EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha instado a la Junta Electoral Central a garantizar que 163.355 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática no figuren en el censo del 29-N, tanto en el CERA como en el censo de residentes en España.
- ¿Quién está detrás? El Alto Tribunal dicta el auto a nueve días de las elecciones generales; la Junta Electoral Central actúa como órgano ejecutor y el Gobierno sigue el asunto desde La Moncloa sin pronunciarse sobre el fondo.
- ¿Qué impacto tiene? Quedan sin papeleta 163.355 nuevos españoles, salvo los 901 que han acreditado ser descendientes de exiliados por motivos políticos y quienes logren certificarlo por vía consular antes de la jornada electoral.
El Supremo exige a la Junta Electoral que garantice que 163.355 nacionalizados por la ley de nietos no voten el 29-N. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado este viernes un auto que extiende la suspensión a quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y residen en España, a nueve días de las elecciones generales.
Qué dice el auto y a quién deja fuera del censo
Hasta ahora la prohibición alcanzaba a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El auto la amplía al Censo de Residentes en España, la bolsa que había quedado al margen. Los magistrados solo dejan votar a 901 nacionalizados que han acreditado ser descendientes de exiliados por motivos políticos, y a quienes consigan certificarlo por vía consular antes del 29-N. El resto, hasta 163.355 personas, queda sin papeleta en esta convocatoria.
La ley de nietos es la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, la norma que abrió la vía a la nacionalidad para los descendientes de quienes salieron de España por motivos políticos o ideológicos. Su tramitación se hace expediente a expediente, en los consulados, y ese detalle administrativo es hoy lo que decide quién entra y quién no en el censo.
El auto tiene carácter cautelar. No resuelve el fondo del litigio ni anula ningún precepto: ordena a la Junta Electoral Central, árbitro ordinario de los procesos electorales, que impida la inscripción de esos votantes mientras se sustancia el conflicto. Cautelar significa, en la práctica, que el criterio puede variar cuando el tribunal se pronuncie sobre el fondo, pero que el 29-N se vota con esta regla.
El aterrizaje es desigual. Los afectados se concentran en territorios con fuerte tradición migratoria —Galicia, Asturias, Canarias, la Comunidad Valenciana— y muchos ya están empadronados y con tarjeta censal en la mano. En Asturias, comunidad gobernada por el PSOE, el censo de residentes en el exterior es un asunto de gestión ordinaria en cada cita electoral. No es la primera vez que este censo se convierte en problema político: durante años, el voto rogado obligó a los residentes fuera de España a pedir expresamente su papeleta, con una participación desplomada.
A nueve días del 29-N, el censo deja de ser un trámite administrativo y se convierte en el primer escenario de la batalla por la legitimidad del resultado.
La carrera de los nueve días: certificados, consulados y papeletas
El problema es de reloj. El auto abre una vía estrecha —la certificación consular de la condición de descendiente de exiliado— que exige cita, documentación y, en muchos casos, cruzar una frontera administrativa en menos de nueve días. Los consulados trabajan con agendas cerradas y el 29-N no admite prórroga.

De ahí el segundo efecto, menos visible y más corrosivo: la inseguridad sobre el censo. Según ha publicado infoLibre, la decisión del Supremo añade una capa de incertidumbre al proceso y señala el camino a la impugnación de resultados. Un censo en revisión hasta el último día es un argumento servido para quien pierda por un margen estrecho.
La lectura que se impone en el espacio socialista es la prudencia institucional. El auto es cautelar, versa sobre el censo y no sobre la validez de la ley de nietos, que sigue plenamente vigente. Fuentes de la dirección federal consultadas por Moncloa.com insisten en un punto: el PSOE no va a convertir una decisión judicial en un debate sobre la memoria democrática a nueve días de las elecciones.
El Eje del Poder Socialista
El primer flanco es interno. La ley de nietos es una de las normas de mayor carga simbólica del último ciclo socialista y su defensa no admite matices en el Grupo Parlamentario Socialista. Los barones con más peso en el censo exterior —Adrián Barbón en Asturias, las federaciones de Galicia y Canarias— tienen aquí un asunto de gestión antes que de discurso. Nadie en Ferraz va a pedir al Supremo que rectifique y nadie va a sugerir que la ley se tramitó mal. La línea es la contraria: la norma funciona; lo que se discute es un censo.
El segundo flanco es territorial y social. Los 163.355 afectados no son una abstracción: son personas con pasaporte español, empadronadas en un municipio o inscritas en en el consulado, que recibieron su documentación conforme a la ley. Para una parte del electorado de izquierdas, esa distancia entre el derecho reconocido y el derecho ejercido es exactamente el tipo de fricción institucional que erosiona la confianza sin necesidad de un discurso. En esta redacción seguimos el asunto con una convicción: la memoria democrática no se defiende con retórica, se defiende con procedimientos que funcionen.
El tercer flanco es el calendario. Con el censo en revisión hasta la víspera, cualquier resultado ajustado nace con una hipoteca: quien pierda tendrá a mano un recurso. La Junta Electoral Central, que ya carga con la responsabilidad de ejecutar el auto, se convierte en la pieza más vigilada de la semana. Y en el terreno de la confrontación, el argumento del rigor censal es un arma de doble filo: deja fuera a 163.355 españoles con derecho reconocido, y eso tiene coste en cualquier marco. El precedente de 2018, cuando el PSOE sostuvo la moción de censura con el argumento de la regeneración institucional, recuerda que estos debates se cobran o se pagan según quién los administre.
Queda una pregunta abierta y sin respuesta oficial: qué ocurre con los expedientes que se resuelvan después del 29-N. La ley sigue en vigor, los consulados siguen tramitando y el derecho a la nacionalidad no está en discusión. Lo que está en discusión, y hasta el último día, es cuántas de esas personas aparecerán —o no— en un censo cerrado bajo la sombra del Supremo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa del derecho a la nacionalidad y de la seguridad jurídica del censo, sin cálculo electoral.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con la gestión territorial de Adrián Barbón (presidente de Asturias).
- Próximo hito: Jornada electoral del 29-N y la posterior ventana de impugnación ante la Junta Electoral Central.

