EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El consejero de Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, admitió en comisión parlamentaria que transferir la titularidad de las viviendas de Visocan choca con problemas jurídicos y presupuestarios.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno autonómico (CC, PP y ASG), la empresa pública Visocan, el Instituto Canario de la Vivienda y las plataformas de afectados.
- ¿Qué impacto tiene? Unas 10.000 familias siguen sin poder comprar la casa que alquilan; el informe definitivo debe llegar antes del 28 de noviembre.
La vivienda pública en Canarias afronta un laberinto legal: el Gobierno autonómico admite trabas para dar la titularidad a 10.000 familias.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, trasladó el viernes en comisión parlamentaria la «voluntad inequívoca» del Ejecutivo de entregar esas casas a quienes las habitan desde hace dos décadas. Siempre que se cumpla la legalidad. El nudo es Visocan, la sociedad mercantil del Gobierno regional.
El escollo de Visocan: 102 millones y 718 viviendas sobre la mesa
Buena parte del parque es propiedad de Visocan (Vivienda Pública en Canarias, la empresa mercantil del Ejecutivo que gestiona promociones levantadas sobre suelo cedido por los ayuntamientos). Transferir esa titularidad descapitalizaría la sociedad. La Consejería ha encargado un informe que, «como estimación inicial», cifra en 102 millones de euros el valor sin suelo de las 718 viviendas que Visocan puso en oferta. Ese dinero habría que cubrirlo antes de firmar una sola escritura.
El marco existe. El Decreto 1/2023, de 19 de enero, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 27 de enero de ese año, regula el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas de promoción pública. La norma permitió a los adjudicatarios en alquiler de los planes canarios I (1988-1991) y II (1992-1995) optar a la compra. Pero no hay dos expedientes iguales, admitió el consejero: no todos los contratos recogen la opción de compra.
A eso se suma la letra pequeña. Solo un 30% de media de quienes pueden acceder a la propiedad presenta la documentación y llega a la firma, según los datos que maneja la Consejería. Deben estar al corriente con la comunidad de propietarios y, en muchas promociones, esa comunidad nunca se constituyó. En los bloques de Visocan falta además la división horizontal: el suelo se cedió del ayuntamiento a la empresa, se construyó y nadie formalizó la separación. Sin esos papeles no hay título que inscribir.
Canarias tiene desde 2023 un decreto que permite comprar la vivienda pública y aún no ha resuelto qué pasa con quienes llevan dos décadas esperando.
Qué cambia para las familias: 1.200 escrituras y un plazo que expira en diciembre
El balance de la legislatura arroja más de 1.200 viviendas con escritura pública firmada, principalmente del Icavi (el Instituto Canario de la Vivienda, que gestiona el grueso del parque autonómico). La brecha entre lo prometido y lo resuelto se mide en miles de expedientes. El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el 23 de septiembre de 2026 una iniciativa para reconocer el derecho de compra y dio al Ejecutivo tres meses, que expiran en diciembre, para identificar las promociones acogidas al Decreto 1/2023.
La palanca está en las cuentas. Tanto NC (Nueva Canarias, el partido nacionalista de oposición) como el PSOE apuntaron en comisión que la contraprestación a Visocan puede entrar vía enmiendas en los presupuestos de Canarias para 2027, cuyo plazo termina el 28 de noviembre. Rodríguez se comprometió a diseñar un calendario para ofertar todas las promociones del Icavi y a estudiar una solución para Visocan con el fin de que no haya desigualdad entre unos y otros. El informe definitivo debe llegar antes de esa fecha.
El Pulso Territorial
Canarias está gobernada desde 2023 por una coalición de Coalición Canaria, el PP y la ASG (Agrupación Socialista Gomera) que preside Fernando Clavijo, con una mayoría que depende de los diputados gomeros. La vivienda se ha convertido en el asunto que más desgasta al Ejecutivo en un archipiélago de 2,2 millones de habitantes donde el parque público se levantó con los planes de los ochenta y noventa: promociones que siguen en alquiler cuando sus inquilinos ya han pagado, suma a suma, el valor de la casa. El precedente pesa. La lógica se repite en en cualquier comunidad con parque propio: sin una partida que compense los inmuebles, el traspaso no arranca.
Quedan dos fechas. El 28 de noviembre llega el informe definitivo y se cierra el plazo de enmiendas. En diciembre expira el mandato parlamentario para identificar promociones. Si ninguna se cumple, el Decreto 1/2023 seguirá funcionando solo para el Icavi y las familias de Visocan continuarán pagando alquiler por casas que ya han amortizado. Nadie discute ya el derecho. Se discute quién pone los 102 millones.
Ficha Autonómica
- El caso: Unas 10.000 familias canarias reclaman la propiedad de las viviendas públicas que alquilan desde hace décadas; el Ejecutivo admite que el traspaso choca con la ley y con las cuentas de Visocan.
- Datos importantes: 102 millones de euros de valor estimado (sin suelo) para 718 viviendas ofertadas por Visocan; más de 1.200 escrituras firmadas esta legislatura, casi todas del Icavi; solo un 30% de los solicitantes completa la compra.
- Resumen: El informe definitivo debe llegar antes del 28 de noviembre, cuando cierra el plazo de enmiendas a los presupuestos de 2027. En diciembre expira el mandato del Parlamento para identificar las promociones del Decreto 1/2023.

