Felipe VI vuelve al centro del debate constitucional sin haber movido un solo músculo de su agenda. Un artículo de opinión publicado en El Liberal.cat que reivindica la utilidad institucional de la Corona frente a la clase política ha reabierto, en plena ofensiva republicana de ERC y Podemos, la pregunta sobre el valor real de la Jefatura del Estado.
El detonante tiene escenario y fecha. En el mitin central de Podemos en Madrid del pasado 20 de noviembre, Irene Montero levantó la bandera republicana y compartió escenario con Gabriel Rufián. La reivindicación de la República ha dejado de ser un cierre de mitin para convertirse en eje de campaña.
El texto no discute la legitimidad de esa aspiración. Discute sus dos argumentos clásicos: que la república sea sinónimo de régimen democrático y que su implantación suponga un ahorro para las arcas públicas. La conclusión es que el debate no enfrenta monarquía y democracia, sino dos maneras de organizar la jefatura de un Estado democrático.
El argumento democrático: seis de las diez primeras, monarquías
El primer eje se resuelve con datos comparados. Según el índice de calidad democrática de The Economist que cita el artículo, seis de los diez países mejor clasificados son monarquías parlamentarias. Noruega, Nueva Zelanda y Dinamarca encabezan la tabla; Suecia, Canadá y Luxemburgo también figuran en ella con un monarca como jefe del Estado.
La simetría inversa refuerza el razonamiento: algunos de los regímenes que el texto califica de represivos —Rusia, China, Irán, Afganistán o Cuba— son formalmente repúblicas. Eso no convierte a la monarquía en una forma de Estado superior, pero desactiva la idea de que la república sea democrática por definición: la calidad del sistema depende de las libertades, la separación de poderes y los mecanismos de control, no del método de designación del jefe del Estado.
El segundo eje es la factura. Un presidente de la República necesitaría residencia oficial, dependencias administrativas, personal de confianza, servicios de seguridad, transporte y presupuesto para atender sus compromisos institucionales y diplomáticos. Buena parte de los gastos que hoy genera la Corona seguirían existiendo con otro titular.
Cambiar el método de designación del jefe del Estado no abarata el Estado: traslada la factura de la Casa Real a una Presidencia que habría que construir.
El coste que nadie contabiliza: los expresidentes

Aquí aparece el dato menos presente en el debate público español: los expresidentes. En Francia, la seguridad y el funcionamiento de sus dos antiguos jefes del Estado superaban los 3,6 millones de euros anuales en 2024, sin incluir sus asignaciones personales. En Alemania perciben, en los supuestos legalmente previstos, una asignación vitalicia equivalente a su remuneración. Y la Presidencia de la República italiana, comporta un gasto muy superior a algunas estimaciones del coste de la monarquía española.
La proyección del artículo es una simulación y como tal debe leerse: con mandatos de cuatro años y un millón de euros anuales por expresidente, España acumularía seis antiguos jefes del Estado en 24 años, con seis millones de mantenimiento al margen del coste de la Presidencia en ejercicio. Los reyes eméritos también generan gasto, cierto, pero la frecuencia mucho menor de las sucesiones monárquicas reduce esa acumulación.
La neutralidad como condición: el riesgo real de la Corona
El tercer argumento es el de mayor recorrido en España. Un jefe del Estado que no debe su cargo a ningún partido no ha negociado su elección, no necesita satisfacer a quienes le votaron y no busca apoyos para revalidar. En una hipotética república, la designación del presidente podría convertirse en una pieza más del reparto de poder institucional que acompaña a los acuerdos parlamentarios. El carácter hereditario, presentado como el defecto mayor de la Corona, funciona aquí como ventaja estructural.
Esa ventaja se anula en el instante en que la institución abandona la neutralidad. El propio texto lo admite: una monarquía identificada con la derecha sería tan cuestionable como una identificada con la izquierda, y una Corona que buscara su supervivencia mediante la complacencia con el Gobierno de turno acabaría erosionando su legitimidad. El razonamiento marca con precisión el terreno de juego.
Mi lectura es que el debate arrastra un problema de método más que de fondo. Quien defiende la república —posición perfectamente legítima— debería explicar qué ventajas concretas aportaría, cómo se elegiría al presidente, qué competencias tendría y cuánto costaría. Sin ese detalle, la discusión se mueve en eslóganes. Quien defiende la Corona incurre a menudo en el error simétrico: responder con el prestigio de la institución en lugar de con sus cuentas.
El título II de la Constitución delimita las funciones del Rey con una precisión que rara vez se cita en las tertulias. Ahí está el reto pendiente de la institución: la publicación anual de sus cuentas ha dejado de ser un gesto de buena voluntad y se ha convertido en su principal escudo argumental, pero no ha logrado trasladarse al debate público con la eficacia del eslogan contrario.
El artículo cierra con una interpretación dura —que la insistencia republicana solo se entiende como vía para eliminar un obstáculo— que excede lo que los datos permiten sostener. Los datos sostienen algo más modesto: no está acreditado que la república sea más democrática, más barata ni necesariamente más independiente del poder político.
Mientras el debate se dirime en tribunas y redes, Felipe VI mantiene la disciplina de no responder. Su agenda institucional sigue siendo su único argumentario, y así seguirá al menos hasta el tradicional Mensaje de Navidad del 24 de diciembre. Ahí se verá si la Corona usa el altavoz para algo más que la fórmula de cortesía.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: el debate sobre la Jefatura del Estado se reabre en plena ofensiva republicana de ERC y Podemos, con la mirada puesta en el calendario institucional de diciembre.
- El detalle de protocolo: la Corona no responde a los envites políticos por vía directa; su defensa se articula mediante la agenda oficial y la publicación anual de sus cuentas.
- Próximos pasos: el Mensaje de Navidad del 24 de diciembre será la próxima intervención con voz propia de Felipe VI; la Casa del Rey no ha anunciado ningún acto extraordinario sobre este asunto.

