Bruselas propone recortar un 32% los días de pesca de arrastre en el Mediterráneo: de 143 a 97 jornadas por barco.
El ajuste equivale a 46 jornadas menos que en 2026. La Comisión Europea abre la puerta a suavizarlo hasta un máximo de 131 días si los armadores aplican medidas adicionales para proteger las especies más vulnerables. Para el conjunto de la flota española de arrastre del Mediterráneo occidental, el Ejecutivo comunitario propone asignar 54.127 jornadas, ampliables hasta 73.391 por la vía de las compensaciones.
Los ministros de Pesca de la Unión Europea negociarán el texto en el Consejo de los próximos 14 y 15 de diciembre, la cita en la que se fijará el límite definitivo para 2027. Bruselas justifica el recorte en las últimas recomendaciones científicas sobre el estado de las poblaciones y defiende que el marco aporta ‘previsibilidad y estabilidad’ al sector, según el documento difundido este viernes.
Qué defiende Vox y con qué argumentos
Vox rechaza el planteamiento de fondo. Según el argumentario que la formación despliega en la Eurocámara y en el Congreso, un calendario de 97 jornadas deja la actividad por debajo del umbral de rentabilidad: el barco mantiene los mismos costes fijos —combustible, tripulación, seguros, amarres— con un tercio menos de días para faenar. El resultado, sostiene el partido, es una flota que pierde capacidad económica mientras la demanda de producto fresco sigue intacta.
La tesis de Vox no se limita al calendario. El partido inscribe el recorte en una ofensiva regulatoria más amplia —el Pacto Verde, la estrategia de biodiversidad y las sucesivas vedas espaciales y temporales— que, a su juicio, se aplica sin medir el coste social en los puertos.
A eso suma una contradicción que considera decisiva: la Unión Europea impone restricciones a su propia flota y, en paralelo, permite la entrada de producto de terceros países con exigencias ambientales y laborales menores. Para la dirección del partido, esa asimetría no protege el recurso; solo desplaza la presión fuera de Europa.
Vox no discute el objetivo ambiental: discute que el coste del ajuste recaiga sobre los puertos españoles mientras la UE importa con exigencias menores.
De ahí su exigencia inmediata al Gobierno: acudir al Consejo con una posición propia. El GPVOX reclama un plan de compensación económica que acompañe al ajuste de días, con apoyo directo a los armadores y un calendario de transición que no se renegocie cada diciembre. La formación sostiene que la defensa del sector primario es una cuestión de soberanía alimentaria y no un expediente técnico que se resuelva en un despacho.
Qué puede cambiar antes del Consejo de diciembre
La propuesta comunitaria es un punto de partida, no un resultado. El plan del Mediterráneo occidental afecta a tres flotas —española, francesa e italiana— y su revisión anual se decide por mayoría cualificada en el Consejo, de modo que España necesita socios para mover el texto. La vía más realista no es revertir el recorte, sino agotar el mecanismo de compensación que permite escalar de 97 a 131 jornadas. El expediente lo prepara la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea.

Ese mecanismo tiene letra pequeña: exige acreditar medidas de conservación, uso de redes más selectivas y zonas de veda durante 2027. Incluso en el mejor escenario, la flota dispondría de menos jornadas que este año, porque los 131 días siguen por debajo de los 143 autorizados en 2026. La negociación de diciembre se libra, por tanto, en el terreno de los doce días recuperables y no en el de los 46 que Bruselas pone sobre la mesa.
La lectura estratégica: el sector primario como campo de batalla
Conviene mirar el precedente. Desde la entrada en vigor del plan plurianual, la flota de arrastre del Mediterráneo ha encadenado recortes anuales, con un sector que ha ido absorbiendo los ajustes a base de menos días, cuadrillas más cortas y márgenes menguantes. Cada diciembre se repite el mismo trámite: propuesta de la Comisión, negociación de ministros y un resultado que rara vez corrige la tendencia. El método no cambia.
La novedad de 2027 es la magnitud del tijeretazo en un solo ejercicio. En clave política, el expediente mide la consistencia de todos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación negocia en Bruselas lo que después defiende en Madrid, y el PP compite con Vox por el mismo electorado rural y costero.
Ese solapamiento estrecha el margen para un apoyo tibio al recorte. Vox tiene aquí un flanco cómodo: puede exigir firmeza sin gestionar la mayoría cualificada que hace falta para torcer el texto. El riesgo es el de siempre: que la protesta se quede en el gesto si el Consejo cierra con el calendario prácticamente intacto.
Queda por ver con qué posición llega el Gobierno a la cita del 14 y 15 de diciembre y si el mecanismo de compensación se activa con criterios lo bastante amplios para que la flota pueda usarlo. Ahí se juega el sector algo más que doce jornadas: se juega la credibilidad de que Bruselas escuche cuando los puertos hablan.

