Un juez de Misuri aprueba el acuerdo de 7.000 millones de Bayer por el Roundup: pagará en 20 años

Bayer niega cualquier responsabilidad y abonará algo menos de 350 millones de dólares al año hasta 2046. La decisión llega meses después de que el Tribunal Supremo limitara la vía de los tribunales estatales, mientras la UE mantiene el glifosato autorizado hasta 2033.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El juez Timothy Boyer, del circuito judicial de Misuri, homologa un acuerdo de 7.000 millones de dólares que Bayer pagará a miles de demandantes por el herbicida Roundup en 20 años.
  • ¿Quién está detrás? La química alemana, que niega responsabilidad y ya cambió la fórmula para clientes domésticos, heredó el litigio con la compra de Monsanto. Meses antes, el Tribunal Supremo cerró una vía de reclamación.
  • ¿Qué impacto tiene? Alivia la caja sin cerrar el frente regulatorio: el glifosato está autorizado en la UE hasta diciembre de 2033, con el olivar y el viñedo españoles en el punto de mira.

El acuerdo Bayer Roundup ya tiene sello judicial: 7.000 millones de dólares y veinte años de pagos. El juez Timothy Boyer, del circuito judicial de Misuri, homologó este viernes la compensación con la que la compañía alemana cierra miles de reclamaciones de particulares que sostienen que el herbicida les provocó un linfoma no Hodgkin, un cáncer del sistema linfático.

La cifra no es una multa ni una condena firme: es lo que la empresa ha aceptado poner sobre la mesa para dejar atrás los procedimientos. Bayer niega la relación causal entre el Roundup y la enfermedad y no admite responsabilidad en ningún tramo del acuerdo. Ningún juez ha declarado culpable a la compañía.

Qué ha homologado exactamente el juez Boyer en Misuri

El auto convierte los 7.000 millones en un calendario de 20 años, lo que transforma la sentencia en una hipoteca contable más que en un desembolso inmediato. Para una compañía que ronda los 45.000 millones de euros de facturación anual, eso equivale a algo menos de 350 millones de dólares al año. Una sangría asumible, pero sin fecha de caducidad.

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La empresa, muy implantada entre los agricultores estadounidenses, ya ha modificado la fórmula del Roundup que vende a clientes domésticos, lo que en la práctica reduce su exposición futura en el segmento donde los jurados han sido más generosos. En sus propios términos, la compañía presenta el pacto como un alivio financiero de cara a los litigios que siguen abiertos.

Del Tribunal Supremo al glifosato europeo: el mapa legal se estrecha

glifosato UE

El calendario judicial pesa tanto como la cifra. El acuerdo llega meses después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminara que los demandantes no pueden utilizar los tribunales estatales para reclamar por la ausencia de advertencias sobre el cáncer cuando la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) no las exige. Es la doctrina de la preemption: cuando el regulador federal ha fijado posición, el criterio estatal cede.

Bayer no compró un herbicida en 2018: compró una cartera química y, de paso, una libreta de litigios que ahora paga a plazos.

La EPA mantiene que el glifosato no es cancerígeno cuando se usa conforme a la etiqueta. Ese anclaje regulatorio ha sostenido a la empresa en Washington y, a la vez, ha encarecido cada derrota en los tribunales estatales, donde los jurados responden con con otro tipo de pruebas: correos internos, estudios epidemiológicos sobre trabajadores agrícolas y dos décadas de documentos.

En Europa el reloj va por otro lado. La Comisión Europea renovó la autorización del glifosato en noviembre de 2023 por diez años, hasta diciembre de 2033, después de una iniciativa ciudadana que reunió más de un millón de firmas. España figura entre los países de la UE con mayor volumen de uso de herbicidas, y buena parte de ese consumo se concentra en el olivar, el viñedo, los cítricos y el cereal, donde el glifosato resuelve el control de malas hierbas en las líneas de cultivo.

La lectura para las empresas españolas es doble. Por un lado, Bayer CropScience mantiene en España actividad comercial y de investigación, de modo que cualquier revisión del glifosato toca directamente su catálogo. Por otro, la directiva europea de acciones representativas, aplicable desde 2023, permite demandas colectivas impulsadas por entidades habilitadas: el mecanismo que multiplicó el coste del litigio en EE. UU. ya existe en el ordenamiento comunitario.

La Lógica de Washington

Estados Unidos no diseñó este sistema por descuido. Lo heredó. Desde los años setenta, el país optó por canalizar los conflictos de riesgo sanitario a través del litigio privado —abogados que cobran a éxito, jurados locales, descubrimiento de documentos— antes que por un fondo federal de compensación que el Congreso ha rechazado crear una y otra vez. El precedente más cercano es el acuerdo marco de la industria tabacalera de 1998: 206.000 millones de dólares a repartir en 25 años, sin admisión de culpa y con la ciencia en el centro de la batalla.

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Lo que observamos es que Bayer aplica ese mismo manual con una diferencia de partida. La tabacalera negoció desde la posición de quien controlaba su mercado; la alemana lo hace con la resaca de la compra de Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares, una operación que le entregó el mayor negocio mundial de semillas y herbicidas y, con él, un pasivo judicial que nadie supo valorar entonces. El pago a plazos es también una forma de ganar tiempo regulatorio.

La incógnita no es el dinero, es el perímetro. Si la doctrina del Tribunal Supremo reduce el universo de demandas futuras, estos 7.000 millones serán el último tramo grande. Si solo cambia el tribunal competente, el goteo se extenderá hasta 2046, cuando venza el último plazo. Para el campo español la variable decisiva no es el cheque de Misuri, sino la fecha de 2033: la revisión europea abrirá entonces una negociación en la que Bruselas y Madrid volverán a mirar el expediente estadounidense, con los despachos especializados en demandas colectivas usando ya ese caso como manual de instrucciones.

Ficha del Caso

  • El caso: el juez Timothy Boyer, de Misuri, homologa el acuerdo con el que Bayer cierra miles de demandas de usuarios del Roundup que le atribuían un linfoma no Hodgkin.
  • Datos clave: 7.000 millones en 20 años, unos 350 millones anuales; sin admisión de responsabilidad; fórmula doméstica ya modificada.
  • Para España: sin impacto directo en la caja, pero con dos frentes abiertos: la actividad de Bayer CropScience y la revisión europea del glifosato, autorizado hasta 2033.
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