La Sala Tercera del Tribunal Supremo ordena por providencia a la Junta Electoral Central impedir el voto de 163.355 nacionalizados por la «ley de nietos». La resolución, dictada el 20 de noviembre de 2026, exige certificación consular de ascendencia exiliada para levantar la suspensión cautelar acordada en septiembre.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala Tercera del Tribunal Supremo, por providencia de 20 de noviembre de 2026, ordena a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral excluir como electores a 163.355 nacionalizados por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, salvo certificación consular acreditativa del exilio de sus ascendientes.
- ¿Qué base jurídica aplica? Medidas cautelares de los artículos 129 y 130 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el marco del recurso contra la instrucción de octubre de 2022, con el artículo 23 de la Constitución como referencia del derecho de sufragio.
- ¿Qué impacto tiene? 162.454 personas mantienen suspendido el voto a ocho días de las elecciones del 29 de noviembre; los hijos de los nacionalizados conservan el derecho al voto y el fondo del recurso sigue sin resolver.
La providencia se dirige a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, y su ámbito alcanza tanto a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como a los nacionalizados que ya han fijado su residencia en España. El tribunal precisa que el traslado de residencia del extranjero a territorio nacional no permite eludir la suspensión cautelar del voto.
De la instrucción de octubre de 2022 a la cautelar de septiembre
El procedimiento tiene su origen en los recursos contencioso-administrativos promovidos por Vox e Iustitia Europa contra determinadas incorporaciones al censo electoral de personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. La controversia se concentra en la interpretación y aplicación de la instrucción dictada en octubre de 2022 por el Ministerio de Justicia, que estableció una presunción de exilio para determinados supuestos.
En septiembre de 2026 la Sala acordó suspender cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados afectados mientras no acreditaran mediante certificación consular el cumplimiento de los requisitos exigidos. La medida no supone la retirada de la nacionalidad española ni constituye resolución definitiva sobre el fondo: se trata de una cautelar adoptada mientras continúa la tramitación del recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Cuando se cerró el censo electoral, el 1 de agosto de 2026, había 163.355 personas incluidas en el colectivo afectado por las medidas cautelares. La Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística, trasladó esta semana al tribunal una reducción de esa cifra hasta 113.326 personas tras distintas comprobaciones. El alto tribunal no ha aceptado el ajuste.
Los magistrados expresan en la providencia la «difícil comprensión» de los informes presentados por la Abogacía del Estado y por la Oficina del Censo Electoral, apreciación que el Ministerio Fiscal también había manifestado. La Sala requiere a ambos organismos el cumplimiento estricto de lo acordado en sus resoluciones anteriores.
La Sala Tercera impone a la Junta Electoral Central una obligación de resultado: excluir del censo a los 163.355 nacionalizados sin certificación consular.
El alcance de la cautelar: 162.454 votos suspendidos y una excepción documental
La consecuencia operativa es que 162.454 personas mantienen suspendido cautelarmente su derecho al voto, cifra que puede reducirse si se aportan nuevas certificaciones antes de la jornada electoral. La providencia exceptúa a las 901 personas que ya han presentado certificación consular acreditativa del exilio de sus ascendientes, así como a quienes consigan aportarla antes del 29 de noviembre.
Ninguna de las 163.355 personas afectadas puede figurar como electora en los censos correspondientes, salvo que haya aportado la certificación exigida. La Sala rechaza, en cambio, la ampliación de la suspensión a los hijos de los nacionalizados, petición formulada por Vox e Iustitia Europa. Los magistrados estiman que la solicitud se presentó en una fase demasiado avanzada del calendario electoral y que incorporar nuevas restricciones afectaría a la seguridad jurídica y a la estabilidad electoral.
En una segunda providencia, la Sala ha concedido a las partes un plazo de dos días, hasta el lunes 23 de noviembre de 2026, para presentar alegaciones sobre la documentación remitida por la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior. Los documentos se refieren a los controles de seguridad de los dispositivos que permitirán comprobar la identidad de los votantes mediante el DNI digital.
El tribunal ha dado traslado, además, de la petición del Partido Popular para personarse en las actuaciones y le requiere que aclare en qué condición pretende intervenir, al admitir únicamente la comparecencia como codemandada.

La Doctrina del Tribunal
La Sala Tercera fija un estándar de acreditación documental para el ejercicio del sufragio por quienes accedieron a la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. La presunción administrativa de exilio introducida por la instrucción de octubre de 2022 no basta, a efectos censales, para tener por cumplido el requisito de ascendencia exiliada: la certificación consular opera como título habilitante del voto y la carga de su aportación recae sobre el elector. La doctrina corrige la práctica de incorporación automatizada al censo que venía aplicando la Oficina del Censo Electoral desde la entrada en vigor de la norma.
La base jurídica se articula sobre el artículo 23 de la Constitución, que ampara el derecho de sufragio, y sobre los artículos 129 y 130 de la Ley 29/1998, que disciplinan la tutela cautelar. El tribunal aplica un juicio de ponderación entre el derecho fundamental y el interés general en la pureza del censo, sin pronunciarse sobre la validez de las nacionalidades concedidas. La dimensión del colectivo afectado y la proximidad de la jornada electoral convierten la medida en un supuesto atípico en la práctica de la Sala.
El impacto recae sobre la Oficina del Censo Electoral y sobre la litigiosidad electoral en curso: la resolución desplaza a la Administración la obligación de verificar individualmente cada inscripción discutida y abre la vía a que los afectados impugnen la exclusión mediante la aportación sobrevenida del documento. El texto íntegro de la providencia no consta aún publicado en el CENDOJ.
En cuanto a la proyección procesal, el plazo conferido para alegar sobre el DNI digital vence el lunes 23 de noviembre de 2026 y la Sala deberá resolver antes de la cita electoral del 29. La providencia es recurrible en reposición ante la propia Sala, conforme a la Ley 29/1998, y el fondo del recurso contencioso-administrativo continúa pendiente de sentencia.
FICHA DEL CASO
- El caso: Pieza cautelar de un procedimiento contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a instancia de Vox e Iustitia Europa, contra la incorporación al censo electoral de personas nacionalizadas por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
- Datos importantes: Providencia de 20 de noviembre de 2026; 163.355 personas afectadas; 162.454 con voto suspendido; 901 certificaciones consulares ya presentadas; reducción a 113.326 no aceptada. No consta que la resolución incorpore votos particulares.
- Fecha de los juicios: Vista oral no consta; providencia dictada el 20 de noviembre de 2026; plazo de alegaciones sobre el DNI digital hasta el 23 de noviembre de 2026; jornada electoral el 29 de noviembre de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No es un proceso penal y no existen acusados; se trata de un incidente cautelar de naturaleza contencioso-administrativa.

