El regionalismo mallorquín cambia de voz: el PP balear busca a los votantes de Munar en Costitx.
De las palabras de Munar al vídeo grabado en Costitx
La fotografía la componen Guillem Ginard y Maria Antònia Munar, la antigua presidenta de Unió Mallorquina (UM, la formación regionalista que presidió el Consell de Mallorca y el Govern balear y que se disolvió en 2011). Junto a ella, un dirigente que ha regresado a las instituciones de la mano del PP. La geografía pesa en la política insular, y el pueblo de Munar se ha convertido en escenario de campaña. Hasta allí se ha desplazado Sebastià Sagreras, portavoz del PP en el Parlament de les Illes Balears (el parlamento autonómico balear, con 59 escaños) y candidato al Senado.
En un vídeo difundido esta semana, Sagreras se dirige a quienes «alguna vez en las elecciones habéis optado por opciones independientes o regionalistas» y sostiene que en los últimos cuatro años esos votantes «habéis simpatizado y habéis empatizado con el Govern de Marga Prohens porque, entre otras cosas, ha eliminado el impuesto de sucesiones, ha defendido a los propietarios y el alquiler vacacional o nuestra lengua propia». La conclusión es explícita: el PP se presenta como garante de continuidad para «la gente de aquí».
El movimiento no es nostalgia. El PP quiere que el votante regionalista deje de buscar una sigla propia y se reconozca en la presidenta. La operación tiene tres frentes: mantener una relación funcional con Vox, disputarle el centro al PSOE y evitar que una formación nueva condicione las mayorías. Todo con la vista puesta en mayo de 2027, cuando se celebran autonómicas y municipales, y tras el primer examen de las generales del 29 de noviembre.
La novedad es Coalició per Mallorca. La formación ha renunciado a concurrir al 29N para concentrarse en la implantación territorial, según explicó su candidato, Pere Sánchez, en esRadio: presentarse a unas generales tan polarizadas habría sido «una temeridad» para un proyecto que empieza a caminar. Su aspiración es condicionar gobiernos. Y su cálculo es que en los ayuntamientos y en el Parlament los intereses territoriales pesan más que en unas elecciones dominadas por los grandes liderazgos estatales.
La disputa no es solo por el voto regionalista: es por decidir quién administra el descontento con el crecimiento y quién lo convierte en gobierno.
Dos lemas enfrentados: «Mallorca primer» y «la gente de aquí»
Coalició per Mallorca concurrirá en 2027 con el lema «Mallorca primer», mientras Prohens reivindica «la gente de aquí». La diferencia parece mínima y no lo es. El primer lema coloca el territorio en el centro y sugiere que sus intereses pueden chocar con las prioridades de los grandes partidos españoles; el segundo desplaza el acento a los residentes y articula una promesa de protección social e identidad. Dos maneras de responder a un mismo malestar.
Porque el fondo del regionalismo mallorquín ha cambiado. Durante décadas el turismo sostuvo una promesa de progreso compartido: trabajar, ahorrar, comprar una casa y transmitir un patrimonio. Ese mecanismo se ha debilitado. Mallorca sigue siendo una fábrica extraordinaria de riqueza, pero los salarios locales compiten con un mercado inmobiliario cada vez más internacionalizado. La herencia familiar se ha convertido en la garantía de permanencia. Según el INE, la isla ronda los 950.000 habitantes y encadena años de récord demográfico. La pregunta ya no es solo cómo conservar Mallorca, sino quién podrá seguir viviendo en ella.
De ahí que Sagreras empezara su mensaje por el impuesto de sucesiones: une la protección del patrimonio con la continuidad familiar y territorial. Coalició per Mallorca ha entrado en ese terreno al defender que no se debe enfrentar a los pequeños propietarios con las familias que necesitan una vivienda y al reclamar seguridad jurídica para los arrendadores. Hay más coincidencias que distancias ideológicas. Lo que está en juego es quién administra políticamente ese sentimiento y quién puede traducirlo en decisiones de gobierno.
