EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto de centros de datos con condiciones que Aragón considera inasumibles.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno central y el Ejecutivo de Jorge Azcón, con la consejera Eva Valle al frente de las críticas.
- ¿Qué impacto tiene? 90.000 millones de euros en inversión tecnológica quedan en el aire, según la comunidad.
Aragón cifra en 90.000 millones de euros la inversión en centros de datos que el decreto estatal deja en el aire.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes el real decreto que regula los centros de datos, y lo hizo por la vía de urgencia. La respuesta del Gobierno de Aragón llegó el mismo día y con una palabra por delante: las condiciones son inasumibles para cualquier inversión.
Unas condiciones que ningún proyecto aragonés cumple
Los números de la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo son de vértigo: 90.000 millones en proyectos tecnológicos ligados al territorio, la mayoría campus de datos con un Proyecto de Interés General de Aragón (la declaración administrativa con la que la comunidad agiliza las inversiones estratégicas). En la lista figuran Microsoft y Amazon.
La consejera Eva Valle puso voz al malestar. Lamentó que la norma ponga en riesgo «la atracción de unas inversiones claves para la economía del siglo XXI» y añadió el dato que más pesa: ninguno de los proyectos aragoneses cumple los nuevos requisitos.
No es una lectura interesada. El propio Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha reconocido que los campus proyectados no encajan con lo aprobado. El temor es doble: que los inversores dejen la comunidad y que, además, se lleven la energía que Aragón genera.
Valle criticó también el método. La norma se ha aprobado «in extremis», sin contar «ni con el sector ni con administraciones implicadas», y a su juicio debería haberse abordado «con calma y con cautela después de las elecciones». El Gobierno de Aragón ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica el informe del Consejo de Estado sobre el real decreto y aún no lo ha recibido.
Noventa mil millones de euros en campus, empleo y energía dependen ahora de un texto que el Ejecutivo aragonés todavía no ha podido leer entero.
Junto al decreto, el Consejo de Ministros aprobó la planificación eléctrica 2027-2030. Valle se mostró «escéptica»: «No sirve de nada que estén sobre el papel las inversiones si no se ejecutan». Recordó que el 43% de los trabajos de la planificación anterior en la comunidad se han quedado sin ejecutar.
Inversores, empleo y energía: lo que hay detrás de los 90.000 millones
Lo que está en juego no es solo una cifra. Los campus de datos se han convertido en la punta de lanza de la estrategia económica aragonesa: suelo industrial, disponibilidad de agua y una capacidad renovable que sitúa a la comunidad entre las mayores exportadoras de electricidad del país.
El riesgo que traslada el Ejecutivo no es que la inversión se mude a otra comunidad. Es que se mude de país. Con ella se irían los empleos indirectos, los contratos de mantenimiento, y la recaudación que sostiene los servicios públicos de un territorio con más de la mitad de su población concentrada en Zaragoza.
Las Cámaras de Comercio ya habían alegado contra el borrador con un argumento parecido: «Las empresas necesitan una regulación estable». En la misma lista de proyectos en el aire está Merlin, con campus en tramitación. Y en el Ejecutivo autonómico dan por hecho que el redactado final, que debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado, apenas se moverá del primer texto.
El Pulso Territorial
Aragón está gobernada por el PP desde 2023, con Jorge Azcón al frente de un Ejecutivo que ha hecho de la captación de inversión tecnológica su bandera económica. Ese es el marco del choque con el Gobierno central: no es una disputa de trámite, es la defensa de un modelo. En las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños) está por ver cómo se traduce ese malestar en iniciativa parlamentaria.
La dimensión regional importa. Varias de las comunidades que compiten por los mismos campus —Castilla y León, Castilla-La Mancha— han hecho de la energía barata y el suelo disponible su argumento comercial. Y todas miran con recelo un marco que llega sin acuerdo previo con los territorios. Aragón parte con ventaja en un indicador que ahora se vuelve en su contra: genera mucha más electricidad de la que consume.
Queda la contradicción de fondo. La comunidad que presume de renovables teme que su propia energía alimente campus instalados a miles de kilómetros. Falta el informe del Consejo de Estado, falta el texto definitivo y falta el encaje de los Proyectos de Interés General ya concedidos, que se tramitan con plazos propios. Mientras todo eso se resuelve, los 90.000 millones siguen en el aire y las elecciones autonómicas de 2027 se acercan como telón de fondo.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno central aprueba por urgencia el real decreto de centros de datos y Aragón calcula que pone en riesgo 90.000 millones en campus ya proyectados.
- Datos importantes: 90.000 millones de euros en juego; Microsoft, Amazon y Merlin con Proyecto de Interés General; el 43% de la anterior planificación eléctrica sin ejecutar.
- Resumen: El Ejecutivo aragonés reclama el informe del Consejo de Estado y el texto definitivo. Si las condiciones no cambian, los inversores podrían llevarse los proyectos fuera de España.

