Pérez Llorca promete en Dénia reformar la Ley de Costas si Feijóo gobierna: 50.000 viviendas en la Marina Alta

El jefe del Consell condiciona el cambio normativo a que Feijóo llegue a La Moncloa y lo apoya en un cálculo del propio partido. La reforma exige mayoría en el Congreso.

Pérez Llorca promete en Dénia reformar la Ley de Costas si Feijóo gobierna y cifra en 50.000 las viviendas en riesgo.

El president de la Generalitat y líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, eligió el litoral de la Marina Alta para lanzar un compromiso que excede su competencia: si el PP llega a La Moncloa, modificará la norma estatal que delimita el dominio público marítimo-terrestre. Lo hizo en un acto público en Dénia, acompañado por el presidente provincial del partido en Alicante, Toni Pérez.

El acto tuvo destinatarios concretos. «. Defendió la gestión del Consell en esta materia —con la aprobación de una ley autonómica propia, según sus palabras— y resumió el objetivo de la reforma: «buscar soluciones y equilibrios que regeneren las playas y, al mismo tiempo, garanticen esos núcleos históricos urbanos tan característicos de la Comunitat Valenciana».

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Lo que no hay, de momento, es texto. Ni borrador, ni anteproyecto, ni un solo artículo. El compromiso es político y está condicionado a un resultado electoral que aún no se ha producido. La reforma exigiría mayoría en el Congreso de los Diputados, donde el PP no gobierna y donde la aritmética de la legislatura no permite dar por hecha ninguna mayoría alternativa.

La cifra que el partido puso sobre la mesa es la de 50.000 viviendas afectadas en la Marina Alta. En el acto se habló de Dénia como epicentro, aunque el propio PP extiende el cálculo al conjunto de la comarca. No es un dato oficial: procede de los afectados y de la contabilidad del partido, no del Catastro ni de la Dirección General de la Costa y el Mar.

Quien decide dónde acaba la playa y dónde empieza la casa no es el Consell: es una ley estatal con casi cuarenta años de antigüedad.

La Ley de Costas, el deslinde y las 50.000 viviendas que el PP pone sobre la mesa

Pérez Llorca

Conviene separar tres conceptos que el debate público mezcla. El deslinde es el acto administrativo que fija dónde termina el dominio público marítimo-terrestre: qué es playa y qué no. La servidumbre de protección es la franja de suelo privado condicionada por su cercanía al mar, que la norma estatal fija en hasta 100 metros. La Ley de Costas de 1988 ordena todo eso, junto al reglamento que llegó en 2014.

Cuando un vecino de la Marina Alta dice que su casa «está en zona de costas», normalmente habla de lo segundo: una vivienda construida antes de que se dibujara la delimitación, o con un deslinde revisado después. De ahí salen los expedientes que acaban en los juzgados. El problema es jurídico, pero se sufre en la puerta de casa.

El antecedente más útil es de 2013. Con Mariano Rajoy en el Gobierno, el PP aprobó una reforma parcial que alargó los plazos de las concesiones y dio aire a miles de propietarios del litoral. Cuatro años antes ya había anunciado su intención de retocar la norma. La distancia entre anunciar y legislar es la que separa un mitin del Boletín Oficial del Estado.

El asunto tampoco es solo valenciano. Andalucía, Galicia, Canarias,, y Baleares arrastran deslindes discutidos, y cualquier cambio legal movería el suelo de miles de municipios costeros de Dénia a Huelva.

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El Escenario Valenciano

En Valencia, la promesa encaja en un calendario que el Consell tiene en la cabeza. El gobierno autonómico de Pérez Llorca, sostenido por Vox desde diciembre de 2025, afronta la segunda mitad del mandato con tres frentes abiertos: la reconstrucción tras la DANA, la negociación presupuestaria con sus socios y la expectativa electoral. En ese marco, el litoral es un asunto rentable: afecta a propietarios movilizados ya ayuntamientos gobernados en muchos casos por el PP.

La oposición queda emplazada. PSPV y Compromís tendrán que decidir si responden al fondo —qué reforma del litoral defienden— o a la forma, recordando que la competencia es estatal y que el Consell no puede legislar sobre el mar. En paralelo, el expresident Carlos Mazón, que dimitió en noviembre de 2025 por su gestión de la DANA, conserva su escaño en las Corts Valencianes y sigue vinculado al proceso judicial abierto por la catástrofe.

La dimensión nacional es decisiva. Feijóo necesita relato de gestión para los municipios costeros y la Ley de Costas tiene recorrido parlamentario. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, es quien firma los deslindes, y cada expediente conflictivo se convierte en munición en el Congreso. Ninguna reforma sale adelante sin mayoría en la Cámara Baja, y hoy esa mayoría no existe para este asunto.

La proyección es fácil de enunciar y difícil de fechar. El PP tiene por delante las elecciones autonómicas y las generales, y solo desde el Gobierno podría cumplir lo prometido. Mientras tanto, lo que sí puede hacer el Consell es ordenar su propio suelo, agilizar licencias y sentarse con la Dirección General de la Costa y el Mar expediente a expediente. Menos épico. Más útil.

Ficha del Caso

  • El caso: Pérez Llorca anuncia en Dénia que el PP reformará la Ley de Costas si Feijóo gobierna, una competencia estatal que el Consell no puede ejercer por sí solo.
  • Datos importantes: 50.000 viviendas afectadas según el PP, cifra no oficial; Ley de Costas de 1988; servidumbre de protección de hasta 100 metros; reforma parcial de 2013.
  • Resumen: Un compromiso electoral sin texto normativo que exige mayoría en el Congreso y que coloca el litoral en el centro del debate valenciano y estatal.
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