Míriam Nogueras promete una ley del padrón y la presenta como un texto ya escrito. La candidata de Junts al Congreso por Barcelona aseguró este sábado en Vic que la norma ‘está hecha’ y que la llevarán al Congreso ‘esta legislatura’.
El escenario no fue improvisado. La plaza dels Màrtirs de Vic, en el corazón de Osona, se llenó de alcaldes, concejales y candidatos de la formación para escenificar que el municipalismo es la red territorial de Junts y, de paso, colocar la gestión migratoria en el centro del debate del 29N.
El anuncio tiene una traducción concreta: una norma que daría a los ayuntamientos margen para decidir quién se empadrona en su término municipal. El alcalde de Vic, Albert Castells, lo formuló sin rodeos al defender que no se pueda empadronar a nadie más sin una situación administrativa regularizada. Y añadió su lista de peticiones: ‘competencias en inmigración, nueva ley de padrón y un decreto ley de urgencia para los municipios tensionados’.
La letra pequeña de una ley que Junts da por escrita
Nogueras no entró en los detalles técnicos. Se limitó a asegurar que el texto existe y que llegará al Congreso después del 29N. El marco argumental que desplegó el resto de intervinientes es el del padrón como herramienta de planificación: sin saber cuánta gente vive en un municipio no se pueden dimensionar los servicios sociales, las plazas escolares ni la atención primaria.
La candidata a la alcaldía de Lleida, Violant Cervera, puso el ejemplo más gráfico de la jornada: pisos con hasta 50 personas empadronadas que no residen allí. Es el empadronamiento ficticio, un problema real de gestión municipal que además contamina cualquier estadística de población y distorsiona el reparto de recursos.
El padrón ha dejado de ser un trámite administrativo para convertirse en el terreno donde se libra la batalla política del 29N.
Castells aportó las cifras de su ciudad: un crecimiento del 70% de población en treinta años, unos 51.000 habitantes y 110 nacionalidades distintas. También reivindicó una caída del 10% de los delitos, que atribuyó a la ley contra la multirreincidencia aprobada en el Congreso. Turull, por su parte, cargó contra el Govern de Salvador Illa —’con un Govern de Catalunya que se esconde, suerte tienen los alcaldes de este país’— y contrapuso el trabajo de las bibliotecas al ruido de las redes sociales.
El acto sirvió además de plataforma para las reivindicaciones sectoriales. Jordi Sendra, candidato por Tarragona, denunció el recorte del 32% de los días de captura aprobado por la Comisión Europea, que calificó de ‘nuevo ataque a nuestros pescadores’, y Vila d’Abadal alertó de que cuatro familias de Vilanova i la Geltrú han abandonado el trabajo en el mar. Gemma Geis reclamó autonomía financiera y poder destinar remanentes municipales a vivienda; Jordi Martí Galbis cargó contra los agravios en inversión estatal en Barcelona.
Vic, Osona y el hueco electoral que Junts quiere tapar

El encuentro tenía una segunda lectura, tan política como la primera. Vic es la capital de Osona, la comarca donde Aliança Catalana ha crecido con más fuerza y donde el independentismo más identitario lleva años discutiendo quién gestiona la inmigración. Vila d’Abadal, exalcalde de la ciudad y hoy candidato al Senado, recordó su etapa al frente del consistorio, cuando tuvo que afrontar el auge de Plataforma per Catalunya. Su receta de entonces y de ahora es ‘poner orden’, con un matiz que lanzó en voz alta: rechazó las propuestas que plantean expulsar a todos los inmigrantes como solución.
En paralelo, Nogueras atacó a ERC. Reprochó a Gabriel Rufián que sitúe a Junts en el mismo saco que PP y Vox y lanzó un guiño a los votantes republicanos que no comparten la alianza de ERC con Podemos: ‘Estamos muy lejos del PSOE, pero de PP y Vox todavía más. No los vemos ni con prismáticos’.
El muro que Junts no puede saltarse desde el Congreso
Aquí empieza el problema real de la propuesta. El padrón no es una competencia catalana: se regula por la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, cuyos artículos 15 a 17 obligan a los ayuntamientos a inscribir a quien resida habitualmente en el municipio y fijan las reglas de de la inscripción. Condicionar el empadronamiento a tener la situación administrativa regularizada exige, por tanto, cambiar una ley estatal en el Congreso. Junts puede registrar el texto que dice tener listo, pero necesitará una mayoría que hoy no tiene y, previsiblemente, el voto o al menos la abstención del PSOE.
Hay además un coste social que el discurso del acto no abordó. El padrón es la puerta de entrada a la tarjeta sanitaria, a la escolarización y a los servicios sociales básicos. Restringirlo sin alternativa empuja a miles de personas a la infravivienda sin registro, justo lo contrario de lo que pide un alcalde: información fiable para planificar. Cualquier reforma tendrá que explicar por escrito cómo se atiende a quienes ya viven en el municipio.
El precedente más cercano lo tiene el propio Junts: la delegación de competencias en inmigración pactada en la investidura de 2024 y que nunca llegó a consumarse. Entonces el partido acusó al PSOE de incumplir. Ahora llega con una norma propia, un calendario electoral muy corto y la mirada puesta en un electorado que en Osona lleva tiempo coqueteando con opciones más duras. La legislatura que Nogueras invoca empieza, como pronto, el 29N. Será el Congreso que salga de esas urnas el que decida si la ley del padrón es algo más que un titular de campaña.

