Vox presentará una querella contra el Gobierno por desobediencia si el 29-N vota quien no tiene derecho a hacerlo. El anuncio lo ha hecho el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, en el mitin celebrado este sábado en Sevilla, donde ha acusado al Ejecutivo de haber dado instrucciones a los consulados para habilitar una urna separada con esos sufragios.
La querella —la acción penal que se interpone ante un tribunal para perseguir un delito— se dirigirá contra el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y contra el de la Presidencia, Félix Bolaños. Abascal ha añadido que se extenderá al director del censo electoral y ‘contra los cónsules que sea necesario’, porque en Vox están ‘realmente preocupados’ por el desarrollo de los comicios.
Todo parte de la resolución del Tribunal Supremo sobre la denominada ley de nietos. A juicio del líder de Vox, el Gobierno ‘ha decidido colocar las urnas de los que el Tribunal Supremo ha dicho que no pueden votar’ e impartió instrucciones a los consulados para separar esos sufragios del resto del censo exterior.
Qué anuncia Vox y con qué argumentos
El partido sostiene que no está en juego un trámite administrativo, sino la igualdad de todos los votantes ante la urna. Si el Ejecutivo habilita un circuito específico para electores que el alto tribunal ha excluido, razona la dirección de Vox, el resultado del 29 de noviembre quedaría contaminado de origen y cualquier impugnación posterior llegaría tarde. De ahí el paso anunciado: llevar la discrepancia a los tribunales antes de la cita con las urnas, no después.
Los españoles inscritos en los consulados han sido fuente recurrente de controversia en cada cita electoral. Vox sitúa ahora el foco en el censo exterior: no discute el derecho al voto, sino la obligación de que las listas estén depuradas antes de abrir la urna. La querella anunciada es una pieza más de un discurso que el partido lleva meses desplegando sobre la integridad del sistema.
En el mismo mitin, Abascal ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ‘el mismo respeto’ que Vox dispensa al voto popular y le ha pedido que ‘deje esas estrategias’ de apelación al voto útil. Le ha reclamado además que aclare con quién piensa pactar si gana: si con ‘los restos’ del PSOE, como —a su juicio— ocurre en Bruselas, donde ‘siguen votando conjuntamente’, o como en Ceuta, donde mantiene su acuerdo con los socialistas.
Vox no pide el voto prestado: exige que el PP aclare a quién piensa entregar el poder y que el Gobierno deje de decidir quién puede votar.
Qué recorrido tienen las querellas y dónde queda el PP

El recorrido procesal no será corto. Los ministros son aforados, de modo que la causa debe instruirse en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y los plazos no se resolverán antes del 29-N. El partido no plantea la querella como una vía para alterar el recuento, sino como una forma de fijar responsabilidades y de dejar constancia pública de quién ordenó separar esas papeletas.
La desobediencia exige acreditar una orden judicial clara y directa que haya sido incumplida, un estándar que los tribunales interpretan de forma estricta. Esa es la dificultad principal de una causa que tardará meses en resolverse, y también el motivo por el que Vox quiere que el debate se libre antes de la votación y no en los juzgados con el escrutinio ya cerrado.
El envite coloca al PP ante una disyuntiva incómoda. Si respalda la interpretación del Tribunal Supremo, tendrá que explicar por qué no acompaña la querella; si la esquiva, dejará a Vox la iniciativa en un asunto de limpieza del censo que afecta a miles de españoles en el exterior. En paralelo, el partido mantiene la presión sobre el voto útil con un argumento de aritmética parlamentaria que Abascal ha repetido en Sevilla: solo el crecimiento de Vox garantiza, según los sondeos que cita, la salida de Sánchez de la Moncloa.
La estrategia de Vox: del voto útil al pulso por la derecha
Hay un precedente que la dirección maneja y no es abstracto. Abascal ha recordado que ‘fue inútil darle una mayoría absoluta’ al PP de Mariano Rajoy, porque después ‘no cumplió su programa electoral ni derogó la legislación de Zapatero’. Y ha contrapuesto ese balance con el de Andalucía, donde el apoyo de Vox permitió en 2018 cerrar cuarenta años de gobiernos socialistas, de acuerdo con su relato del mitin.
La lectura es otra: la querella no se mide por su recorrido judicial, sino por su valor político en la recta final. Coloca al Gobierno a la defensiva en un asunto de legalidad, obliga al PP a retratarse y refuerza el perfil propio de un partido que concurre al 29-N con la reclamación del voto íntegro, sin trasvases. Queda la última semana de campaña, la cita del 29 de noviembre y, después, el pulso en los tribunales. Si el Supremo admite la querella, el debate sobre el censo exterior seguirá abierto mucho después del escrutinio. Si no, Vox ya habrá fijado quién, a su juicio, decidió saltarse la ley.