El modelo que Sánchez observa es Coalición Canaria (CC, la formación nacionalista que gobierna el archipiélago canario y que ha negociado con ejecutivos de distinto signo). Su tesis es que ese acuerdo ha permitido vehicular propuestas mallorquinas sin candidatura propia en el Congreso. Queda por aclarar qué exigencias concretas —financiación, infraestructuras, fiscalidad, vivienda— justifican esa autonomía. Una fuerza negociadora solo vale si transforma su independencia en decisiones que los grandes partidos no tomarían por iniciativa propia.
La inmigración y el crecimiento demográfico son el otro gran terreno de competencia. Sánchez propone una pausa demográfica: «parar y desincentivar la llegada de gente, sea de donde sea», con control en «todas las válvulas», desde la ruta de Argelia hasta el efecto llamada del turismo de europeos del norte con mayor poder adquisitivo. Prohens recuperó hace un año el diagnóstico de Munar sobre los límites del crecimiento, aunque no ha convertido la reclamación de más capacidad de decisión en el eje de su proyecto. Baleares no gestiona ni los aeropuertos, ni las competencias migratorias, y la libre circulación europea impone límites jurídicos.
A eso se suma el flanco de Vox, que representa una tradición nacional española poco compatible con parte del discurso mallorquinista: cuestiona determinadas políticas lingüísticas y quiere devolver competencias al Estado. El PP ha cerrado con la formación de Santiago Abascal un acuerdo para el Senado mientras reivindica la lengua propia ante los regionalistas. Prohens necesita reunir sensibilidades que no comparten la misma idea de Mallorca y, al mismo tiempo, no puede permitir que esa tensión oxigene a un rival por su derecha.
El Pulso Territorial
Prohens gobierna desde 2023 con el PP en solitario y apoyos puntuales de Vox, una aritmética que la obliga a mirar a la derecha cada vez que el Parlament vota y, a la vez, a ensanchar por el centro. El precedente que pesa es el de Unió Mallorquina, que pasó de bisagra imprescindible a desaparecer en 2011 entre casos de corrupción, y el de otras fuerzas regionalistas de las comunidades que cubrimos, como el PAR aragonés, acostumbradas a administrar esa frontera estrecha entre ser necesarias y ser irrelevantes. La comparación con Canarias es la que más interesa en Palma: allí Coalición Canaria ha convertido su condición de socio necesario en capacidad de negociación sobre financiación e infraestructuras, mientras Baleares sigue dependiendo de Madrid para decidir cuántos visitantes caben en la isla. La lectura es otra: el autogobierno se mide por lo que se decide, no por lo que se denuncia.
El calendario manda. El 29 de noviembre mide bloques; mayo de 2027 reparte poder, con el Parlament y los 67 municipios del archipiélago en juego. La primera prueba para Coalició per Mallorca será demostrar que su independencia sirve para defender intereses concretos y no solo para recuperar una identidad electoral. La primera para Prohens, que su partido contenga a Vox sin que el flanco regionalista se abra por otro lado. El riesgo es conocido: cuando la promesa de futuro se vuelve incierta, el elector castiga a quien gestiona el presente.
Ficha Autonómica
- El caso: El PP balear reivindica la herencia de Unió Mallorquina y busca el voto regionalista en Costitx, el pueblo de Maria Antònia Munar, ante el auge de Vox y la irrupción de Coalició per Mallorca.
- Datos importantes: Mallorca ronda los 950.000 habitantes según el INE. Las generales se celebran el 29 de noviembre de 2026; las autonómicas y municipales, en mayo de 2027. Coalició per Mallorca no concurre al 29N.
- Resumen: Sagreras grabó un vídeo en Costitx apelando a los antiguos votantes regionalistas. Coalició per Mallorca reserva su lema «Mallorca primer» para 2027. El PP necesita contener a Vox y frenar al nuevo partido mallorquinista.

