La Corte Suprema de Argentina acaba de tumbar dos artículos del DNU de Milei. Y el temblor llega hasta Madrid. Vamos por partes: lo que ha caído es poco; el razonamiento que lo sostiene, mucho.
Qué ha decidido exactamente la Corte Suprema sobre el DNU de Milei
El tribunal declaró inconstitucionales las dos disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Es decir: el Gobierno dejó de poder fijar límites a lo que cobran esas compañías, y la Corte dice que ese cambio no podía hacerse por esta vía.
Lo firmó Javier Milei en diciembre de 2023, recién llegado a la Casa Rosada, y fue su gran herramienta de reforma: un texto ómnibus, un paquete con cambios legales de materias que no guardan relación entre sí. El tribunal no cuestiona todo el decreto y lo aclara expresamente, pero el razonamiento abre una puerta que llevaba años entornada.
Conviene poner la cifra en contexto. Desde la reforma constitucional de 1994 hasta finales de 2025 se firmaron más de 970 decretos de necesidad y urgencia en Argentina y solo en 18 ocasiones la Corte declaró inconstitucional su contenido, según el relevamiento del constitucionalista Gustavo Arballo. Traducido: el Ejecutivo legisló por decreto casi sin freno y el corrector judicial actuó en contadas ocasiones.
Y cuando actuó, actuó tarde. La mediana de tiempo entre la firma de un decreto y el fallo que lo invalida es de 48 meses, un mandato presidencial completo, según el mismo estudio. En el megadecreto de Milei pasaron casi tres años. La norma siguió aplicándose incluso después de que el Senado la rechazara en marzo de 2024.
Hay un detalle que mide el peso simbólico de la resolución. Hasta ahora Milei podía presumir, junto a Cristina Kirchner, de que ninguno de sus decretos había caído. Desde este fallo, esa condición la ostenta en soledad la expresidenta. El club de mandatarios que recibieron un revés judicial mientras gobernaban lo integran Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Alberto Fernández y, desde ahora, Milei.
Dieciocho invalidaciones sobre más de 970 decretos: el control judicial existe, pero llega con tal retraso que apenas corrige el atajo.
El récord de velocidad lo tiene un decreto de Alberto Fernández: en mayo de 2021, apenas 19 días después de que suspendiera por esa vía las clases presenciales en Buenos Aires, la Corte lo anuló. En el otro extremo, un decreto de Menem sobre aportes previsionales de la Gendarmería fue invalidado 24 años después de su firma.
Por qué este fallo toca directamente a la inversión española
Aquí está la clave para el lector español. Argentina fue durante décadas uno de los principales destinos de la inversión española en América Latina, y Telefónica, Repsol, Santander, BBVA y Mapfre mantienen allí intereses relevantes en telecomunicaciones, energía, banca y seguros. Lo que se dirime en los tribunales argentinos acaba en balances españoles.
El precedente que ninguna empresa ha olvidado es la expropiación de YPF a Repsol en 2012, que desembocó en un acuerdo de compensación con bonos argentinos y en años de litigios. Desde entonces, cada decisión institucional del país se lee en Madrid con una pregunta de fondo: ¿se respetan las reglas o se cambian por decreto?
La doctrina que fija la Corte va justo a ese punto. El tribunal consideró que invocar una crisis del sistema de salud y la necesidad de mejorar la competitividad de las prepagas era una afirmación genérica, insuficiente para activar una herramienta excepcional. La constitucionalista Lorena González Tocci lo resume así: ‘no bastan invocaciones genéricas de crisis o emergencia’ y debe existir una conexión concreta entre la urgencia alegada y cada medida adoptada.
Los decretos ómnibus son, en su lectura, ‘una modalidad de abuso del derecho’: mezclan reformas de materias dispares, lo que demuestra que hubo estudio previo y que esa tarea podía asumirla el Congreso. Ese es el estándar que ahora puede proyectarse sobre otros capítulos del 70/2023, aunque el tribunal aclare que no se pronuncia sobre la validez del resto.
El precedente que conviene mirar: de Cencosud a la convalidación española
No es la primera vez que el alto tribunal marca límites. El fallo reafirma los parámetros fijados en el caso ‘Cencosud’ y suma criterios en ‘Bobbio’, con un mensaje que vale para cualquier gobierno: la urgencia no se presume, se prueba. La historia reciente muestra, en cambio, una retórica de control fuerte unida a una práctica lenta, y ese cóctel funciona como estímulo para seguir legislando por decreto.
Merece la pena comparar con el mecanismo español, porque ahí se ve la diferencia de diseño. El decreto-ley del artículo 86 de la Constitución obliga a las Cortes a pronunciarse expresamente en un plazo de 30 días: o se convalida, o decae. En Argentina, el rechazo del Senado en marzo de 2024 no bastó para tumbar el megadecreto, que siguió en vigor hasta la sentencia. La diferencia no es de doctrina, es de reloj.
Queda la pregunta de fondo. El Ejecutivo argentino puede presentar aclaratorias y las causas sobre otros artículos seguirán su curso; la doctrina del fallo podría alcanzar capítulos laborales, comerciales o de alquileres. Para las empresas españolas el mensaje es nítido: la seguridad jurídica argentina gana un punto, pero se mide en años, no en semanas. Conviene seguir el expediente.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La Corte Suprema de Argentina declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei, los que eliminaban el control estatal sobre las cuotas de las prepagas.
- Datos importantes: Es el fallo número 18 sobre más de 970 decretos firmados desde 1994, con una mediana de 48 meses entre la firma y la invalidación. El Senado había rechazado la norma en marzo de 2024.
- Resumen: El fallo refuerza el control sobre el decreto y mejora, con matices, la percepción de seguridad jurídica que condiciona la inversión española en Argentina.

