PP y Vox aprueban en la Asamblea el urbanismo exprés para la vivienda

Los municipios de más de 15.000 habitantes podrán aprobar su propio planeamiento sin tutela previa de la Consejería. La norma sustituye la ley de 2001 y promete reducir de 12 a 4 años la tramitación de los planes.

La Ley Lider Madrid ya es norma: la Asamblea aprobó el nuevo urbanismo exprés con los votos de PP y Vox.

El texto, bautizado como Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, sustituye la legislación urbanística que llevaba vigente desde 2001 y convierte a los municipios de más de 15.000 habitantes en dueños de su propio planeamiento, según el dictamen aprobado en la Asamblea de Madrid. PSOE y Más Madrid votaron en contra. Es la ley número 34 de la legislatura.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Jorge Rodrigo, resumió el alcance ante el pleno: ‘Vamos a revolucionar el urbanismo de esta región’. Lo dijo con los alcaldes populares que habían acudido a la Cámara a seguir la votación.

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Qué puede decidir tu ayuntamiento desde ahora y qué sigue en manos de la Comunidad

Los grandes municipios de la región —de Móstoles a Alcalá de Henares, de Getafe a Las Rozas— podrán aprobar sus instrumentos de planificación sin la tutela previa de la Consejería. La Comunidad conserva el control de legalidad: revisa que el plan cumpla la norma, pero ya no lo diseña. En el caso de Madrid capital, con más de tres millones de habitantes, el nuevo Plan Estratégico Municipal tomará el relevo del Plan General de 1997.

Por debajo de los 15.000 habitantes el esquema es otro. Los ayuntamientos pequeños contarán con asistencia técnica y económica de la Comunidad para redactar sus planes, un apoyo pensado para que la sierra y el sureste agrario no queden condenados a copiar el modelo del municipio vecino. La norma también simplifica los trámites de las actividades agrícolas y ganaderas en suelo rural, cuya autorización pasa a manos municipales.

De doce años a cuatro: así quiere la ley recortar los plazos

El corazón de la norma es el calendario. El Plan General se transforma en Plan Estratégico Municipal (PEM): la tramitación pasa de los 12 años actuales a entre cuatro y seis, según el procedimiento. El planeamiento de desarrollo, el que baja al detalle de cada manzana, cae de siete a cuatro años y, en determinados supuestos, puede cerrarse en uno solo mediante ordenanzas municipales. Cuatro años frente a doce.

Un plan que tarda doce años en aprobarse no llega tarde: llega cuando el barrio que iba a ordenar ya ha cambiado de problemas.

También se simplifica el suelo: de cinco categorías a tres, urbanizado, rural protegido y rural no protegido. La Estrategia Territorial asume la planificación de conjunto —medio ambiente, infraestructuras, y dotaciones en la misma ecuación— y la ley estrena un régimen específico de regeneración urbana para que los ayuntamientos actúen en barrios degradados sin que los costes recaigan sobre los vecinos.

A eso se suma un capítulo que toca de lleno el ocio. La norma actualiza la legislación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, vigente desde hace casi tres décadas, y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y dispositivos pirotécnicos en establecimientos de restauración y ocio en zonas no habilitadas. Los municipios de más de 20.000 habitantes autorizarán las actuaciones de carácter excepcional.

Menos casillas, menos expedientes.

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El riesgo de que cuatro años se conviertan en doce

Madrid tiene experiencia propia en esto. El desarrollo de Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, acumuló más de dos décadas de recursos, cambios de criterio y expedientes reiniciados antes de que arrancaran las obras. La comparación sirve para lo bueno y para lo malo: acelerar no mejora un plan por sí solo, pero un plan malo tarda el doble en corregirse.

La otra cara del atajo está en el suelo. Pasar de cinco categorías a tres deja menos matices para realidades muy distintas: no es lo mismo un borde urbano de Fuenlabrada que una finca en el pie de la sierra, ni una nave industrial de Coslada que un terreno en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La oposición avisó en el pleno de que la autonomía municipal sin controles suficientes abre la puerta a decisiones discrecionales. Vox, que acabó votando a favor, sostiene una objeción parecida por el otro flanco: reclama ‘una legislación más sólida y garantista’ y ‘mecanismos de control’ para que las decisiones municipales no bloqueen el desarrollo urbanístico ni deriven en casos de corrupción. Añade, además, que la ley no garantiza que la vivienda protegida llegue prioritariamente a los españoles.

El recorrido parlamentario tuvo su letra pequeña. Vox presentó 28 enmiendas. El PP aceptó cuatro modificaciones menores en el dictamen de la comisión y el partido de Abascal se abstuvo en aquella votación. Después, el Gobierno regional reabrió la negociación y ofreció cinco más. Con esas nueve en el texto, llegó el sí.

Queda por delante la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, paso previo a que la norma despliegue efectos. Y queda la prueba de fuego: comprobar si los planes que se aprueben bajo el nuevo marco llegan de verdad en cuatro años o si la burocracia que la ley quiere desmontar se reconstruye expediente a expediente en cada ayuntamiento.