras la muerte de Jorge VI, en 1953 con el duque de Edimburgo y en 2022 con los consejeros de Estado—, y cada retoque siguió la lógica del momento. El artículo 59 vive en el título II y cualquier cambio exigiría el procedimiento agravado del artículo 168 de la Constitución: dos tercios de las Cámaras, disolución, ratificación por las nuevas y referéndum. Nadie improvisa ahí.

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regencia monarquía

El espejo útil: la lección institucional que España ya ha escrito

Conviene no exagerar el paralelismo. El Reino Unido discute un problema que España ha dejado atrás por pura cronología: la princesa de Asturias cumplió la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023, de modo que el escenario que habría colocado a la Reina en una regencia por minoría de edad está cerrado. El supuesto vivo es otro, el de la inhabilitación, y ahí el texto es taxativo: la apreciación corresponde a las Cortes Generales, no a la Casa del Rey.

El interés del caso británico no está en la anécdota sucesoria, sino en la pedagogía institucional. Una monarquía capaz de reformar su regencia en semanas demuestra que la continuidad del Estado se legisla y no se confía a la biología. La española ha optado por blindar el supuesto en la norma suprema. Ambas soluciones funcionan. Ninguna es gratuita.

Queda un riesgo que conviene nombrar sin dramatismo. La discusión británica se ha contaminado con la polémica de los consejeros de Estado que no ejercen funciones reales, y ese ruido acaba llegando a la opinión pública como desgaste institucional. En España el debate equivalente no existe porque el artículo 59 no admite interpretaciones creativas. Es una ventaja que solo se aprecia al comparar.

Desde 1978, la Constitución se ha reformado tres veces —1992, 2011 y 2024— y ninguna por la vía del artículo 168. Si algún día se revisara la regencia, sería la primera. Ese es, hoy, el dato que de verdad separa Madrid de Londres.

Claves del Protocolo y Estado

  • Contexto del acto: el debate británico sobre la Regency Act de 1937 llega después de que Mónaco haya reformado su propia regencia, y obliga a revisar la arquitectura constitucional comparada de ambas coronas.
  • El detalle de protocolo: el Reino Unido separa regencia y tutela —el regente sale de la línea de sucesión, la custodia queda en el progenitor—; España permite acumular ambos cargos en el padre o la madre.
  • Próximos pasos: la Casa del Rey no ha anunciado ningún movimiento sobre el artículo 59, que solo podría reformarse por la vía agravada del artículo 168, nunca utilizada desde 1978.
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